POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
El alud ocurrido en El Cambray II el año pasado sigue sin esclarecerse y se ha complicado identificar la responsabilidad de quienes debieron evitar el siniestro, pero no tomaron acciones sobre este tema. Autoridades municipales y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) han rechazado su responsabilidad en lo ocurrido.
Según el Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Enrique Godoy, tiene que ver con la falta de legislación para dar claridad a la responsabilidad de actores sobre estos temas.
Lo anterior, se agrava considerando que según Alejandro Maldonado, director de Conred, más áreas del país corren el riesgo de vivir experiencias similares por estar en algún nivel de vulnerabilidad.
Maldonado aseguró que el 50% del país es susceptible a deslizamientos, tanto por condiciones climáticas como a características de construcción y materiales.
“Las viviendas no se construyen de forma adecuada, ni en los lugares correctos”, dijo Maldonado.
El titular de Conred explicó que en el país son cuatro los elementos que están directamente vinculados a que ocurran este tipo de acontecimientos.
La pobreza, la falta de desarrollo, la falta de gestión para reducción de riesgo y los efectos ambientales del cambio climático y calentamiento global, son factores que, según Maldonado, influyen en la persistencia de áreas y viviendas vulnerables en el país.
No obstante, agregó que los deslizamientos son vulnerable a condiciones económicas, natural y también a las condiciones y calidad de construcción de viviendas, que también ha sido deficiente en el país.
Godoy también hizo mención a la problemática de la falta de marco legal, y aseguró que esta era una consecuencia de la carencia de herramientas legislativas para evitar la falta de control y poder de las municipalidades.
Precisamente, para establecer medidas de trabajo que aborden este tema, hoy se reunieron integrantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), diputados de la Comisión de Catastro y Ordenamiento Territorial, Conred y autoridades del Organismo Ejecutivo.
En la reunión destacó la necesidad de urbanización del país frente a la falta de un marco legal de ordenamiento territorial que facilite este proceso y que de a las autoridades locales la suficiente potestad para tomar acciones de control y también preventivas, en aras de evitar sucesos similares al derrumbe en El Cambray II.
