Por Redacción La Hora
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A su ingreso esta mañana a la Torre de Tribunales, el expresidente Otto Pérez manifestó a periodistas que en el caso TCQ no firmó nada y que esa potestad le correspondía al interventor “y no al presidente”, en referencia al negocio anómalo entre la Terminal de Contenedores Quetzal y el Estado, develado por el Ministerio Público y la Cicig.
Pérez indicó que cree que lo están sindicando en este caso porque el de la estructura “La Línea” no estaba progresando, era débil y “se iba a caer”.
El exmandatario también negó conocer a Jonathan Chévez, quien según el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fue la persona encargada de lavar US$12 millones de dólares entregados a Pérez, Baldetti y el resto de la estructura, en concepto de sobornos, por medio de sus empresas.
Nueve de los 14 sindicados en el caso se presentaron al juzgado B de Mayor Riesgo para la audiencia de primera declaración. Los demás aún no han sido capturados y en el caso del exinterventor Allan Marroquín, aún no se ha puesto a disposición de las autoridades guatemaltecas.
La exvicepresidenta también se hizo presente en Tribunales, con un nuevo defensor, Fernando Guerra, luego de que Mario Cano declinara a seguir defendiéndola.
EL CONTRATO
Según las investigaciones, en enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual estaba integrado por Pérez Molina e Baldetti Elías, como líderes de la estructura, quienes se aliaron con otras personas con el fin de obtener beneficios económicos a raíz de la ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ, a quien se le cedería una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
Pérez designó en 2012 como «operador» de Puerto Quetzal -y enlace suyo- al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, persona allegada a él, ya que voló helicópteros en los desplazamientos realizados como candidato a la Presidencia de la República, en época de campaña.
En los primeros días del gobierno del Partido Patriota Pérez Molina atendió la recomendación de Lozano Bauer, de designar como interventor de la EPQ al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, nombramiento que efectuó el 24 de enero de 2012.
Asimismo por recomendación de la exvicepresidenta el 9 de marzo de 2012 se nombró a Julio Rolando Sandoval Cano como subinterventor y representante legal de EPQ.
Tras negociaciones con representantes de TCQ, se acordó el pago de una comisión de dinero en efectivo que se tendría que pagar antes de octubre de 2015. Según el cuadro de detalles de los negociadores españoles sobre los pagos, del pago de US$30 millones, US$24.5 millones irían destinados al socio local, US$5 millones para “argentinos” y US$0.5 millones para gastos.
De acuerdo con el MP y la Cicig, Pérez Molina utilizó la calidad de su cargo como Presidente dpara facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación.
SINDICADOS
Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Lázaro Nóe Reyes Mata: enriquecimiento ilícito.
Julio César Zamora Álvarez: enriquecimiento ilícito.
Julio Norberto Esquivel Orellana: enriquecimiento ilícito.
Juan José Suárez Messeguer: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
Jhonatan Harry Chévez: asociación ilícita y lavado de dinero.
Mario Ruano San José: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
José Luna Argueta: cohecho pasivo.
Otto Fernando Pérez Molina: asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
Roxana Baldetti Elías: asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
