El Diario de Centro América publicó hoy el acuerdo gubernativo 49-2016, con el que la Presidencia veta la Ley aprobada por el Congreso para castigar a los ministros, secretarios y cualquier persona que maneje fondos públicos que no asista a las citaciones legislativas convocadas por los diputados.
POR REDACCIÓN LA HORA
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Los diputados aprobaron el pasado 4 de febrero las reformas al Código Penal y a la Ley en Materia de Antejuicio en busca de penalizar con dos o tres años de cárcel la inasistencia de funcionarios y empleados públicos a las distintas citaciones convocadas por el Congreso.
Con las reformas se tipificaba el delito de “incumplimiento de funcionarios y empleados públicos de acudir a citaciones legislativas”, que aplica para ministros, viceministros, funcionarios o empleados que manejen, administren, custodien, ejecuten o reciban fondos públicos, que no acudan a las citaciones legislativas sin presentar una justificación válida, es decir, sin acreditar una enfermedad al menos 24 horas antes de la citación.
El proyecto de reforma fue presentado por los diputados Amílcar Pop, de Winaq, y Walter Félix, de URNG-Maíz, a través de una moción privilegiada.
Sin embargo, la normativa no entrará en vigencia, debido a que el presidente Jimmy Morales uso su derecho al veto, argumentando que la normativa violenta la Constitución y no se utilizó la técnica legislativa en su aprobación.
El artículo 178 de la Constitución establece el poder del veto presidencial, el cual establece que “dentro de los quince días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el Presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente”.
