POR KIMBERLY LÓPEZ
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A inicio de este año, María Eugenia Villagrán, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), informó a «La Hora» que aún no había claridad en los resultados de la denuncia presentada al Ministerio Público (MP) contra la empresa M. Tarcic Engineering. La empresa denunciada vendió por Q22.8 millones al Estado, una sustancia para limpiar la contaminación del lago de Amatitlán; ese dinero aún no ha sido devuelto.
Esta denuncia que fue presentada en mayo del año pasado, exigía a la misma, devolver el pago que había recibido y también se pedía al MP que realizara una investigación a la empresa para determinar si había responsabilidad penal en la aplicación del líquido, pues firmaron el contrato con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).
A pesar de que hasta ahora, catorce personas, entre las que figura la exvicepresidente Roxana Baldetti Elías, son procesadas por la compra de esta sustancia que limpiaría el lago de Amatitlán, los recursos invertidos en este producto aún no regresan a las arcas del Estado.
Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), explicó que «la famosa agua mágica», previamente a ser comprada por el Estado, debió cumplir con una serie de requisitos y garantías. Sin embargo, estas no fueron contempladas y es por eso que esta compra constituyó una estafa para el Gobierno.
La Fiscalía de Medio Ambiente del Ministerio Público indicó que la fórmula utilizada para limpiar el lago tenía una composición de entre 97 y 98 por ciento de agua con sal.
A esto, Rafael Maldonado, de CALAS, agregó que debido al engaño que esto representó para el Estado, se espera que el proceso judicial que se lleva a cabo, logre castigar a las personas responsables de este caso y que además se logre la recuperación del dinero que, hasta ahora, no ha sido devuelto.
ANTECEDENTES
El contrato por medio del cual se aprobó la compra de la mencionada «agua mágica» nunca pasó por la evaluación de la PGN, es decir, que no cumplió con los requisitos que establece la ley.
«Fue un contrato lesivo por el monto y por el procedimiento», explicó la procuradora. Asimismo, aseguró que había sido una decisión de la exvicepresidente Roxana Baldetti, sin tomar en consideración la postura de la entidad consultora.
