POR VIRGINIA CONTRERAS
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Nueve planteamientos de inconstitucionalidad, entre ellos contra la Ley emergente para la conservación del empleo, fueron presentados ante la Corte de Constitucionalidad por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG).
Efrén Sandoval, miembro del Consejo Político del MSICG, explicó que el Decreto 19-2016, Ley emergente para la conservación del empleo, desfinancia al Estado porque admite mantener los beneficios y exenciones fiscales hasta por diez años a las industrias textiles, de vestuario y call centers.
Por ello, Sandoval destacó que se le priva de las posibilidades de satisfacer los servicios básicos a la población para continuar enriqueciendo a un sector que goza de privilegios fiscales desde 1989.
Además, de que a su criterio, incrementa la posibilidad de pagar salarios mínimos más bajos desde 2008 y que ha impulsado una mayor precarización laboral a través de ya dos intentos de imponer un salario mínimo diferenciado y todavía menor.
