El MP presentó solicitudes de retiro de antejuicio en contra de seis magistrados de la CC, una acción que se dio en concordancia con los pronunciamientos en contra de dicha instancia, mismos que fueron emitidos por cámaras empresariales. Foto: La Hora

Por Redacción La Hora
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Por unanimidad los magistrados de la Corte de Constitucionalidad suspendieron provisionalmente la Ley de Tarjetas de Crédito que entró en vigencia el pasado 8 de marzo por considerar que existe un vicio en el proceso de formación. La resolución definitiva corresponderá a la nueva magistratura que asume el 14 de abril.

La presidenta de la Corte, Gloria Porras, indicó que no analizarán las cuestiones de fondo sino la forma en que el Congreso aprobó la ley. A veces la ley exige dos terceras partes, a veces mayoría simple, entonces es importante que la Corte lo revise, dijo Porras.

Si se llega a declarar con lugar el vicio en el procedimiento, la Corte ya no entraría a analizar los artículos sino que se declararía la inconstitucionalidad, señaló.

La magistrada indicó que hay diferentes alegatos que señalan que para la aprobación de la normativa debían existir algunos dictámenes; es necesario que revisemos si existen los dictámenes, una entidad bancaria alega la falta de dictamen de la Junta Monetaria, agregó.

La presidenta de la Corte informó que aunque la sexta magistratura determinó la suspensión no será la que dictará la sentencia, ya que el 14 de abril hay cambio por lo que corresponderá a la nueva magistratura.

Edgar Bran, director de la Asociación de Medios de Pago informó que aún no han sido notificados pero se sienten satisfechos con la resolución. Estaremos a la espera que la sentencia  en la CC quede firme, señaló.

Respecto a los cobros que han hecho los emisores a los clientes, recomendó que los usuarios acudan a los bancos para informarse de las medidas que estos tomarán tras la resolución.

Hasta ayer los emisores de tarjetas, instituciones bancarias y empresarios habían presentado 14 inconstitucionalidades en contra de varios artículos de la normativa, aprobada en noviembre del año pasado.

La Asociación Bancaria de Guatemala, el CACIF, la Cámara de Comercio, la Asociación de Emisores de Medios de Pago y varios bancos interpusieron las acciones.

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