POR VIRGINIA CONTRERAS
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La audiencia del Caso Lago de Amatitlán se encuentra en desarrollo en el Juzgado de Villa Nueva, donde esta mañana el Ministerio Público (MP) solicitó auto de prisión preventiva en contra de Mario Baldetti, Roxana Baldetti -ya en prisión por el Caso La Línea- y el empresario Uri Roitman.
Sobre Mario Baldetti, el MP destacó que existe peligro de fuga, ya que a su criterio, se ha demostrado a través del control migratorio que él posee una facilidad para abandonar el país, porque se pudo establecer una gran cantidad de viajes.
Asimismo, puso de manifiesto la coacción que el sindicado pudo haber ejercido dentro de las otras personas igualmente sindicadas. Y del mismo modo, por considerar la obstaculización en la investigación del MP y destruir, modificar, ocultar evidencia y falsear documentos.
Por su parte, los señalamientos contra Uri Roitman, los cuales van de asociación ilícita, cohecho activo y delito de fraude, el MP considera que tiene capacidad para evadir los controles migratorios, ya que en su momento, no se registraron las salidas que tuvo fuera del país.
Aunado a esta situación, también manifiesta que existe peligro de obstaculización a la averiguación a la verdad. Además, por considerar que tiene influencias, lo que pone de manifiesto el peligro de fuga.
En cuanto a Roxana Baldetti, quien fue ligada a proceso por tráfico de influencias, asociación ilícita y fraude, mencionó que pese a estar en prisión preventiva en la cárcel de mujeres Santa Teresa, en anteriores ocasiones demostró su facilidad para salir al extranjero.
A esta petición se unió la de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La representante de CICIG destacó que Mario Baldetti ejercía control sobre los personeros de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Amatitlán (AMSA), y en este sentido señaló que se le hacía llamar “el jefe” y le rendían cuentas por parte de ellos.
Asimismo, explicó que existió manipulación de documentos, los que se encuentran bajo investigación por parte del MP, ya que pudo haber falsificación de firmas de testigos.
Señaló que al realizarse un allanamiento se encontró US$17 mil, lo que considera de procedencia ilícita, ya que a la fecha no ha reclamado a la fiscalía el mismo.
Mientras que para los demás sindicados se pidieron medidas sustitutivas, las cuales van de la prohibición de salir del país, arresto domiciliario, prohibir comunicación entre ellos, así como acercarse a las oficinas de AMSA.
Luego del receso, la defensa del sindicado, Pablo Barrios, señaló que en el proceso hacen falta Sergio Ramos, exviceministro y Mishell Martínez, extitular del Ministerio de Ambiente.
Al cierre de esta edición, los abogados defensores se encontraban emitiendo declaraciones sobre sus protegidos.
