POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
Cuando todos pensaban que la audiencia de etapa intermedia en el Caso “La Línea” empezaría ayer y así arrancaría la causa penal más importante de los últimos años, el juez Miguel Ángel Gálvez suspendió las actividades en su judicatura, ya que hay acciones de la defensa de los 30 acusados que aún deben ser resueltas y en un futuro podrían representar un obstáculo. Aunque la audiencia no ha comenzado, ya se perfilan algunas estrategias de los abogados y no todas son de carácter judicial.
Menos de una hora después de haber iniciado la audiencia, en la que se iba a definir si el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti debían ir a juicio por presunta corrupción, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió suspenderla debido a que la Procuraduría General de la Nación (PGN), que representa los intereses del Estado, presentó un recurso de apelación contra la decisión del magistrado de no permitirle participar en el proceso.
De continuar el proceso sin resolver este recurso y otras acciones pendientes, el caso podría retrotraerse en cualquier momento, explicó el juez a los anuentes abogados defensores, quienes, al fin y al cabo, fueron los que solicitaron la separación de la PGN en primera instancia.
LA ESTRATEGIA LEGAL
Durante la declaración de Estuardo González Álvarez como colaborador eficaz, se hizo evidente que una de las estrategias de los abogados para detener este procedimiento era la interposición de un recurso legal tras otro. El primer día de audiencia y la mitad del segundo se dedicaron exclusivamente a la resolución de estas impugnaciones.
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, explica que este “excesivo formalismo” en los procesos penales es usualmente utilizado para entrampar procesos o buscar resoluciones no apegadas a derecho.
Fue en esa ocasión que el abogado Óscar Poroj, abogado de Claudia Méndez, solicitó al juez que la PGN fuera separada del caso, ya que a su criterio los intereses del Estado estaban representados a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio Público (MP). El resto de abogados apoyó de forma unánime esta petición.
Tras la argumentación de los defensores el juez resolvió expulsar a la Procuraduría de la carpeta judicial, cuyo representante aseguró que impugnaría el fallo.
Haya sido este evento una jugada planificada o no, la apelación logró detener sin mayor problema la audiencia de etapa intermedia y podría mantenerla así por mucho tiempo, ya que si alguna de las partes queda inconforme con la resolución en segunda instancia, puede accionar ante la Corte Suprema de Justicia y luego ante la Corte de Constitucionalidad, lo que puede llevar hasta un año, dependiendo de la carga en dichos organismos.
Este tiempo beneficiaría a los procesados, señalan abogados penalistas, ya que además de poder preparar su defensa con más profundidad, durante estos meses los abogados pueden aprovechar para lograr medidas sustitutivas o cambiar los delitos por los cuales sus clientes son procesados. Algunos litigantes ya interpusieron sus respectivas solicitudes, según informó el juez Gálvez.
LA ESTRATEGIA MEDIÁTICA
Uno de los primeros procesados en llegar a la audiencia fue el expresidente, quien acudió esposado y custodiado por guardias del Sistema Penitenciario. Pérez Molina está en prisión desde el 3 de septiembre de 2015, luego de haber renunciado al cargo.
Junto al exmandatario llegó su abogado, Moisés Galindo, quien comenzó a repartir a los periodistas presentes un folleto con el título “El Caso La Línea”, que contenía resumida la acusación que ese mismo día el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) explicarían ante el juez. Más de 100 ejemplares se entregaron a la audiencia.
El documento también incluye un apartado llamado “Carta de los abogados defensores”, en el cual se presentan los argumentos para rebatir la tesis de los investigadores.
La carta señala que el caso en general es un plan orquestado para perjudicar a Pérez Molina y desestabilizar el país.
De acuerdo con la activista de Derechos Humanos, Helen Mack, este tipo de discursos son utilizados como una forma de litigar en los medios de comunicación para generar desconfianza en las pesquisas y debilitar los argumentos de acusación.
Para reforzar su versión de la historia, al finalizar la audiencia Pérez Molina, de 65 años, dijo a la prensa que es inocente y acusó de injerencia a Estados Unidos.
«Yo no me digo inocente, yo soy inocente», dijo Pérez Molina sobre las acusaciones en su contra, «voy a demostrárselo al juez».
Agregó que el Gobierno estadounidense, a través de su embajador en Guatemala, colocó personas de su confianza en las cortes de justicia e inició una «persecución política» en su contra.
Sobre estas acusaciones, la embajada emitió un breve mensaje en el que asegura que continuará apoyando el Estado de Derecho.
A la cita judicial no fue convocado Salvador González, colaborador de la fiscalía y considerado el administrador financiero de «La Línea», quien en una audiencia contó que entregó a Juan Carlos Monzón varios millones de dólares para Pérez Molina y Baldetti producto de sobornos. Tampoco fue citado Monzón, quien era el secretario privado de la exvicepresidenta.
Pérez Molina cuestionó que González recibiera beneficios por colaborar con la Fiscalía como sacar del país a su familia, enviarla a vivir a Canadá y supuestamente recibir una cuota mensual para sobrevivir. González ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte de parte de Pérez Molina, lo que el expresidente negó.
¿UTILIZARÁ BALDETTI LA ESTRATEGIA MÉDICA?
El inicio de sesión judicial ayer, en la sala abarrotada de periodistas, acusados, abogados y policías se vio retrasado por la ausencia de Baldetti, quien se reportó enferma y no quiso salir de su celda. Sin embargo, el juez Gálvez ordenó bajó amenazas de procesar al director del Sistema Penitenciario que fuera trasladada a la Torre de Tribunales. Varios minutos después Baldetti, detenida desde el 21 de agosto de 2015, llegó al tribunal.
La exvicepresidenta permaneció en un hospital dos meses y medio tras su captura debido a numerosos padecimientos. Su abogado defensor, Mario Cano, insiste en que el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa no es un lugar adecuado para su clienta; sin embargo, el juez no ha considerado procedente otorgar medidas sustitutivas a Baldetti.
La Hora reportó la semana pasada que, entre el 1 de enero y el 15 de marzo del presente año, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizó más de 1 mil 900 evaluaciones médicas a reos, muchos de los cuales solo utilizaron sus padecimientos como un pretexto para escapar de la prisión. Por esta razón, el Ministerio de Gobernación anunció que accionará contra profesionales que realicen veredictos médicos anómalos.
Cano aseguró ayer que la exvicepresidenta está en la disposición de enfrentar la audiencia de etapa intermedia y que incluso declarará en la misma; sin embargo no explicó por qué se presentó hasta que el juez forzó su traslado, ni pudo detallar los padecimientos que aquejaban a su clienta.
La Fiscalía acusa a Pérez Molina y a Baldetti de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo y ha presentado 200 pruebas de la supuesta participación de los acusados en esos delitos.
EL CASO
El Ministerio Público sostiene que los exfuncionarios fueron parte de una estructura que defraudó al Estado guatemalteco por varios millones de dólares.
Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas a cargo de desarticular aparatos clandestinos y de seguridad en el Estado guatemalteco y que contribuyó en la investigación, Pérez Molina y Baldetti consintieron, permitieron y se beneficiaron de una estructura denominada «La Línea» integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para que los ayudaran a evadir impuestos.
Por el caso más de 100 personas, entre exfuncionarios, particulares y empresarios, son investigados. Al menos 500 mil documentos y 88 mil escuchas telefónicas se han analizado en casi un año de investigación.
Ahora una sala deberá decidir si la Procuraduría será parte del proceso y se espera que más recursos legales detengan la continuidad de la audiencia.
