POR K. LÓPEZ Y C. PALACIOS
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El vicepresidente Jafeth Cabrera dijo que “no comprende” la resolución de la Corte de Constitucionalidad que anuló el Decreto 12-2014, Ley para el Control de Telecomunicaciones, pero que respeta la supremacía de la entidad.
«Esta es una medida que uno no comprende, pero la CC es la supremacía y lo que estamos haciendo es fortalecer los procesos de vigilancia», aseguró el vicemandatario.
Ayer, cuestionado sobre el mismo evento, el presidente Jimmy Morales dijo que “apela a la razón” de la CC, con respecto a la Ley que regulaba el bloqueo de la señal telefónica en los centros de detención penitenciaria.
“Nuestro trabajo será buscar una propuesta para encontrar solución al tema de las comunicaciones en los centros de detención, partiendo que de ahí salen casos de extorsión, añadió Morales.
La Ley de Telecomunicaciones fue declarada inconstitucional por la CC el pasado martes tras una ola de acciones legales en su contra.
SP TIENE HERRAMIENTAS LEGALES
Sin embargo, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que la anulación de la Ley de Telecomunicaciones no debería de poner en desventaja al Sistema Penitenciario (SP) en cuanto al control de las cárceles, ya que en principio, con el cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles y la Ley del Sistema Penitenciario debería bastar.
De acuerdo con la activista, la Ley de Telecomunicaciones centró la discusión en los bloqueadores de señal móvil, y dejó de lado lo más importante, que es velar por que los celulares no entren a las penitenciarías. “Si no ingresaran teléfonos móviles a las cárceles, ¿para qué los bloqueadores, si nadie estaría hablando desde dentro?”, señaló.
“La Ley de Telecomunicaciones lo que hacía era dar como dulcito lo de los bloqueos en las cárceles, pero a cambio de eso, las empresas de telefonía iban a tener el poder de instalar todos sus equipos en las municipalidades, pasando por encima de la autoridad de los alcaldes”, explicó Ibarra.
Para la analista, la solución es exigir que se cumpla la Ley del Sistema Penitenciario y la Ley de Equipos Terminales Móviles, la cual establece penas de prisión para quienes ingresen aparatos móviles a las prisiones.
Este cumplimiento debe ser integral, considera Ibarra, ya que, además, se requiere la colaboración de las telefónicas de garantizar que los chips que sean utilizados para cometer actos delictivos puedan ser rastreados, en conjunto con el Ministerio Público.
ACATAN FALLO
El director de Asuntos Corporativos de Tigo, Manuel Sisniega, indicó que la empresa respeta y acata el fallo de la CC, aunque no estén de acuerdo. La ley tenía disposiciones positivas como hacer previsibles y homogéneas las decisiones municipales sobre autorizaciones para instalación de torres y tendido de cables en la propiedad pública, anotó.
Por otro lado, Sisniega indicó que la normativa dejó un aporte para la seguridad ciudadana, «ya que si bien es cierto se anuló este cuerpo jurídico, las empresas operadoras de telecomunicaciones dejan instaladas y en funcionamiento dentro de centros de reclusión los mecanismos de intercepción de terminales de transmisión de datos. Esta es una inversión que ya se realizó y que ahora corresponde al Sistema Penitenciario mantener en funcionamiento óptimo» anotó.
