POR VIRGINIA CONTRERAS
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Analistas consideran que los hallazgos de corrupción hacen “indefendible” el contrato anómalo de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que dejó en evidencia entramado de sobornos y tráfico de influencias con la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Estas opiniones se dieron luego de que, pese a que el pasado viernes la empresa operadora de TCQ se vio envuelta en acusaciones de sobornos por más de US$24 millones para operar, algunos representantes del sector productivo del país manifestaron que esto no debería ser un paliativo para que la misma deje de funcionar, ya que devendría en un impacto negativo en la operación técnica del puerto.
Mientras, otros indicaban que el país perdería su competitividad, o que se podrían dar malas relaciones entre el Gobierno de España y Guatemala.
Al respecto, el abogado Carlos Molina Mencos dijo que el contrato es “indefendible” derivado de que existen ilegalidades, por las que se debe solicitar la anulación inmediata del negocio.
Además explicó que en menos de tres meses se echó a andar todo el proyecto, lo que hace creer que fue obvio que se hizo para favorecer a la empresa y derivado de ello fue violando las leyes del país.
También, indicó que un aspecto fundamental en este caso, es que el contrato de TCQ se hizo con la figura de usufructo, cuando realmente se trató de una concesión.
“El pecado no es solo de una empresa privada, sino del Estado y de las autoridades de Puerto Quetzal”, dijo y añadió “fue otorgado contra derecho, es anulable y lo que procede es buscarle nulidad a ese contrato, así como la deducción de responsabilidades a quienes lo hicieron”.
El analista Renzo Rosal señaló que los argumentos que avalan el contrato están fuera de lugar en este momento, puesto que considera que está claro que lo que se puso en evidencia el viernes, amerita que a la brevedad el Gobierno debe declarar lesividad del mismo.
En tanto, Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, manifestó que España debe entender que su empresa privada cometió actos de corrupción y por lo tanto “no hay nada que defender”.
“Este contrato es nulo y el Estado no debe de permitirlo”, explicó y agregó que este asunto se encuentra demandado por el partido Encuentro por Guatemala desde hace dos años, por lo que a su criterio esa demanda es la que debe continuar su curso.
Aunque el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) señaló que Guatemala “necesita urgentemente una mejor infraestructura para su competitividad”, condenó los hechos en el Caso de TCQ.
“Antes de cualquier razonamiento de competitividad debe cumplirse la ley”, afirmó José González-Campo, presidente de CACIF, en un tuit difundido por la organización empresarial.
BANCO MUNDIAL RESPONDE
El Banco Mundial emitió un comunicado luego de que se cuestionara que el International Finance Corporation (IFC), brazo de inversión privado, financiara el proyecto TCQ.
“Consideramos las acusaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) muy seriamente y estamos siguiendo de cerca los procesos de las autoridades en Guatemala. IFC no tolera la corrupción en nuestros proyectos. Nuestras empresas clientes deben cumplir con altos estándares internacionales. Requerimos de nuestros clientes que cumplan con la ley”, señala el comunicado
En 2014 y 2015, IFC otorgó un crédito por US$61.3 millones a TCQ, así como una inversión de capital adicional de US$7.7 millones por una participación accionaria del 15 por ciento”,
