POR SAIRA RAMOS
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El diputado Juan Manuel Díaz-Durán, socio del Bufete Díaz-Durán y Asociados, participó en 2010 en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Sala de Apelaciones, así como, en el de Fiscal General del Ministerio Público (MP).
Según la página electrónica del Bufete Díaz-Durán -vinculado con la firma panameña Mossack Fonseca-, antes de que llegara al Legislativo, el ahora diputado fue decano fundador de la Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad de San Pablo de Guatemala, cargo con el que pudo participar en la Comisión de Postulación para magistrados de la CSJ y Apelaciones 2011-2014.
Además, participó en la Comisión de Postulación para elección de Fiscal del MP.
Según un documento elaborado por el Movimiento Pro Justicia, Díaz-Durán como comisionado de la postuladora de Fiscal General en varias oportunidades mostró su descontento por la información que publicaban los medios de comunicación, así como a las solicitudes e intervenciones que hacían las organizaciones sociales.
Sin embargo, este señalamiento fue negado por el diputado y fundador del partido Visión con Valores (ViVa), porque “siempre fue abierto con la prensa”. Además, sus compañeros le aplaudieron las sugerencias que hizo al momento de designar los puntajes de evaluación que tendrían que pasar los aspirantes a magistrados y MP.
Al político y socio del Bufete Díaz-Durán y Asociados, Pro Justicia lo señaló de tener vínculos con el sector empresarial del país, de no haber hecho equipos con los comisionados de la Universidad Rafael Landívar, del Istmo y Francisco Marroquín para preseleccionar a los candidatos a jefe del ente investigador.
El congresista de ViVa, Juan Manuel Díaz-Durán fue juramentado como legislador después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no entregó su credencial de inscripción a Édgar Zamora, por tener reparos pendientes en la Contraloría General de Cuentas (CGC), desde que fue funcionario de una entidad gubernamental.
CASO “PANAMA PAPERS”
El Bufete Díaz-Durán y Asociados negó en un comunicado haber tenido una relación directa o indirecta con Marllory Chacón Rossell, condenada por narcotráfico en los Estados Unidos, tras una publicación investigativa que señala que la sentenciada tuvo acceso a la firma panameña Mossack Fonseca a través de una sociedad que vendió dicho bufete al abogado Francisco Palomo, asesinado en 2015.
La investigación publicada el pasado domingo, por el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo detalla como los reconocidos políticos, celebridades y otras personas utilizaron bancos, firmas legales y empresas fachadas en paraísos fiscales para ocultar sus activos en Panamá.
