POR SRAMOS Y KLÓPEZ
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La anulación al Decreto 12-2014, Ley para el control de Telecomunicaciones, por la Corte de Constitucionalidad (CC), deja ver la debilidad, inutilidad y opacidad en el funcionamiento del Congreso, según la opinión de distintos analistas consultados por La Hora.
Para la activista social, Iduvina Hernández, el fallo pone en evidencia los vicios en los que incurrieron los diputados al aprobar dicha normativa, también conocida como Ley Tigo, al extremo que los legisladores pudieran ser procesados por el delito de incumplimiento de deberes.
La argumentación de Hernández se da después de conocer que el Decreto 12-2014 fue anulado porque los congresistas aprobaron de urgencia nacional una iniciativa de ley que sólo recibió el voto favorable de 96 parlamentarios y no de 105 votos como lo refiere la Ley.
Por esa razón se evidencian «vicios de forma», apuntó la analista, que cuestiona el papel de los legisladores.
Ante tal resolución, la activista cuestiona el trabajo legislativo durante la presidencia del diputado Arístides Crespo, ya que ese organismo ha invertido grandes cantidades monetarias en el pago de asesores y horas extras que no garantizan el buen funcionamiento de una normativa por no reunir las condiciones mínimas.
El politólogo Renzo Rosal también opinó sobre el fallo de la CC, diciendo que éste evidencia cómo los congresistas aprobaron un proyecto de ley de forma ligera y lleno de cuestionamientos que reflejan que nunca prestaron atención a la aprobación del contenido original, ya que éste tiene incongruencias.
A este último, Rosal explica que la denominada Ley Tigo por un lado presiona a las empresas de telefonía móvil para que bloquearan la señal en los centros de privación de libertad; y por el otro, atenta la autonomía municipal y derechos de propiedad privada, razón por la que varios sectores y municipalidades accionaron en contra de este Decreto, según afirmó.
Pese a esto, a principios de febrero del 2016, Fabiana Menchú Hernández y Carolina Cabrera Estrada, quedaron ligadas a proceso penal y enviadas a prisión preventiva luego de oponerse a la instalación de una antena de telefonía en la zona 11 de Quetzaltenango.
LLAMARÁ A LA RAZÓN
El presidente Jimmy Morales confirmó que el Ejecutivo apelará a la razón de la CC en cuanto al bloqueo de señal en cárceles.
«Nuestro trabajo será buscar una propuesta para encontrar solución al tema de las comunicaciones en los centros de detención partiendo de que ahí salen casos de extorsión», dijo el mandatario.
CC ATIENDE LLAMADO
Para Mynor Alonzo, de Usac es Pueblo, el fallo de la CC atiende al llamado de los ciudadanos que han demandado que los magistrados de la Corte fallen a su favor. El aludido recordó que los representantes constitucionales han resuelto en varias ocasiones a favor de intereses particulares y gremiales, y no a favor del bien común.
Entre tanto, previo al cierre de esta edición, la Dirección Legislativa informó que no había sido notificada sobre la anulación al Decreto 12-2014. Esa unidad junto a los diputados deberán hacer un análisis sobre el fallo constitucional.
