POR MARIELA CASTAÑÓN
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La empresa de seguridad privada Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala, S.A. (Visegua), se desligó de los tres policías que ayer fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC), sindicados de trasladar armas de fuego para miembros del Barrio 18. Los guardias se movilizaban en un vehículo de la empresa, y entre las armas que entregarían destaca una escopeta de Visegua.

Denis Paredes, representante legal de Visegua dijo a La Hora que los agentes habrían incurrido en este delito por “cuenta propia” y habrían usado los recursos de la empresa para cometer estos actos.

Según el entrevistado todo empezó cuando Erick Augusto Sermeño Reyes, quien estaba de descanso, llamó al piloto de la patrulla Víctor Hugo Mateo García, quien era acompañado del guardia Santiago Chuc Choc para que se movilizaran para recoger una encomienda.

Mateo y Chuc estaban laborando en las zonas 11 y 10, supuestamente sin autorización de la empresa, y sin reportar el movimiento llegaron a la colonia La Florida, en la zona 19 y posteriormente a Villa Nueva donde recogieron una caja que en su interior tenía las armas.

“En conclusión, ellos usaron los recursos de la empresa para cometer actos completamente ilícitos a título personal, a cambio de alguna prebenda de parte del crimen organizado. Ellos no tenían ninguna autorización para moverse a La Florida y El Mezquital, su sector es la zona 11, límite centro comercial donde está Majadas, hacía el límite donde está el centro comercial La Pradera”, afirmó Paredes.

CARRO Y ARMA SON DE VISEGUA

El entrevistado no negó que el carro y la escopeta pertenecieran a Visegua, por lo que reiteró que los recursos fueron usados por los agentes privados.

La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) confirmó que la escopeta pertenece a Visegua y está registrada en Digessp y en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

Por otro lado, el representante legal dijo sentirse sorprendido porque a los tres guardias se les otorgó una medida sustitutiva. Los detenidos pagaron entre Q3 mil y Q7 mil como fianza para recuperar su libertad.

Según Paredes, la empresa no los representó legalmente porque actuaron fuera del ámbito laboral.

En tanto, la Subdirección de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizan una investigación de este hecho.

EJÉRCITO TRASLADÓ INFORMACIÓN A MP

La Hora intentó obtener información de las armas incautadas ayer, las cuales quedaron almacenadas en la Digecam, pero en el Ejército se informó que esa información únicamente pueden trasladarla al Ministerio Público (MP).

“Las armas incautadas quedan en calidad de depósito en la Digecam para su resguardo y custodia mediante una orden de juez competente. Serán las entidades investigadoras las que determinen la procedencia de las armas”, argumentó Karen Pérez, portavoz del Ejército.

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