POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt
Justo hace un año empezó la desarticulación de la estructura de defraudación conocida como La Línea, que derivó en la caída del gobierno del Partido Patriota y el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. A pesar de los logros obtenidos con esta causa, que movilizó miles de guatemaltecos cansados de las autoridades, el sistema político, financiero y social que propician la corrupción siguen intactos.
El trabajo conjunto del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) consiguieron cambiar el rumbo de la historia de Guatemala con la desarticulación de La Línea, que hasta ahora es la estructura de defraudación tributaria más grande que se haya conocido públicamente.
Al principio parecía un caso de corrupción que implicaba a las altas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero con el paso del tiempo también salpicaron al entonces presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, lo que motivó un clima de indignación ciudadana.
Hace un año ya de esos sucesos que derivaron en la persecución penal de las altas autoridades de Gobierno y pusieron en evidencia los problemas en el sistema político, financiero y social de Guatemala. Aunque la situación generó indignación y organización social, considerados como logros de largo plazo, los problemas del Estado siguen intactos, y ese es un motivo de preocupación para varios grupos.
Analistas plantean sus análisis en torno al caso La Línea, delineando los logros alcanzados por la ciudadanía, pero dejando en evidencia los grandes retos que tienen por delante los guatemaltecos para cambiar las reglas del sistema.
LA CORRUPCIÓN: UN PROBLEMA DE RAÍZ
El abogado Ramón Cadena, opinó que el caso “La Línea” resulta ser paradigmático porque alcanzó a funcionarios de alto nivel, incluyendo al entonces Presidente y la Vicepresidenta, pero sobre todo porque puso en evidencia que la corrupción es un problema enraizado en el Estado guatemalteco.
A criterio del letrado, es importante que los guatemaltecos tengan claridad en las implicaciones de la corrupción en todos los aspectos de su vida, porque se trata de un flagelo con consecuencias incuantificables, y además, ve necesario que se demande que se haga justicia en este y otros casos relacionados con actuaciones corruptas.
Sobre el proceso penal de La Línea, Cadena comentó que si bien ya se inició una causa por defraudación, ahora habría que esperar tener éxito en los procesos judiciales. “El sistema guatemalteco es lento, pero no es responsabilidad del juez a cargo del caso; hay una serie de procedimientos que en estos casos van alargando la decisión final, todo se va atrasando, contrariando al principio de celeridad, que es de los más difíciles de lograr llevar a la práctica”, indicó.
Cadena refirió que el reto es que se haga justicia con rapidez, pues “el litigio malicioso está muy arraigado en Guatemala”, y en ocasiones son los mismos jueces quienes lo permiten, por lo que se hacen necesarias reformas para lograr celeridad en los procesos.
“Creo que este es un problema que muchas veces rebasa lo jurídico y más que todo depende de la voluntad política de las autoridades para hacer una verdadera depuración. De lo contrario, el caso de La Línea apenas estará saliendo a luz superficialmente y ya las estructuras se estarán reorganizando. Le corresponde al Estado al más alto nivel, buscar combatir el flagelo de la corrupción, no solo por lo jurídico y judicial, sino por medio de políticas y de otras acciones”, puntualizó.
Además reiteró que son necesarios los procesos de depuración en las instituciones del Estado, porque de esa manera es que las organizaciones criminales se reforman. “Urge una depuración no solo judicial, sino urge impulsar ordenar un mecanismo de depuración institucional a todo nivel, en el Ejecutivo, en el Legislativo y Organismo Judicial”, señaló.
“La lucha debe ser permanente y no debe de centrarse únicamente en el ámbito judicial, es necesario llevarla a todos los campos del Estado”, agregó.
El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, coincide en que la corrupción está arraigada en el país, y que no tiene que ver solamente con lo ocurrido en abril del año pasado con “La Línea”.
“-La corrupción- es algo que tendrá sus veinte, treinta años o más de estar incrustado en las esferas del país. No solo en el Estado, porque hay corruptos y corruptores. Sin embargo la historia política social del país dirá si habrá un antes y un después del 16 de abril”, comentó.
“Lo que esperamos es que se dé la construcción de un país en donde haya menos impunidad, menos corrupción y más confianza”, añadió el empresario.
Por otro lado, el entrevistado reconoció que los cambios profundos que se esperan en el Estado aún no se han dado, pero que requieren tiempo para poder adecuarse. “De igual forma eso no se va a cambiar en 90 días, en 100 días; creo que ni siquiera en cuatro años. Podemos ir avanzando porque es un proceso de largo plazo en donde hay que recuperar cierta fortaleza en las instituciones”.
DEFRAUDACIÓN, LEJOS DE DESAPARECER
Gladys Monterroso, experta en el ámbito tributario, dice qué enseñanza que dejó la “Línea”, es que demostró que este tipo de corrupción no es nuevo, pues en el país siempre ha existido el contrabando o defraudación aduanera.
“El Caso Moreno fue uno que también fue muy comentado en los medios de comunicación porque se descubrió todo lo que estaban defraudando, siempre en el tema de aduanas”, comentó.
El segundo plano de esta estructura, añadió la experta, lo constituyen los empresarios que no pagaron lo que correspondía en el sistema tributario y señaló que “aún no se han dado a conocer los nombres de una gran cantidad de importadores que defraudaron a la institución tributaria declarando menos y pagando menos impuestos de lo que correspondía”.
Este tipo de corrupción, en lugar de disminuir ha ido en aumento, y en parte se debe a esa discrecionalidad que manejan funcionarios, expuso Monterroso y por otro lado señaló que un error en el sistema tributario es que el mismo manual de procedimientos se utiliza para el comercio por vía aérea y terrestre, aunque “no son iguales en cantidad, en calidad y valor”.
Comentó que es necesario revisar el manual de procedimientos y verificar las falencias que posee sobre cómo se manejan las importaciones en el país, “el problema es histórico, no nació con el gobierno pasado, viene desde siempre”.
La experta considera que a manera que las importaciones han crecido, también la defraudación yo una muestra de ello es que los ingresos tributarios no son.
El caso La Línea también representó el camino para que la población exigiera los cambios profundos del sistema necesarios para reformar al país, sin embargo hasta el momento eso no ha sucedido.
EL SISTEMA SIGUE INTACTO
Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), expresó que el proceso judicial que actualmente se desarrolla por el caso La Línea ha dejado muchas lecciones.
Una de las enseñanzas es que con mecanismos idóneos, es posible que se realice una persecución penal efectiva que deja un mensaje a la sociedad guatemalteca de intolerancia a la corrupción.
“Nos va permitiendo identificar que sin importar el lugar o la posición que se tenga en esta sociedad, puede darse una persecución penal contra los corruptos, inclusive puede llegar a sufrir cárcel por uno de estos hechos”, señaló.
Sin embargo, Santos señala que el principal problema es que el sistema sigue intacto, es decir, que las condiciones que las condiciones políticas, financieras y sociales no cambiaron desde hace un año, y persisten los vicios de la corrupción y la impunidad en el Estado.
A criterio del analista, eso se refleja en que se haya elegido “más de lo mismo”, en una clara referencia a que las elecciones realizadas a finales del año pasado hayan contado con una importante participación de políticos cuestionables.
“Hoy efectivamente no hay reforma al sistema político; se dio una reforma que no era lo que la ciudadanía estaba exigiendo. Hoy se han hecho retroceder importantes leyes como la ley de contrataciones del Estado. Esto nos demuestra es que no es suficiente la construcción de un referente social, que nos permita estar en permanente movilización, lo cual es positivo, porque también se necesitan cambios profundos”, indicó.
LA CIUDADANÍA Y SU ROL PROTAGÓNICO
Uno de los efectos más visibles del caso La Línea fue el despertar de la ciudadanía, que hace un año salió a las calles para manifestar su descontento contra los gobernantes de turno y a exigir justicia.
Álvaro Montenegro, del movimiento #JusticiaYa, considera que la ciudadanía tiene ahora un rol más protagónico de incidencia en el Estado, y cree que se debe en buena medida a la articulación de grupos organizador.
Ahora la población se constituye como un poder de incidencia, dice Montenegro, y estima que hay una evolución importante en ese sentido, de manera que “ya se están organizando talleres de formación política” para la ciudadanía.
Montenegro destacó que ahora lo que debe hacerse es mantener una comunicación unificada, y que se emplee un discurso que motive cambios reales y profundos en el Estado.
Alma Aguilar, de la Red Nacional por la Integridad, generó un alto nivel de indignación ciudadana que provocó que surgieran diversos colectivos ciudadanos.
“Para poder contrarrestar los niveles de corrupción una de las alternativas es la organización; han surgido una serie de nuevas organizaciones y colectivos pero sobretodo se ha trabajado en función de establecer una agenda mínima, que permita desde la participación ciudadana para poder impulsar temáticas para ir haciendo cambios significativos en el sistema”, dijo.
La entrevistada aseveró que se debe reconocer que los problemas estructurales que se tienen en el país no se van a solventar en un tiempo tan corto como en un año. “Sin embargo reconocer la posibilidad de estos problemas estructurales ha permitido establecer una alianza o priorización sobre algunos temas que hay que abordar, y es mejor hacerlo de manera colectiva. Hay que hablar del fortalecimiento del sistema de justicia y la necesidad de hacer reformas importantes y estructurales”.
EL PROCESO
El caso “La Línea”, fue suspendido en la etapa intermedia por el juez Miguel Ángel Gálvez, debido a dos recursos legales que deben ser resueltos para poder continuar.
Una de las acciones fue interpuesta por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que busca revocar el fallo que los separó del proceso.
Asimismo a esta audiencia no se presentó el colaborador eficaz Estuardo González, alias Eco, y Juan Carlos Monzón que aun busca sumarse como un segundo implicado que declararía como colaborador eficaz.
Previo al inicio de la audiencia, Moisés Galindo, abogado del expresidente Otto Pérez Molina, repartió un folleto a los comunicadores asistentes. El mismo contenía información de la acusación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en contra del exmandatario, así como una “carta de abogados defensores”, en donde denuncia un supuesto plan para incriminar a su cliente con la estructura.
