POR VIRGINIA CONTRERAS
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Esta mañana en la firma del convenio de prórroga para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales entre Anam, MARN y el Infom, Edwin Escobar, presidente de Anam, destacó que al momento hay 268 alcaldes nuevos, cuya mayoría no tienen planificadas las obras que tendrían que estar empezando a realizar en sus municipios con respecto al Decreto 236-2006 Reglamento de las descargas y reúso de aguas.
El convenio adquirido por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Instituto de Fomento Municipal (Infom), prevé contrarrestar la contaminación de afluentes generada por la descarga directa e indirecta de las aguas servidas, domésticas e industriales y darle un tratamiento adecuado.
Para echar a andar el proyecto se solicitará al Congreso de la República que el 1 por ciento de IVA PAZ, mismo que se invertía en el extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) se utilice para priorizar la construcción de esas plantas de tratamiento.
A decir de Escobar, la prórroga del Decreto 236-2006 será de dos años, para darle un efectivo cumplimiento, por lo que ahora se extiende hasta el 5 de mayo de 2019.
Añadió que con el acuerdo de cooperación entre las entidades les permitirá cumplir con esa política pública, ya que así podrán diseñar y estudiar las plantas de tratamiento, así como los recursos para poder construirlas.
En tanto, Sydney Samuels, titular del MARN, previendo las limitaciones financieras que aquejan a las municipalidades, solicitó a los jefes ediles que midan las descargas de aguas residuales de cada municipio para que luego incluyan en los Planes Operativos Anuales, la obra o proyecto para que se cumplan con los planes establecidos.
Por su parte, el Infom entregará una guía técnica para el diagnóstico y avance de la implementación del sistema de tratamiento en cada sector.
ADQUISICIÓN
Escobar, por su parte, detalló que la adquisición de cada una de las plantas pasarían por un proceso de licitación en cada unidad ejecutora o cada municipalidad, que son las obligadas a construir dichas estructuras.
A decir del funcionario con este proyecto se enfrentan a un reto de sostenibilidad financiera de las mismas, ya que parte del problema que se ha dado con el transcurrir de los años, es que se han construido algunas pero han colapsado por falta de mantenimiento.
Aclaró que ahora el decreto exige que los costos de funcionamiento sean absorbidos por los usuarios.
