POR KATERIN CHUMIL
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La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo revocó la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez que decretó falta de mérito en favor de Frank Manuel Trujillo Aldana por el Caso “Aceros de Guatemala”. Como consecuencia, se ordena al contralor procesar al abogado por los delitos asociación ilícita, colusión y cohecho activo.
Frank Trujillo, quien fungió como abogado de la empresa Aceros de Guatemala, sociedad que está involucrada en un caso de defraudación tributaria, será ligado a proceso por orden de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo.
El tribunal de apelaciones aceptó una impugnación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y revocó la decisión del juez de Primera Instancia que dejó en libertad al sindicado.
Según el MP, el abogado de Aceros de Guatemala pertenecía a la estructura externa que participó activamente en el proceso para liberar a la empresa de tres querellas en su contra y además limpiar su récord ante la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar la devolución de un crédito fiscal por Q11.8 millones.
David Pineda, abogado de Trujillo, señaló que no ha sido notificado de esta resolución, pero aseguró que la misma carece de validez, ya que la competencia de los órganos de Mayor Riesgo para conocer el caso está en duda.
Aceptan inhibición de Gálvez
Además, la sala de apelaciones aceptó la inhibitoria presentada por el juez Gálvez en el Caso Aceros de Guatemala. De esta forma, el togado queda separado de la causa y el expediente será trasladado al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ésta decida a qué órgano jurisdiccional corresponde su conocimiento.
El juez solicitó separarse del caso debido a que existían dudas de los abogados defensores sobre su competencia para conocerlo, ya que la Fiscalía nunca pidió formalmente que el caso fuera trasladado a un órgano de Mayor Riesgo.
Gálvez explicó que, si bien la investigación del proceso se derivó de las pesquisas del Caso “La Línea”, los dos expedientes diferentes.
La inhibitoria de Gálvez fue impugnada por el Ministerio Público y la CICIG debido a que consideraron que el juez no se apegó a los procedimientos establecidos en ley; sin embargo, la sala avaló la argumentación del togado y rechazó el recurso.
Mientras la Corte no resuelva qué juzgado debe continuar a cargo del caso, el proceso penal permanecerá estancado, a la espera de la etapa intermedia contra los procesados.
