POR VIRGINIA CONTRERAS
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Al menos 18 personas fallecieron luego de que un autobús de Transportes Tacaná cayera a un barranco en el kilómetro 160 de la ruta Interamericana en Nahualá, Sololá; situación que desató la indignación de analistas quienes consideran que la falta de accionar del Estado y de los transportistas, provoca que estos hechos lamentables se sigan dando.

_Nac3_1aCon este es el segundo incidente, en seis días, en el que pierden la vida personas inocentes a causa de la negligencia de los pilotos de los autobuses, ya que según versión de los pasajeros, en este accidente el vehículo conducido por Adonai Ismael Bámaca Lorenzo, se desplazaba a excesiva velocidad.

Para Edgar Guerra, Defensor del Usuario del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la manera de conducir de los pilotos aunado a la forma de su contratación y la ausencia de sanciones son el contexto ideal para que aumente el riesgo de que esto siga incurriendo.

«Todo inicia desde el proceso de contratación y selección de los pilotos que se da en un clima de violencia por las extorsiones, lo que motiva a contratar a los conductores con la calificación más baja y a que éstos tengan malas condiciones laborales», explicó.

Asimismo, manifestó que existen fallas en el Estado y por parte de los transportistas, ya que no buscan el resguardo de la vida de los pasajeros, dado a que no hay un accionar verdadero desde ambas instancias.

AUTORIDADES NO ACCIONAN

Johana Cabañas, vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE), lamentó que con el transcurrir del tiempo, las autoridades no reaccionan ante estas catástrofes y señaló que la Dirección General de Transportes (DGT), debería de reducir la temporalidad de uso de las unidades en lugar de aumentar.

Indicó que de 10 años de antigüedad ahora pasaron a ser 25 años, lo que a su criterio podría triplicar este tipo de accidentes derivado de la vida útil de los autobuses.

FALTA DE RESPETO

Por su parte, Edgar Celada analista de seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), refirió que se debe partir de la falta de respeto entre los guatemaltecos, ya que al carecer de una auditoría rigurosa de verificación que vele porque los autobuses no transiten sobrecargados, las personas abordan las unidades sin importar que éstas hayan superado su límite.

Celada enfatizó en que se necesita del apoyo del Estado en conjunto con las autoridades municipales y de las distintas policías para tener un mejor control de los buses, en donde señaló: «hay un alto grado de irresponsabilidad pública y social, lo que interesa es el negocio, cobrar el pasaje y no la seguridad de las personas».

Al respecto la entidad rectora del transporte extraurbano destacó que el autobús cuenta con seguro vigente y documentos en orden.

Detalló que de manera inmediata enviarán inspectores a las distintas empresas que prestan el servicio para verificar que las unidades estén en óptimas condiciones y aumentarán los operativos en las rutas que presenten mayor riesgo.

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