POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt
Establecimientos y escritorios en mal estado, así como ausencia del fondo para la implementación de la gratuidad educativa son algunos de los puntos evidenciados en el Informe Preliminar de Supervisión Nacional a la Política de Gratuidad en el sistema de educación pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
De acuerdo con Abner Paredes, titular de la Defensoría de la Juventud de la PDH, los datos fueron recabados de 415 centros educativos visitados en 113 municipios de 21 departamentos del país, así como de 7 direcciones departamentales.
Asimismo, Paredes detalló que en 62 centros educativos supervisados les fue manifestado que sí realizan un cobro por concepto de inscripción.
Por aparte, en otros establecimientos indicaron que las madres y padres de familia son quienes se organizan para colaborar económicamente y cubrir las reparaciones, pago al personal de limpieza y cocina, compra de utensilios de aseo, insumos para la refacción escolar, material didáctico y el servicio de extracción de basura.
