POR KIMBERLY LÓPEZ
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El presidente Jimmy Morales anunció que este jueves dará a conocer su decisión final en la elección de un magistrado titular y un suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). Los perfiles de los aspirantes y el detalle de los criterios que el Organismo Ejecutivo está tomando en cuenta para la selección se han mantenido en total hermetismo. Esto, pese a la petición de grupos de la sociedad civil e inclusive, de otros entes electores, de que el proceso se transparente, en aras de conformar una CC capaz y honorable.
Desde su creación en 1986, la CC desempeña en el país una función determinante, pues es la autoridad máxima en materia constitucional.
El artículo 268 de la Constitución establece que “la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado”.
En esta línea, corresponde a la CC velar por el cumplimiento de la Constitución y en ello radica la importancia de la selección de este ente. Las decisiones de los tres organismos del Estado pueden ser impugnadas ante la Corte, en caso de que alguien considere que violan los estatutos de la Carta Magna.
“Nosotros hemos estado recibiendo expedientes, hemos estado entrevistando a algunas personas y precisamente hoy en gabinete establecimos que va a ser el día jueves donde estaremos en gabinete para la elección y designación de las personas, como lo dice la ley”, dijo Morales en conferencia de prensa.
A principios de este año, cuando se empezaba a discutir el tema de la integración de la CC por los distintos entes encargados, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a través de su cuenta personal de Twitter, hizo el siguiente llamado: “El reto del 1er. trimestre 2016: que se integre una muy buena Corte de Constitucionalidad, que garantice la continuidad del proceso de cambio”.
En esa ocasión, Velásquez hizo referencia a la importancia que jugará la nueva CC, en la etapa de cambios contra la corrupción e impunidad que atraviesa el país.
La responsabilidad del “reto” al que hace referencia el Comisionado, corresponde entonces a los entes electores: Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (CSU); Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República y el Presidente en Consejo de Ministros.
Frente a la necesidad de garantizar una selección que responda al beneficio de los ciudadanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos demandó a las instancias que impulsaran procesos de designación “enmarcados en los principios de publicidad, transparencia y objetividad”. A esta petición se sumarían otros grupos ciudadanos.
ACCIONES DE TRANSPARENCIA
De manera casi consecutiva, los entes respondieron a las diferentes peticiones de transparencia por parte de la ciudadanía y prometieron un proceso público y abierto. Lo hicieron todos, menos el Organismo Ejecutivo.
En enero, Ranulfo Rojas Cetina, presidente de la (CSJ), aseguró que dicha institución transparentaría el proceso de designación de sus representantes titular y suplente para la CC, pese a que la Ley no obliga a las entidades a hacerlo.
A esto se sumó el (CANG), que inclusive envió una solicitud formal a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para pedir apoyo y colaboración en la elección de magistrados.
Frente a esto, el comisionado Velásquez declaró que la CICIG se ponía a disposición de la institución en este proceso, e informó que ninguna otra entidad había solicitado ese apoyo a la comisión.
También los 41 integrantes del Consejo Superior Universitario respondieron al llamado y, a su vez, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Postulación para magistrados.
El Ejecutivo, por su lado, continuó sin atender la petición de transparencia.
DISCURSO DE TRANSPARENCIA
“Las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero sí cambian y somos nosotros los que podemos cambiar, en nosotros está el pasar de la noche de la corrupción al amanecer de la transparencia”, dijo Morales en tono solemne, dentro de la Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el día que tomó posesión como Presidente.
A pesar de ese discurso de transparencia, que fue el centro de la campaña electoral de Morales, el proceso de selección de magistrados a la Corte se mantuvo en total hermetismo desde el principio.
En una de las conferencias de prensa convocadas por el Presidente para atender consultas sobre diversos temas, Morales fue cuestionado por su postura de secretismo frente a la petición de la ciudadanía de publicidad y transparencia.
En ese momento, el tono del mandatario no se parecía al tono del hombre prometedor del día que tomó posesión. Con un rostro molesto, se limitó a decir que el proceso se haría “como dice la ley”. A partir de entonces, Morales no dejó de ser cuestionado en sus apariciones públicas sobre sus motivos para mantener una postura hermética sobre el proceso que otros entes ya habían hecho público.
Una y otra vez, la respuesta fue: “la ley no me obliga a hacerlo”, “hacerlo según la ley es transparencia”, “nos regimos a lo que dice la ley”, “el Presidente tiene hasta el 14 de marzo para tomar esta decisión”, “se está siguiendo el proceso que indica la ley”.
“LA LEY” COMO JUSTIFICACIÓN
“Utilizar el artilugio de la ley (entre comillas) solamente crea un disuasivo, un discurso de distracción frente a un elemento que es prioritario: la transparencia; y que es un principio básico que más allá de que este normado, es fundamental y lo que está reclamando la ciudadanía”, consideró Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar, sobre los argumentos del Presidente.
“Lo que le estábamos pidiendo en términos de proceso, era que comentara el perfil que solicitaba el Ejecutivo, cuál era el calendario que iba llevar a cabo y que transparentara a los candidatos, que ahora es tardío; y los criterios que utilizó para escoger a quien va escoger”, explica Rosal.
El analista agrega que “el gran reclamo” que hace la ciudadanía tiene que ver con los requerimientos éticos y morales para los magistrados, más allá de las características de orden profesional. “Esos son los aspectos que el Presidente ha evadido; cuando utiliza el término de la ley, está utilizando un discurso evasivo”, asegura.
Al decir que “se sigue la ley”, el Presidente hace referencia a los requisitos y procedimientos que la Constitución dicta sobre esta selección.
Según la legislación, la persona aspirante para este cargo debe cumplir con ciertos requisitos. Estos son: ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, tener una reconocida honorabilidad y al menos 15 años de graduación profesional.
Estos requisitos, continúa el entrevistado, “son el piso y lo que está pidiendo la ciudadanía es estar cercanos al techo”. A criterio de Rosal, Morales respondió “con lo mínimo” al momento de tomar una decisión de semejante magnitud.
Ante esto, el riesgo es que las personas seleccionadas sean magistrados subordinados a intereses ajenos a la defensa de la constitucionalidad y su idoneidad sea fuertemente cuestionada a lo largo de su período, opinó el entrevistado.
ÚNICO NOMBRE CONFIRMADO
Hace más de una semana se filtraron, de manera extraoficial, algunos nombres de posibles candidatos a estos cargos.
Ese día, el mandatario confirmó que el abogado José Luis González Dubón, quien se opuso públicamente a la instalación de la (CICIG), en el país, está siendo considerado para ser el representante del ejecutivo ante la CC.
En esa conferencia, Morales indicó: “Sí, hemos tenido conversaciones y es uno de los candidatos que hemos analizado por su trayectoria, por sus capacidades y su conocimiento constitucional, pero aún no tenemos definido a ciencia cierta esos nombres”.
Además, descartó al abogado Mario Fuentes Destarac y al actual juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, quien se postuló por el CANG.
En 2007, La Hora publicó que González Dubón, en ese entonces representante legal de la Liga Pro Patria, pidió a la CC que “anulara totalmente” el decreto 35-2007 que dio luz verde en el Congreso de la República a la creación de la CICIG.
En esa ocasión el representante de la Liga Pro Patria, dijo que las acciones del Congreso en relación a la aprobación de la CICIG, “corrompen la legitimidad que desde su nacimiento tiene que tener una ley. Si queremos combatir la impunidad, tenemos que empezar por combatir la impunidad con que actuaron los diputados en este caso”.
¿QUEMAR A UNO PARA METER A OTRO?
El día que Morales reconoció a González Dubón como una opción, en redes sociales surgieron muchos comentarios y alertaban sobre la necesidad de estar atentos, pues existía la posibilidad de que al referido profesional lo habría mencionado para “quemarlo” y luego meter su designación sin mayor problema. Un usuario dijo “lo hicieron para que cuando nombren al magistrado, hasta demos las gracias, pero puede que resulte peor aún”.
TENDENCIA DE SECRETISMO
Carmen Aída Ibarra, analista y directora del Movimiento Pro Justicia, opina que esta designación debió ser un proceso más transparente, pues de esta forma el Presidente habría tenido más insumos y criterios para tomar una decisión favorable y acorde a los intereses de los ciudadanos.
Para Ibarra, la postura de Morales, al escudarse en que la ley no exige esta apertura, corresponde a una medida muy restrictiva. Asimismo, asegura que la oportunidad de que la sociedad civil pueda revisar el proceso de selección daría una garantía de encaminar esta decisión con un mayor respaldo ciudadano.
“La actitud del Presidente solo se puede interpretar como una tendencia de secretismo en su Gobierno, porque lo mismo hizo con la integración del gabinete y ahora lo mantuvo en esta designación”, interpreta Ibarra.
Según la entrevistada, hasta ahora el mandatario ha demostrado “que no le gusta” la publicidad, la transparencia y los cuestionamientos que puedan haber respecto a sus decisiones y que es contrario a la fiscalización y escrutinio de la opinión pública.
“Puede ser que la elección recaiga en una persona idónea, capaz u honorable, pero siempre va a tener sobre sí la sombra de que los magistrados por el Ejecutivo fueron nombrados en un marco de secretismo, opacidad y oscuridad”, asegura la analista.
Este jueves, finalmente se conocerán a las dos personas que asumirán como magistrado titular y magistrado suplente, por elección del Organismo Ejecutivo. Lo conveniente para la ciudadanía y para orden constitucional, es que pese al secretismo del proceso de selección, haya prevalecido la idoneidad en los designados; y la defensa por el cumplimiento de la Constitucionalidad no caiga en personas “subordinadas a intereses ilegítimos”.
¿Qué hizo el resto de organismos?
A: El Colegio de Abogados y Notarios elegirá a sus dos representantes por medio de la votación libre de sus miembros.
B: La Corte Suprema de Justicia transparentó el proceso de evaluación de los aspirantes y eligió a sus representantes votando a mano alzada de forma pública.
C: El Congreso formó una comisión de postulación para que evalúe y depure a los candidatos por los cuales votará finalmente el pleno del Legislativo.
D: El Consejo Superior Universitario hizo públicas las audiencias en las que se discutieron los mecanismos de selección de aspirantes.
