POR CLAUDIA PALACIOS
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La urgencia de las reformas al sector justicia es indiscutible, pues la impunidad ha permitido que el Estado se convierta en la caja chica de muchos, mientras la población sufre el flagelo de la violencia; sin embargo, para que estas reformas sean efectivas también se necesitan cambios profundos en los sistemas político, económico y social, consideran expertos, quienes analizaron las necesidades del país en cada una de estas áreas.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han reiterado la importancia de las reformas al sector justicia desde el gobierno de Otto Pérez Molina, quien bloqueó los intentos de conformar un diálogo nacional al respecto y que ahora enfrenta proceso penal por el caso de defraudación aduanera «La Línea».
El pasado fin de semana, con el apoyo del presidente Jimmy Morales, se anunció el Diálogo Nacional: «Hacia la reforma de la justicia en Guatemala», que será dirigido por la fiscal general, Thelma Aldana; el comisionado, Iván Velásquez; el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas; el presidente del Congreso, Mario Taracena, y el procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque.
El diálogo incluye temas como cambios a la selección de jueces y magistrados, para asegurar la elección de operadores de justicia independientes y capaces; también contempla la creación de una carrera judicial, la protección de la independencia judicial, la implementación del pluralismo jurídico, y las reformas a las leyes de amparo y antejuicio.
Oswaldo Samayoa, experto en justicia y seguridad, señaló que el fortalecimiento del sector justicia es una tarea pendiente desde los Acuerdos de Paz y que, en la medida que los cambios logrados sean lo suficientemente profundos, el país tiene una esperanza de mejorar sus niveles de impunidad y de lograr proteger los derechos de sus ciudadanos.
Pero a criterio de Samayoa, para que esta última aseveración sea realidad, será necesario implementar otras reformas en paralelo.
«Hay tres reformas en paralelo: una reforma al sistema económico del país, que asusta a muchos porque todavía vivimos en la Guerra Fría, pero que lo que debería de buscar es un modelo más humano. Luego, una reforma al sistema político, que permita una verdadera democracia y no una ‘partidocracia’, como actualmente sucede; y, finalmente, una reforma al sector justicia, para que cualquier deficiencia de los otros dos sistemas, pueda ser controlado por el sistema de justicia», explicó.
SIN RECURSOS, NO HABRÁN CAMBIOS
El economista Carlos Martínez considera que una de las reformas más urgentes al sector económico es la reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). «La administración tributaria está sumamente deteriorada, incluso tiene un pobre rendimiento en cuanto a recaudación de impuestos, y esto no es solamente un tema operativo, sino también legal, y es clave porque de otra forma el Estado seguirá siendo débil e incapaz de financiar las demandas más básicas como salud y educación, que es lo que hemos estado viendo últimamente», indicó.
A criterio de Martínez, otro tema que es imprescindible trabajar es el fortalecimiento del sistema de compras y contrataciones, para asegurar el uso adecuado de los recursos que ingresan al Estado. El año pasado, el Congreso aprobó las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones, pero aún falta su implementación y el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas, entidad encargada de supervisar que se cumplan los procedimientos estipulados en ella.
En general, señala el entrevistado, es necesario fortalecer el aparato contra la corrupción, es decir, dar capacidad a las entidades encargadas de la fiscalización de los recursos públicos y crear mecanismos de transparencia eficaces.
En tercer lugar, el economista señala que es de igual importancia el reformar la Ley del Servicio Civil. «El Estado cumple una gran función en materia económica como regulador, como estimulador del gasto público, como creador de infraestructura, es decir, como prestador de servicios. Pero ninguna de estas funciones se puede cumplir si no tiene un servicio civil sólido, que obligue a las instituciones a crear estabilidad y a contratar empleados bajo criterios de ‘meritocracia’, no a criterios de clientelismo político», dijo.
Con estas reformas aseguradas, el último tema a discutir es un pacto fiscal que realmente considere todas las necesidades del país y el tipo de país que queremos construir, señaló Martínez.
AL FINAL, TODO QUEDA EN MANOS DEL CONGRESO
Renzo Rosal, experto en política de la Universidad Rafael Landívar, la experiencia histórica de Guatemala apunta a que estamos en un momento decisivo para reformar el país en profundidad y a todo nivel.
«Y por supuesto, en paralelo a las reformas del sector justicia, es necesario una reforma al sistema político, y ahí el tema de punta de lanza es la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos», explicó Rosal.
«El problema es que con las reformas que se están discutiendo actualmente en el Congreso, no se logra dar la vuelta al sistema político, todavía es necesario tratar otras reformas y cambiar otros cuerpos legales. Podemos reformar la Ley Electoral pero el cambio tendrá patas cortas y habrá inestabilidad», indicó el politólogo.
Además, los expertos advierten que no solo deben impulsarse reformas, sino que estas deben ser lo suficientemente profundas para lograr un cambio real.
En ese sentido, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mario Guerra Roldán, considera que la propuesta de reformas a la Ley Electoral, avalada en buena medida por la Corte de Constitucionalidad, deja abiertas las puertas para que empresas contratistas del Estado financien las campañas de los partidos políticos, entre otros aspectos vitales. Esto, a criterio de analistas consultados, dificultará la verdadera democratización de la política y no responderá a las demandas ciudadanas que piden una renovación del sistema.
Entre algunos aspectos que quedaron fuera de la propuesta que discute el Congreso se encuentran la elección uninominal de diputados, la eliminación de la reelección indefinida de legisladores, la apertura a la participación de comités cívicos en la presentación de candidaturas para diputaciones y los controles de los aportes privados para los partidos políticos.
A esta superficialidad de la iniciativa, se suman las modificaciones y los artículos que han eliminado los diputados en el proceso de aprobación de las reformas.
A criterio de Guerra Roldán, para conseguir un verdadero cambio del sistema político es necesario hacer reformas en su totalidad, porque en la actualidad los cambios a la Ley Electoral solo contemplan «remiendos».
LA REFORMA INVISIBILIZADA, LA REFORMA SOCIAL
Adrián Zapata, ex secretario Ejecutivo del Gabinete de Desarrollo Rural, destacó la importancia de impulsar, con el mismo ímpetu de las reformas al sector justicia y al sistema político, las reformas en el sector social.
«Parece que la coyuntura se ha comido todo, parece que toda la problemática del país solo tiene que ver con corrupción o solo política, pero en Guatemala, los problemas fundamentales no giran solo en torno a esto, sino que hay problemas estructurales históricos que no se pueden invisibilizar», explicó el politólogo y economista.
De acuerdo con Zapata, en el Congreso hay por lo menos dos iniciativas de Ley que se están discutiendo y que son fundamentales para abordar los problemas estructurales que tienen que ver con pobreza, desarrollo y exclusión. Una de ellas es la iniciativa de ley de desarrollo rural y la otra es la propuesta de ley de aguas.
Una ley de desarrollo rural es imprescindible, indica Zapata. «Las últimas encuestas de condiciones de vida han demostrado la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las familias rurales. Imagine que si hablamos de pobreza, el área rural tiene dos veces los niveles de pobreza del área urbana, y si hablamos de pobreza extrema, en el área rural hay hasta tres veces los niveles que en la ciudad», expuso.
Este tema toma relevancia, señala zapata, cuando se comprende que en el área rural vive más del 50 por ciento de la población. «Y con esos niveles de pobreza, de exclusión, de desigualdad social creciente, ¿cómo se va a hablar de un país con paz social y democracia? Es necesario que el Estado priorice el desarrollo de las comunidades rurales del país porque de otra forma no se superarán todas las demás deficiencias», apuntó.
En cuanto a una ley de aguas, el entrevistado destacó el abuso y sobreexplotación de este recurso que es vital para la vida humana. «Han habido algunas manifestaciones del dramatismo de esta situación, como el desvío de ríos y el acaparamiento de las fuentes de agua, que ya afectan a los lugares más vulnerables y que terminarán por afectarnos a todos. Entonces, tiene que haber una iniciativa que asegure el carácter público del agua», indicó.
Zapata reiteró que es importante cambiar el sistema supraestructural en el país, pero que también es urgente cambiar las condiciones infraestructurales. «Porque lo que preocupa a la población en primera instancia es la subsistencia», concluyó.
