POR K. CHUMIL Y C.PALACIOS
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A 10 años de la muerte de Claudina Velásquez Paiz, una joven universitaria quien fue víctima de la violencia contra la mujer imperante en el país, el Estado de Guatemala deberá responder por no haber protegido su vida y por haber permitido que su caso quedara en la impunidad. Una década después, el caso de Claudina sigue repitiéndose en miles de mujeres asesinadas o violentadas anualmente sin esperanza de que haya justicia para ellas.
En 2005, Claudina Isabel Velásquez Paiz, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, se convirtió con sólo 19 años en una víctima de la violencia de género y su caso, al igual que los de miles de mujeres, se sumó a las estadísticas de impunidad.
10 años después de su asesinato y tras un largo proceso impulsado por la familia de la joven, en diciembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Guatemala a reabrir las investigaciones del caso y a tomar las medidas necesarias para no repetir los errores que impidieron proteger la vida de Claudina y el acceso a la justicia para su familia.
24 HORAS ES MUY TARDE
La joven desapareció la noche de un 12 de agosto y fue encontrada sin vida la madrugada del siguiente día. Su cuerpo mostraba señales de extrema violencia y violencia sexual.
Advertidos por la madrugada que su hija se encontraba en peligro, los padres de Claudina acudieron a la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer una denuncia e iniciar las pesquisas sobre su paradero; sin embargo, los agentes policiales reiteradamente se negaron a ayudar a la familia argumentando que debían esperar 24 horas para poder tomar acciones.
Fue la misma familia la que tuvo que coordinar la búsqueda de la joven en calles, hospitales y casas de personas cercanas.
La denuncia no fue aceptada sino hasta las 8:30 horas del día siguiente. Demasiado tarde para la víctima, quien para ese entonces ya había sido localizada sin vida por los bomberos.
Examinando el actuar de los agentes de la PNC, la Corte IDH resolvió que las autoridades “no actuaron con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente la muerte y agresiones” sufridas por la joven.
Asimismo, encontró que el Estado “no demostró haber implementado las medidas necesarias, de forma que los funcionarios responsables de recibir denuncias de desaparición tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad de las mismas frente al contexto de violencia contra la mujer, así como la voluntad y entrenamiento para actuar de inmediato y de forma eficaz”.
Una década después, el contexto de vulnerabilidad de las mujeres no ha cambiado. En el 2015 el Ministerio Público (MP) recibió 58 mil 966 denuncias de violencia contra la mujer, de las cuales 270 eran por femicidio. Esta cifra significa 1 mil 267 más que en 2014, cuando se registraron 267 femicidios.
En fecha reciente, el Grupo de Apoyo Mutuo dio a conocer que en el primer bimestre del presente año los crímenes contra mujeres incrementaron en un 3.64 por ciento.
LA JUSTICIA QUE NO LLEGÓ
Luego del dolor de la pérdida de su hija menor, la familia Velásquez Paiz se enfrentó a la injusticia. Según da cuenta la sentencia de la Corte IDH existieron “diversas irregularidades en la investigación” que concluyeron en la impunidad del caso.
De acuerdo con las evidencias, el informe médico forense presentado a los entes investigativos, tras 17 días del suceso, no determina bien la hora de la muerte, la posición del cadáver, faltaba recolección de evidencia, carencia de los nombres que realizaron el informe final de la necropsia, asimismo que hubo deficiencias en el tratamiento de la evidencia para peritajes científicos y hubo error en las fechas del dictamen balístico.
La negligencia llegó al punto que el día de su velatorio, peritos del MP se apersonaron a la funeraria, solicitando a los familiares que se abriera el féretro porque no se habían tomado huellas dactilares de la fallecida.
Estas falencias también fueron señaladas por un informe que hizo el Procurador de Derechos Humanos sobre este caso, emitido el 24 de octubre de 2006.
La Corte IDH consideró que además Velásquez Paiz fue víctima de estereotipos por ser joven, por haberse encontrado su cuerpo en una zona de pocos recursos, por la forma de vestir y por llevar un aro en el ombligo, y que como resultado se justificó la violencia contra ella y no se investigó su muerte debidamente. “En el proceso se registra la presunta presencia de estereotipos discriminatorios que seriamente impactaron la falta de diligencia en la investigación”, indica el informe de la comisión encargada.
En este sentido, el Tribunal consideró que el Estado incumplió su obligación de investigar la muerte como una posible manifestación de violencia de género y con un enfoque de género.
Al igual que la violencia de género, la impunidad es un flagelo que no ha dejado de afectar a las mujeres en los últimos años. El sistema de medición del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala registra 99.52 por ciento de impunidad en casos de violencia contra la mujer y un 99.51 por ciento en los casos de delitos contra la libertad sexual.
¿HAY AVANCES?
A criterio de Javier Monterroso, exsecretario del MP, sería inexacto decir que en 10 años no han existido avances en materia de investigación de los casos de violencia contra la mujer.
“Después del caso de Claudina Velásquez ha habido varios avances en el sistema de justicia y en materia de investigación criminal, entre ellos la creación del Inacif – Instituto Nacional de Ciencias Forenses– y la Ley de Femicidio”, explicó.
Otros avances señalados por el Estado en las audiencias de la Corte IDH fueron la creación de la Fuerza de Tarea Especializada contra el Femicidio de Gobernación; la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos; los juzgados, tribunales y la Sala de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer; la Fiscalía de la Mujer y las Fiscalías especializadas que conocen exclusivamente los delitos de Femicidio y la Unidad de la Mujer y Análisis de Género del Organismo Judicial.
Según el MP, actualmente la Fiscalía cuenta con seguridad y medidas de prevención para que los actos de violencia en contra de la mujer no se vuelvan una estadística más de femicidio. Ya que al ir a denunciar una mujer que es víctima de violencia, existen garantías de seguridad que la proteja y que conserve su vida sin temor a que algo le suceda.
Sin embargo, Monterroso reconoció que aún existen deficiencias en el sistema de administración de justicia y sesgos de género que influyen en este sentido.
EL AVANCE NO ES INTEGRAL
Nery Baten, de la Fundación Sobrevivientes, una organización dedicada a la atención a mujeres y adolescentes víctimas de violencia, considera que si bien existen avances, éstos no han sido integrales, ya que no en todas las entidades de justicia existe una implementación igual de los protocolos, ni una concientización parecida.
“En la práctica nos hemos dado cuenta que tienen mejores resultados las investigaciones en la capital que en el resto del país, e incluso a nivel capitalino, tienen mejores resultados los órganos de la sede central que la de los municipios”, dijo.
Baten explicó que por dicha razón no todos los operadores de justicia trabajan los casos de violencia de la mujer con un enfoque de género.
Esta disparidad de resultados entre la Capital y el resto del país también se aplica a la respuesta de las instituciones ante las denuncias de desaparición de mujeres, dijo el abogado. “Si bien hay algunos casos en los que tras puesta la denuncia, inmediatamente se nombra un investigador y se da con el paradero de la víctima, así como con el del agresor; es todavía común que hayan casos que se remitan a una fiscalía y se queden allí estancados”, señaló.
RECOMENDACIONES
Tras la investigación de las violaciones del Estado a los derechos de Claudina Velásquez y sus familiares, la Corte IDH hizo las siguientes recomendaciones al Estado.
– Completar la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial con el objeto de esclarecer el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz e identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
– Adoptar y/o en su caso adecuar protocolos de investigación y de servicios periciales a ser utilizados en todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme a los estándares internacionales sobre la materia, con base en una perspectiva de género.
– Reparar plenamente a los familiares de Claudina Isabel Velásquez Paiz por las violaciones de los derechos humanos […] establecidas.
– Implementar como medida de no repetición, una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para la prevención de casos de violencia contra las mujeres.
– Fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales efectivas con perspectiva de género, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada sanción y reparación.
– Implementar un sistema de producción de información estadística que permita el diseño y evaluación de las políticas públicas en relación con la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres.
– Adoptar reformas en los programas educativos del Estado, desde la etapa formativa y temprana, para promover el respeto de las mujeres como iguales, así como el respeto de sus derechos a la no violencia y a la no discriminación.
– Adoptar políticas públicas destinadas a eliminar los estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia, que incluyan programas de capacitación para funcionarios públicos en todos los sectores del Estado, incluyendo el sector educación, las ramas de la administración de la justicia y la policía, y políticas integrales de prevención.
