POR SAIRA RAMOS
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Los alcaldes de Masagua, Escuintla; Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; y, Estanzuela, Zacapa, han insistido al Ejecutivo y Ministerio de Trabajo la implementación de los salarios mínimos diferenciados pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC), los han declarado inconstitucionales.
La ministra de trabajo, Aura Leticia Teleguario, explicó en una citación legislativa que las cuatro circunscripciones municipales mantienen el interés de que queden en firme los salarios diferenciados impulsados durante las gestiones de los expresidentes Otto Pérez Molina y Alejandro Maldonado Aguirre, y luego derogados por la CC.
La argumentación de los jefes ediles, según Teleguario, se fundamenta en que hay grandes inversionistas interesados en crear fuentes de trabajo en esos municipios, por los que pretenden pagar un salario mínimo de Q1 mil 954.95 al mes, con los Q250 de bonificación incluidos, es decir Q55.90 diarios, equivalente a Q6.99 por hora.
“Existe el interés de los municipios, sin embargo, les hemos explicado a los alcaldes que no es el Ministerio de Trabajo quien decide si se habla o no del tema, sino la comisión paritaria y nacional del salario, representada por trabajadores, empleadores y esta cartera a través de la Inspección de Trabajo que trabajan con autonomía”, dijo.
En la reunión legislativa donde participó Teleguario convocada por el diputado Álvaro Velásquez de Convergencia, el legislador recordó que en dos ocasiones la CC declaró inconstitucional la implementación de los salarios diferenciados en las cuatro jurisdicciones municipales por violentar el derecho al ingreso mínimo vital.
A decir de Velásquez el salario mínimo diferenciado se encontraba muy por debajo del salario mínimo de los Q2 mil 747.04 que aplican para actividades agrícolas y no agrícolas, y de Q2 mil 534.15 para la actividad exportadora y de maquila, según lo establecido por el Ministerio de Trabajo en diciembre de 2015.
POSIBILIDAD
A inicios de 2016, la Corte de Constitucionalidad en el Acuerdo 35-2016 derogó los salarios diferenciados establecidos para los trabajadores de Masagua, Escuintla; Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; y, Estanzuela, Zacapa, por considerar que estos “no son acordes a los principios, derechos, y garantías sociales que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza”.
Sin embargo, en aquella ocasión tras la publicación constitucional en el Diario Oficial, la ministra Teleguario aseguró a los distintos medios de comunicación que el Ejecutivo estaría dispuesto a replantear los salarios diferenciados, pero esta vez, tomando en cuenta la opinión de empleados y empleadores.
