POR REDACCIÓN LA HORA
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La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) continúa estancada en la aprobación del tercer artículo de la iniciativa. Los diputados han debatido por horas los primeros tres cambios a la norma, aprovechándose de ello para desviar el debate de temas más profundos y más incómodos para su posición, tales como el financiamiento privado de partidos políticos, los listados abiertos, la reelección indefinida de alcaldes y diputados y la posibilidad que los comités cívicos presenten candidatos.
Ayer los congresistas debieron suspender la sesión permanente debido a que no llegaban a acuerdos sobre el artículo 3 de la reforma a la LEPP, que habla sobre la paridad de género en el empadronamiento de ciudadanos. La discusión se ha extendido hasta la paridad en las listas de candidaturas a diputados, aunque el artículo que define este aspecto, aún no ha sido leído.
No obstante, Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack, catalogó las acciones del Congreso como «engaños», ya que los congresistas han focalizado la discusión de las reformas a la LEPP en el tema de cuotas de participación para mujeres y etnias, dejando de lado temas más incómodos como el financiamiento privado, la reelección ilimitada de alcaldes y diputados, así como la votación por listados abiertos.
Es un «engaño» que los diputados hayan «resaltado el tema de las cuotas para no tocar los -asuntos- estratégicos, como el papel de los contratistas -de partidos- que son un foco de corrupción. Los ciudadanos debemos reaccionar y exigir una verdadera reforma, ya que esa fue una de las razones por las que regresamos a las calles a manifestar», puntualizó Mack, luego de conocer el dictamen de reformas electorales.
EL DEBATE QUE NUNCA SUCEDIÓ
A esta situación se suma que nunca existió una evaluación del dictamen que envió la Corte de Constitucionalidad y que modificó hasta el 40 por ciento de la propuesta original, la cual, en principio, muchos expertos describieron como una reforma «superficial» y que no solucionaba los problemas de fondo.
El dictamen pasó inmediatamente a aprobación, por órdenes del presidente del Congreso, Mario Taracena, quien ha insistido en que, pese a su importancia, las reformas deben aprobarse de forma «urgente». La rapidez con que ha querido hacer todo Taracena hizo que sonaran las alarmas.
Todas las aprobaciones urgentes a leyes conllevan un riesgo, ya que las lecturas se hacen de forma tan rápida que no es posible comprender lo que dicen los diputados, mientras que se facilita incluir enmiendas de última hora, aunque no hayan sido discutidas anteriormente, pero en este caso la urgencia derivaba en el deseo de que no se incluyeran temas que tocarán la parte medular del problema.
El documento enviado por la Corte eliminó parte de las reformas que fueron exigidas por miles de ciudadanos en la Plaza de la Constitución, entre ellas, la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pudiera cancelar partidos políticos por reincidencia o por violación de normas de financiamiento, así como las reformas tendientes a evitar la reelección de los diputados, entre otras. (Ver recuadro: Reformas importantes eliminadas por la CC).
De acuerdo con Regina Solís, activista social, los cambios a la LEPP que actualmente se discuten no son integrales ni incluyen todas las demandas que se exigieron desde finales de abril de 2015, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), sacaron a luz cómo operaban las redes de corrupción a lo interno de instituciones del Estado.
Por esa razón, Solís afirma que sin los cambios que se exigieron, los guatemaltecos estamos «obligados a tener más de lo mismo en el siguiente proceso electoral».
Para la entrevistada, entre los temas que aun quedaron pendientes de modificar en la reforma están: elección de candidatos por listados abiertos, separación de elecciones presidenciales con la de alcaldes y diputados, fiscalización y control al financiamiento privado de las agrupaciones políticas, que los Comités Cívicos Electorales promuevan candidaturas a un cargo de elección popular, por mencionar algunos.
LOS TEMAS QUE SE DEJAN DE LADO
Geraldine del Cid, analista política de la Universidad Rafael Landívar, señaló que dentro del Congreso existen muchos intereses, por lo que es probable que algunos partidos estén buscando entrampar las reformas para no discutir temas tales como el financiamiento de partidos políticos. «Los diputados que tienen deudas políticas no pueden mostrarse favorables a este tipo de reformas, aunque la transparencia es una demanda ciudadana, porque tienen a sus financistas detrás de ellos», explicó.
Al respecto de la paridad, Del Cid señala que la aprobación del artículo es importante; sin embargo, considera que abrir la participación a las mujeres no necesariamente garantiza que quienes lleguen al poder sean idóneas, por lo que también es necesario impulsar la aprobación de otros cambios legales.
«Puede ser una trampa que solo nos enfoquemos en uno de los artículos, que aunque es necesario y valioso, estamos desviando la atención de otros temas como la transparencia en el financiamiento, los espacios de propaganda en los partidos políticos, el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización del TSE, la venta de casillas para el listado de diputados y la democratización de las estructuras partidarias. Todo esto permite que se reduzca el financiamiento excesivo de la parte privada y anónima y, por ende, cerrar espacios para que el crimen organizado siga cooptando a los partidos políticos, así como evitar las deudas de favores», indicó.
Del Cid lamentó la actitud de los diputados del Congreso, que a su criterio, solo demuestra que responden a intereses propios y de sus financistas, y no a las demandas de la ciudadanía.
Reformas electorales que la Corte de Constitucionalidad descartó por considerar que estaban en conflicto con la Carta Magna
• Pre validación del proselitismo. Con esta reforma el TSE buscaba que los partidos políticos enviaran su propuesta de publicidad al Tribunal para que este aprobara que su contenido incurre en campaña electoral anticipada previo a la convocatoria de elecciones. Sin embargo, este cambio recibió la opinión desfavorable de la CC, lo que a criterio del ente electoral, deja la puerta abierta para que los partidos sigan con las mismas malas prácticas.
• Cancelación de un partido por reincidencia. Esta enmienda pretendía que el Registro de Ciudadanos del TSE iniciara el proceso de cancelación del partido político que reincidiera en cualquier falta de la LEPP. Esta modificación surgió luego que el ente electoral emitió sanciones y suspensiones drásticas a varios partidos políticos antes de la convocatoria de elecciones de 2015.
• Cancelación de una agrupación política en caso de violación a normas del financiamiento durante el proceso electoral. La CC decidió que el TSE no tendrá la posibilidad de cancelar un grupo político durante el proceso de elecciones generales si este llegara a violentar las normas del financiamiento; o por la gravedad de las faltas y/o reincidencia. Por ejemplo: rebasar el techo de campaña electoral fijado por el Tribunal Electoral, como pasó en el pasado proceso electoral.
• Comités Cívicos Electorales y diputados. Con la reforma al artículo 97 a la LEPP, el TSE buscaba que los Comités Cívicos Electorales pudieran postular a candidatos a un cargo de elección popular, para integrar corporaciones municipales, diputados al Congreso por distrito electoral y Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, esta recibió respuesta desfavorable de la CC.
• Incremento del presupuesto del TSE en época electoral. Esta enmienda pretendía que el año previo al proceso electoral, el TSE recibiera una asignación no menor del 1 por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, y 1.5 por ciento en el año del proceso electoral para cubrir los gastos electorales. Sin embargo, este tuvo la opinión desfavorable de la CC.
• Atribuciones del Inspector Electoral. El dictamen desfavorable de la CC a la reforma al artículo 147 inciso f) de la LEPP, no permitió que el Inspector Electoral denunciara ante las autoridades los hechos que constituyan delitos o faltas electorales, con la obligación de constituirse como querellante adhesivo y coadyuvar al Ministerio Público (MP), en el proceso correspondiente.
• Segunda vuelta electoral. Dentro de los cambios electorales, el TSE propuso que, en caso de un balotaje, este se celebrara en diciembre del año electoral. Sin embargo, este artículo recibió la opinión desfavorable de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
• Limitación de la reelección. Esta reforma buscaba que los diputados al Congreso únicamente pudieran ser reelectos por un periodo legislativo. Sin embargo, este cambio recibió dictamen desfavorable de la máxima corte.
• Otros requisitos a candidatos a un cargo público. La CC tampoco permitió que el TSE pidieran otros requisitos no regulados en la Carta Magna a los candidatos a un cargo de elección popular. El TSE pretendía garantizar la elección de aspirantes con méritos altos.
• Gestión y trámite del empadronamiento. Con esta reforma, el TSE pretendía que los ciudadanos mayores de edad que tramitaran su Documento Personal de Identificación (DPI), por primera vez, quedaran empadronados en los registros del Tribunal. El ente electoral pidió el artículo 224 bis luego de identificar que más del 60 por ciento de jóvenes que sacaron su DPI desde 2011 al 2015, no aparecían empadronados.
