POR SAIRA RAMOS
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La Intendencia de Verificación Especial (IVE), solicitó información al Congreso sobre el procedimiento que tuvo la iniciativa Ley del Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, también conocida como Ley Tigo por el posible delito de lavado de dinero.
Las indagaciones se realizan al ponente del proyecto de ley, Valentín Gramajo, que en 2015 participó como candidato a la vicepresidencia por el Partido Patriota (PP), junto a Mario David García, según refiere la documentación que llegó al Legislativo a la cual tuvo acceso La Hora.
También, a los exintegrantes del grupo naranja, Édgar Cristiani, Juan David Alcázar, Édgar Aníbal Ávila, Luis Contreras, Manuel Barquín Durán, así como al exdiputado de Libertad Democrática Renovada (Lider), Jaime Martínez Lohayza y Manuel Villacorta Mirón de Visión con Valores (ViVa).
Además, Julio López Villatoro de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Óscar Chinchilla de Compromiso Renovación y Orden (Creo), y otros congresistas que firmaron la iniciativa de ley que fue aprobada en el pleno del Congreso el 8 de abril del 2014, durante la presidencia de Arístides Crespo.
Las indagaciones de la IVE se dan por el posible delito de lavado de dinero de parte de exdiputados y diputados que llevaron a la discusión y sometieron a votación la Ley de Telecomunicaciones conocida como Ley Tigo, la cual fue declarada como inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC).
LAS INCONGRUENCIAS DE LA LEY TIGO
Después que el Congreso aprobó el Decreto 12-2014, Ley de Telecomunicaciones, se empezó una discusión que terminó con acciones en la CC bajo los argumentos que la normativa contenía deficiencias técnicas, que afectaban a la libre competencia a favor de ciertas empresas.
Además, atentaba contra principios de la Constitución como la seguridad e igualdad jurídica y la propiedad privada; y existían incongruencias de haber pasado la iniciativa de urgencia nacional, por la necesidad de controlar las telecomunicaciones en las cárceles, cuando su aplicación se haría efectiva hasta ocho meses después.
Entre tanto, de los 17 artículos de la Ley para el Control de las Telecomunicaciones en los Centros de Privación de Libertad solo uno de ellos estaba orientado a establecer normas que impidieran el uso de las telecomunicaciones dentro del Sistema Penitenciario.
REGISTRO DE CELULARES
Seis meses antes que los teléfonos que no estén registrados queden inactivos, Karen Cabrera, representante de Claro Guatemala, informó a diputados de Encuentro por Guatemala (EG), que de los casi 10 millones de usuarios de terminales móviles, el 8.5 millones de ellos han registrado sus teléfonos conforme lo establecido en la Ley de Terminales Móviles.
Esa cantidad, representa el 85% de los usuarios.
