POR KATERINE CHUMIL
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Un informe del Ministerio de Gobernación revela que en los últimos ocho años se duplicaron las denuncias por agresiones sexuales y violaciones en el país, pasando de 7 mil 898 en 2008 a 16 mil 996 en 2015. Para los expertos este fenómeno puede explicarse debido al machismo imperante en la sociedad, pero también a la impunidad que priva en estos casos, la cual, de acuerdo al Ministerio Público (MP), asciende al 99.52 por ciento en los delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado general a los Estados bajo su jurisdicción para que eliminen las barreras que enfrentan las víctimas de violencia sexual para acceder a la Justicia; sin embargo, en Guatemala la impunidad es la regla.
Datos del MP señalan que en el 2015 se remitieron 13 mil 92 casos de delitos contra la libertad sexual al Organismo Judicial, pero solo se lograron 583 acusaciones, 37 sentencias y 50 resoluciones por vías alternas. Otros 141 casos fueron desestimados por considerarse que no se cometió ningún delito.
Con base en dichas estadísticas y utilizando un sistema de medición desarrollado por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se calculó un nivel de impunidad de 99.52 por ciento en los delitos contra la libertad sexual.
Para Nery Baten, de la Fundación Sobrevivientes, las cifras anteriores revelan falta de interés en las autoridades para combatir la violencia sexual a través de la educación, la prevención y la persecución penal.
De acuerdo con la Fiscalía de la Mujer los casos de violaciones o agresiones sexuales son difíciles de perseguir debido a que en muchas ocasiones las víctimas no denuncian o no dan seguimiento a la denuncia interpuesta. Esto, por miedo a sus agresores, que usualmente son personas conocidas, o de su círculo familiar, pero también por la dificultad de enfrentar y recordar las situaciones que vivieron.
SIN ATENCIÓN MÉDICA
Muchas víctimas ni siquiera reciben atención médica tras ser agredidas, señalan las cifras del Ministerio de Salud, que pese a los más de 16 mil casos reportados por el Ministerio de Gobernación, solo registra 6 mil 161 pacientes por violencia sexual en 2015. Y aunque algunas pudieron recibir atención en centros privados, las autoridades estiman que la mayoría no visitó a un médico.
Miriam Domínguez, de la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explicó que los hospitales públicos deben tener un kit que contenga retrovirales y anticonceptivos para prevenir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual y embarazos no deseados; sin embargo, advirtió que debido a la crisis de insumos que enfrenta el sistema de salud en algunos hospitales estos kits no están completos.
Quienes han sido violentados sexualmente también pueden acceder a atención psicológica inmediata en los hospitales y, de acuerdo con el protocolo del Ministerio de Salud, luego deben ser referidas a los centros de salud más cercanos para recibir un tratamiento, pero tal como sucede con las denuncias del MP, muchas personas desisten de continuar este proceso, señala Domínguez.
DENUNCIA Y PROTECCIÓN
Para facilitar la presentación de denuncias, el MP instaló fiscalías en los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, donde los fiscales asignados toman la declaración de la víctima y realizan ciertas evaluaciones físicas.
Hasta hoy, la falta de presupuesto del ente investigador ha impedido la implementación de más fiscalías en otros centros de salud fuera de la capital, pero según declaraciones públicas de la fiscal general, Thelma Aldana, un objetivo para el futuro es expandir la presencia del MP en todo el país.
En tanto, Nery Baten señala que otro de los principales problemas para la investigación de estos casos es que, aunque el MP se encarga de recoger algunas muestras, son las pruebas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) las que pesan en un juicio, y las mismas tardan un tiempo debido a la saturación de trabajo en la entidad.
“Esto provoca la pérdida de información valiosa para la investigación y también revictimiza a las personas agredidas, ya que deben esperar largos períodos para ser atendidas”, explicó.
Asimismo, una investigadora de la Fiscalía de la Mujer, quien no quiso ser identificada, refirió a La Hora que muchos operadores de justicia, tales como policías o fiscales, presentan prejuicios y patrones de pensamiento machista que impiden una correcta atención a los denunciantes. “Incluso, aquí mismo, hemos escuchado a fiscales de la Mujer preguntar a las víctimas qué hicieron para que las agredieran, las revictimizan”, explicó.
En cuanto a la protección, la agente indica que el MP puede tramitar medidas de seguridad para las víctimas, pero acepta que las condiciones se complican cuando se trata de un familiar o una persona cercana.
LA LARGA ESPERA
El Organismo Judicial enfrenta desde hace varios años una crisis de mora judicial debido a la alta demanda de casos y los escasos recursos para crear nuevos juzgados y contratar más personal.
Esta situación, explica el analista Oswaldo Samayoa, ha provocado que los casos se extiendan por varios años y es un problema que solo se da en los casos de violencia sexual, sino en todos los expedientes en general.
Datos del OJ indican que el año pasado recibió 268 mil 706 expedientes y sólo resolvió 17 mil 255 casos a través de sentencias y 52 mil a través de otras vías; es decir que solo dio resolución al equivalente al 25 por ciento de los casos ingresados.
La prolongación de procesos judiciales afecta a las víctimas y viola su derecho a la justicia pronta y cumplida, señala Samayoa.
UNA HISTORIA DE SILENCIO
María * profesora de educación primaria, de 45 años, fue abusada sexualmente y en reiteradas ocasiones por su único hermano. Según relató a La Hora, estos abusos iniciaron cuando ella apenas tenía 9 años y su hermano tenía 13 años.
Los abusos ocurrieron cuando sus padres viajaban al interior de la República a vender calzado y ropa, y los menores se encontraban solos por las tardes, mientras llegaba la abuela paterna en las noches a cuidar de ellos.
“Yo nunca decidí ir a poner una denuncia en contra de mi hermano por los daños sexuales, psicológicos y físicos que me ocasionó, por el miedo al qué iban a decirme, sería a la que llamarían ‘la violada’ en la familia y además mis papás nunca me iban a creer. En esos años, la atención de las autoridades hacia una mujer víctima de violencia sexual era muy escasa y en las declaraciones que se brindaban eran señaladas de ser ellas las provocantes de su propia situación”, indicó sollozando.
El calvario de María se extendió 17 años, en silencio, temerosa de que sus padres no le creyeran, pues en su hogar siempre se dio más valor a lo que decía su hermano que a lo que tenía que decir ella.
Los abusos se detuvieron hasta que su agresor decidió viajar a los Estados Unidos y no fue sino hasta que se unió a su esposo, años después, que visitó a un médico y a un psicólogo para tratar las consecuencias del abuso del que fue víctima.
Al igual que María, muchas mujeres viven bajo la sombra de un abuso sexual, pero no se atreven a denunciar por desconfianza a las autoridades, por miedo a sus agresores y para evitar el estigma social que podría imponerse sobre ellas.
INSTITUTO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA, UNA ESPERANZA
Con 118 votos a favor, el pasado 3 de marzo, el Congreso aprobó el decreto número 21-2016, por medio del cual se creó el Instituto para la Atención y Protección a Víctimas de Violencia.
La aprobación del decreto es una esperanza las víctimas de violencia en general, ya que pretende dar una respuesta integral por parte del Estado.
El fin principal de la ley es garantizar el goce de los derechos fundamentales de las víctimas y proporcionar los servicios de asesoría jurídica, psicológica y social a las víctimas. Para ello, el Instituto será el encargado de coordinar acciones de protección con instituciones y organizaciones públicas o privadas, según establece la Ley.
*Nombre ficticio.
