POR VIRGINIA CONTRERAS
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De acuerdo con un análisis preliminar del Movimiento Pro Justicia realizado a la Ley de Equipos Terminales Móviles, se evidencian algunas falencias en su aplicación, tal como, recientemente lo diera a conocer el partido político Encuentro por Guatemala (EG). Este destacó que a pesar de que la referida ley tipifica con pena de prisión de 6 a 15 años a quien robe celulares, aún se roban 60 móviles diarios.
Pese a que en octubre de 2013 entró en vigencia el Decreto 8-2013 Ley de Equipos Terminales Móviles y con ella se preveía endurecer las penas para quien sin la autorización debida y con violencia, tomare un equipo terminal móvil sería sancionada con prisión de 6 a quince 15 años, al momento no ha sido del todo funcional.
Esta además busca registrar a los usuarios actuales y futuros; los importadores, vendedores y distribuidores de equipos terminales móviles, así como el registro de los distribuidores y comercializadores para la venta y distribución de tarjetas SIM en el país.
Según EG, datos del Ministerio Público refieren que del 2010 a febrero del 2016 han sido detenidas 2 mil 469 personas por robo de celulares y solo se han ejecutado 29 sentencias.
La diputada Nineth Montenegro del partido político en mención, también detalló que el 90 por ciento de los hechos de violencia que ocurren a diario por extorsiones, muertes o bombas provienen del sistema carcelario y la Ley debería proveer elementos para que esto se evite.
En tal sentido señaló que no se deberían ingresar celulares a los centros carcelarios y que quien lo hiciere cumpla con lo establecido en la legislación.
“No se debe dejar ingresar celulares y quien los deje ingresar, sea esta la autoridad más alta o del más bajo rango debe purgar cárcel de 6 a 12 años. No he visto una sola persona por esta situación y ahora ingresan celulares satelitales”, enfatizó.
ANÁLISIS PRO JUSTICIA
Por su parte, el Movimiento Pro Justicia destacó que la referida Ley se ha cumplido en un 60 por ciento demostrando algunos vacíos.
En la misma línea que lo descrito por EG, manifestó que existe un subregistro e incumplimiento en torno al registro de comercializadores y la inexistencia de controles de ingreso de visitas en el Sistema Penitenciario, lo que hace más fácil el ingreso de celulares y tarjetas SIM a este sector.
Asimismo indicó que según la Fiscalía de delitos contra extorsiones en 2015 se registraron mil 298 denuncias y en 2016 van 199.
Por tal razón, dicha organización y la Superintendencia de Telecomunicaciones crearán un plan tendiente a elevar el cumplimiento de la Ley, ya que este año vence el registro de usuarios.
