POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Registro Nacional de las Personas (Renap) realiza una investigación interna para determinar sí existe responsabilidad de personal de esta entidad en la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) usado probablemente para obtener una licencia de conducir a favor de Jorge Eduardo Pérez Morales, sindicado por la muerte y violación de la química bióloga Nancy Cruz.

Rudy Gallardo, director del Renap, explicó que están dispuestos a colaborar con el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) para esclarecer la forma como Pérez Morales obtuvo la licencia con otra identidad, además realizan una investigación interna por el caso.

“Está a disponibilidad del MP toda la información que necesiten. Nosotros también estamos haciendo una investigación interna para determinar cómo fue emitido ese documento; estamos trabajando con la Inspectoría que investiga estos casos para deducir la responsabilidad de cualquier empleado del Renap, o si este documento fue obtenido de forma ilícita y fueron otras instituciones las que cometieron la acción ilegal”, argumentó Gallardo.

Según el funcionario, en los últimos cuatro años han puesto a disposición de las autoridades a 350 empleados del Renap implicados con actos anómalos, en tanto, hace algún tiempo firmaron un convenio con la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) para aportar información en diferentes casos.

Por otro lado, Gallardo admitió que por las pesquisas realizadas y judicializadas, se ha logrado determinar qué empleados y estructuras delictivas han cobrado Q15 mil por alterar datos de origen en un DPI.

USABA OTRA IDENTIDAD

El pasado 25 de marzo la PNC detuvo a Pérez Morales en Masagua, Escuintla, quien portaba una licencia de conducir con otra identidad.

En el documento estaba consignado el nombre Roberto Iván Cabria Lara; la PNC confirmó que se trataba de Pérez a través de un cotejo de rostro por medio del Sistema Único de Identificación (SUI) y fue recapturado. El señalado estaba prófugo de la justicia desde el 20 de marzo del año pasado.

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