POR KIMBERLY LÓPEZ
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A pesar del discurso de transparencia en la campaña del presidente Jimmy Morales, el proceso de selección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), solamente de parte del Organismo Ejecutivo, se ha mantenido hasta ahora un total hermetismo frente a la ciudadanía.
Pese a que la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y los organismos Legislativo y Judicial ya han hecho público el perfil y el nombre de los aspirantes, el presidente Morales mantiene la postura de no dar a conocer ésta información en el Ejecutivo.
El argumento que ha utilizado el mandatario es que «la ley no lo obliga» a hacerlo y por lo tanto su proceder se ha mantenido en el margen de la ley.
Además ha dicho que éste proceso se estará realizado según indique la legislación, pues de esa forma, el procedimiento «será transparente».
El mandatario cuenta hasta el 14 de marzo para presentar a su magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. No obstante, según el análisis de grupos de la sociedad civil y observadores del proceso, el secretismo no es garantía de transparencia y no asegura una correcta labor de designación.
La alarma se encendió ayer, cuando Morales confirmó que el abogado José Luis González Dubón, quien se opuso públicamente a la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el país, está siendo considerado para ser magistrado en la CC.
En 2007, La Hora publicó que González Dubón, en ese entonces representante legal de la Liga Pro Patria, pidió a la CC que “anulara totalmente” el decreto 35-2007 que dio luz verde en el Congreso de la República a la creación de la CICIG.
En esa ocasión el representante de la Liga Pro Patria, dijo que las acciones del Congreso en relación a la aprobación de la CICIG, “corrompe la legitimidad que desde su nacimiento tiene que tener una ley. Si queremos combatir la impunidad, tenemos que empezar por combatir la impunidad con que actuaron los diputados en este caso”.
RIESGOS
Carmen Aída Ibarra, analista e integrante del Movimiento Pro Justicia, opina que esta designación debería ser un proceso más transparente, pues de esta forma el Presidente tendría más insumos y criterios para tomar una decisión favorable y acorde a los intereses de los ciudadanos.
«No está teniendo una lectura completa del proceso de designación, hay riesgos en tener un proceso cerrado porque la designación no se está sometiendo al escrutinio público», criticó la analista.
Para Ibarra, la postura de Morales, al escudarse en que la ley no exige esta apertura, corresponde a una medida muy restrictiva. Asimismo, asegura que la oportunidad de que la sociedad civil pueda revisar el proceso de selección sí daría una garantía de encaminar esta decisión con un mayor respaldo ciudadano.
En varias ocasiones el Presidente ha sido cuestionado por los medios de comunicación sobre esto; sin embargo, ha mantenido su postura. Para ser magistrado de la Corte se deben cumplir con requisitos mínimos: ser guatemalteco, ser abogado activo con al menos 15 años de experiencia y tener una “reconocida honorabilidad”.
Estos son los parámetros que, según Morales, se evaluarán para depurar las posibilidades a ocupar éste cargo.
