POR REDACCIÓN LA HORA
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) capturaron a casi una decena de personas por su supuesta implicación en el proceso anómalo de usufructo en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para favorecer a la empresa de capital español Transportes de Contenedores Quetzal (TCQ), en una trama que, según la fiscal general, Thelma Aldana, también implica al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes recibieron Q30 millones en sobornos.
El director general de TCQ, Juan José Suárez; el exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez y el exsubinterventor de Puerto Quetzal Julio Sandoval, fueron capturados hoy por su presunta implicación en una trama de corrupción que también derivó en la captura de varios sindicalistas.
Los allanamientos se realizaron en la Ciudad de Guatemala y Escuintla; trascendió que aún hacen falta más capturas pendientes de concretar, incluyendo al exinterventor del Puerto Quetzal, Allan Marroquín, quien se encuentra en Estados Unidos.
Además, se realizaron señalamientos contra Pérez Molina y Baldetti, quienes ya se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en el Caso La Línea.
Los delitos investigados y por los cuales serán procesados todos los miembros de la estructura van desde lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo, enriquecimiento ilícito y fraude.
El ministro de gobernación Francisco Rivas, dijo que se realizaron 9 capturas y 20 órdenes de aprehensión por este caso.
Rivas dijo que otras cinco ordenes de aprehensión fueron giradas para personas que están fuera de Guatemala, y que se ha alertado a la interpol sobre estas detenciones.
Las capturas fueron ordenadas por el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien señaló que este viernes sólo se hará saber el motivo de las capturas.
LA EMPRESA Y EL NEGOCIO TCQ
Durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina se entregó en usufructo por 25 años un área de 348 mil 171 metros cuadrados del Puerto Quetzal a la firma TCQ –subsidiaria de la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona–.
Pese a la oposición de varios sectores a dicho usufructo, el presidente Otto Pérez anunció el Miércoles Santo del 2013 la finalización de la entrega de los terrenos a la empresa española.
En conferencia de prensa la fiscal Thelma Aldana y el comisionado Iván Velázquez explicaron acerca de la forma de operación de la estructura criminal encargada del negocio corrupto.
Según estas declaraciones, desde que fue electo Pérez Molina como presidente se iniciaron las gestiones para lograr el negocio, del cual fueron parte Baldetti, Pérez Molina y el exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, así como el secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón; este último será colaborador eficaz en el Caso La Línea y cooperó para denunciar el usufurcto anómalo en el Caso TCQ.
Los acusadores indicaron que la estructura habría recibido al menos 30 millones de dólares en sobornos por la adjudicación del proyecto.
«A Pérez Molina le fueron entregados 4,2 millones de dólares –cerca de Q30 millones–» en sobornos, dijo Iván Velásquez, titular de CICIG. La misma cantidad habría sido entregada a Baldetti.
LA OPERACIÓN
Aldana dijo que «Desde que fue electo Pérez Molina en noviembre de 2011, de manera pronta iniciaron las gestiones para realizar el proyecto… se concretó entonces un grupo criminal… teniendo a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como líderes de esta estructura», dijo Aldana.
El 24 de enero de 2012, el operador Guillermo Lozano recomendó a Pérez Molina nombrar a Marroquín como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, y posteriormente, por recomendación de Baldetti se nombró a Sandoval como subinterventor de la entidad.
Estos nombramientos fueron importantes para el negocio, dijo la Fiscal General.
Con la autorización del presidente, en los primeros meses de 2012 los operadores se contactaron con los directivos de TCQ y su representante en Guatemala, el español Juan José Suárez.
Luego se empezó a negociar el pago de una comisión para los gestores nacionales y se acordó que éste sería de Q30 millones. Entre los beneficiados por estas comisiones se encontraban el presidente y la exvicepresidenta.
Tras la salida del operador Lozano del negocio, se nombró a Monzón, persona de confianza de Baldetti, como su sustituto; él sería el enlace entre los funcionarios del Ejecutivo y los empresarios de TCQ.
Monzón se reunió con los representantes de TCQ y expresó que existía desacuerdo en cuanto a las acciones, ya que Pérez Molina le había indicado que la comisión fuera pagada en efectivo.
Así fue como se acordó la forma de desembolso del soborno en varios pagos hasta el 2016.
Durante los operativos de allanamiento por el Caso “La Línea”, se encontró uno de los acuerdos pactados y otro de ellos fue entregado por Monzón, quien ahora colabora con el MP.
De las comisiones pactadas se descontó el pago de soborno a sindicalistas y personas de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de Cuentas.
Para conocer los detalles de este caso, el MP y CICIG contaron con el apoyo de Monzón.
UN CONTRATO LESIVO
Luego de un análisis exhaustivo del expediente trasladado por la Contraloría General de Cuentas y las cláusulas del contrato de usufructo, la Procuraduría General de la Nación (PGN), recomendó el año pasado declarar la nulidad de dicho convenio por supuestas anomalías en la autorización del mismo.
Entonces, María Eugenia Villagrán, titular de la PGN, confirmó que envió a la Secretaría General de la Presidencia el análisis de la institución que no difiere mucho de la petición de la Contraloría General de Cuentas, sobre recomendar a Pérez Molina que declarara nulo el usufructo.
Esto, luego de una revisión hecha por el equipo jurídico de la PGN del planteamiento del Contralor Carlos Mencos, en cuanto a pedir la lesividad o la nulidad del contrato y que se lograra constatar entre otras irregularidades, que el usufructo generaría condiciones de monopolio en la actividad portuaria a favor de la empresa filial de TCB.
Villagrán, afirmó que el proceso de negociación de las condiciones contractuales entre TCQ y EPQ lo llevó a cabo el ahora exinterventor de la Portuaria, Allan Marroquín, quien habría irrespetado la Ley de Contrataciones del Estado en la adjudicación de este servicio público, o peor, sin tener las facultades para suscribir el contrato.
ANTEJUICIO CONTRA MAGISTRADO
La Fiscal General también anunció la interposición de un antejuicio en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal Ramos, quien presuntamente ayudó a Monzón a evitar un obstáculo jurídico de la empresa TCQ para obtener una licencia de construcción.
Charchal se habría reunido con Monzón para acordar su elección como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la Fiscal.
VICE: LESIVIDAD ESTÁ «EN ESPERA»
POR KIMBERLY LÓPEZ
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Cuando fungía como presidente, Otto Pérez Molina entregó en usufructo a la Terminal de Contenedores Quetzal, un área de 348 mil 171 metros cuadrados.
El año pasado, al analizar este contrato, la Procuraduría General de la Nación (PGN) lo señaló como lesivo debido a una serie de irregularidades encontradas en su conformación.
Sobre esto, el vicepresidente Jafeth Cabrera dijo que este proceso quedó en suspenso pues no se ha adjudicado el contrato, por lo que la compañía ha hecho la petición al Estado se les reconozca los daños cuando “ellos estaban poniendo las condicionantes de manera inadecuada”, como lo indican los dictámenes de la PGN.
«Estamos de acuerdo con la lesividad del contrato, si esto le hacía un daño al Estado, estamos totalmente de acuerdo con la PGN», dijo el vicemandatario respecto al pronunciamiento de la PGN.
