POR CLAUDIA PALACIOS
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El juez Miguel Ángel Gálvez rechazó procesar penalmente a Frank Trujillo, abogado de Aceros de Guatemala, por un caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El togado argumentó que no existen suficientes evidencias de que Trujillo incurrió en los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y colusión, por lo que el Ministerio Público (MP) deberá continuar con las investigaciones en su contra.
Como medida preventiva, el juez dictó arraigo contra Trujillo, lo que quiere decir que provisionalmente no podrá salir del país.
El resto de implicados, entre los que se encuentran el exsuperintendente Omar Franco y los representantes legales de Aceros de Guatemala, sí quedaron sujetos a proceso penal.
Luego de resolver, el juez suspendió la audiencia y citó a las partes para mañana a las 9:00 horas para determinar si los procesados deberán ir a prisión preventiva.
De acuerdo con las investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, exsuperintendente de Administración Tributaria y Marroquín Navas, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en su contra por Q255 millones 612 mil 266.82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Además, con la presentación de documentación falsa que simulaba la exportación de productos, la estructura facilitó que la empresa recuperara Q11.8 millones en crédito fiscal.
En una de las llamadas presentadas en la audiencia indagatoria, se escucha al abogado Frank Trujillo discutiendo con Giovanni Marroquín Navas, supuesto líder de la organización, el contenido del informe que había sido solicitado por un juez. Trujillo advierte al operador que si bien el informe exime a Aceros de Guatemala de toda responsabilidad, no señala de forma explícita si la empresa cumplió o no con sus obligaciones tributarias, lo que pondría en riesgo la desestimación del caso.
El juez Gálvez indicó en la audiencia que no quedaba claro si Trujillo incurrió en un ilícito o solo estaba cumpliendo con su profesión.
