Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, informó que el contrato millonario para un servicio de control migratorio con la empresa Security Assistance Group (SAG) está rescindido desde la administración de Mauricio López Bonilla y que recibió instrucciones del presidente Jimmy Morales para tomar las disposiciones que considere necesarias.
Rivas indicó que no han dispuesto iniciar un nuevo concurso pese a un dictamen de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y que pidieron el apoyo del gobierno de Estados Unidos a través de Homeland Security para realizar un diagnóstico sobre un sistema de control migratorio en el país, sobre el cual dispondrán las acciones a realizar.
La PGN emitió un segundo dictamen en febrero pasado en el que recomendó al Ministerio dejar sin efecto la rescisión del contrato.
Estamos claros que el control migratorio es importante y tendremos que realizar un nuevo proceso que estudie la factibilidad de un nuevo sistema y poder construir las bases para adquirirlo, indicó el titular de la cartera del interior.
Rivas explicó que el contrato ya se había cancelado y que se interpuso un recurso de reposición contra esa resolución durante la administración de la ministra Eunice Mendizábal, quien confirmó la rescisión y declaró sin lugar el recurso.
El espacio que le queda a la empresa es iniciar una acción judicial, tiene dictamen de la PGN que se emite bajo circunstancias extrañas porque no se le solicitó opinión en ningún procedimiento e indica que deberá dejarse sin efecto la rescisión, dijo Rivas.
A su criterio la denuncia de parte de la empresa sería la mejor opción para dilucidar la controversia.
El ministro calificó de “extraño” el contrato con la empresa SAG, por US$109 millones de dólares, que se realizó bajo la figura de excepción, con una serie de requisitos que la Contraloría hizo ver que no se cumplieron, habiendo encontrado hallazgos de fondo en el proceso, no de forma, anotó.
