POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt
Ileana Alamilla, del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), es una de las voces que desde 2012 vienen exigiendo al Estado la implementación de un plan de protección a periodistas, ante el incremento de los ataques contra este gremio. El Gobierno de Otto Pérez Molina atendió la solicitud, pero no incluyó en el proceso de construcción del plan los argumentos planteados por los sujetos a los que debía proteger. Este mecanismo tuvo como resultado un proyecto preliminar lleno de contradicciones y burocracia, que a criterio de la entrevistada sería inviable e inefectivo.
Guatemala es un país donde mueren anualmente miles de personas, ¿por qué el Estado debería preocuparse de forma especial por los periodistas?
Entiendo su postura. Quiero decirle que los sindicalistas también están en una mesa técnica con Gobernación y están pidiendo un protocolo especial por la cantidad de dirigentes asesinados, que incluso ya está en la OIT- Organización Internacional del Trabajo-. También, las esposas de los pilotos de buses ya están organizadas y es lamentable lo que les ha sucedido. Garantizar la vida y la seguridad de todas las personas es una obligación del Estado, y no sólo para los periodistas.
Ahora, nosotros como periodistas cumplimos una función especial al trasladar parte de la realidad y la información importante a la ciudadanía, lo que permite la fiscalización y la auditoría social. También es un enorme aporte porque ofrece un insumo básico como lo es la información, indispensable para la toma de decisiones.
Sin asegurar que somos más importantes que el resto de la población, si es importante destacar que el papel de la prensa es estratégico en una sociedad democrática y que en el escenario en el que trabajamos, rodeados de agresores, de criminales, de autoridades que ejercen de manera abusiva el poder, de agentes del Estado que intimidan y agreden a los periodistas, se hace necesario que se crea un mecanismo para que se garantice el trabajo que hacemos, que es en función social. Además, esto es una recomendación de las Naciones Unidas porque la inseguridad de los periodistas se ha incrementado en el mundo de forma agravada.
1. Desde hace cuatro años que se viene discutiendo la implementación de un plan de protección a periodistas ¿Qué avances hay desde esa fecha? ¿Por qué no se ha concretado un plan aún?
Esta iniciativa surgió en 2012 a raíz del incremento de asesinatos de periodistas en el mundo, de cosas gravísimas que han pasado. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos de los Estados Americanos recomendó a los Estados adoptar programas de protección de periodistas. Cerigua y otras ocho entidades de prensa, a las que luego se incorporaron dos más, pensamos en que aquí era muy necesario, no solo por la situación de violencia y de inseguridad generalizada, sino por los asesinatos de periodistas. Del año 2000 a la fecha teníamos registrados 27 casos, que ahora ya se depuraron y se contabilizan 20 asesinatos desde esa fecha, incluyendo los tres asesinatos en Suchitepéquez el año pasado. Pensamos que era una oportunidad para nosotros como periodistas para exigirle al Gobierno acatar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de implementar programas y lo empezamos a platicar.
Entonces, empezamos a hacer todo un cabildeo con el Gobierno anterior, para que fuera una mesa de alto nivel, que fuera directamente el Presidente que reconociera que era necesario y que implementara el plan. Hicimos un cabildeo en las embajadas y en el 2012 le tocó a Guatemala pasar el examen periódico universal en Ginebra y fuimos, hicimos un cabildeo también allí y logramos que varios países recomendaran el programa.
El Gobierno, allí, en el palacio, se comprometió a adoptar el programa, pero en el camino esto se desnaturalizó y lo que hicieron fue establecer una mesa técnica en donde están sentadas entidades del Gobierno, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, la Secretaria de Comunicación Social, UNESCO y OACNUDH. No hay ningún periodista sentado en esa mesa técnica para discutir un programa de protección a periodistas.
Entonces, contrataron a una consultora, que desde nuestro punto de vista no tenía el perfil necesario para trabajar este proceso y la prueba está en lo que salió. O sea, hemos perdido realmente, mucho tiempo y no estamos en nada.
2. ¿No fueron convocados los periodistas a discutir el plan?
Hicieron todo un proceso, desde nuestra perspectiva, viciado, y no están ahí los sujetos que se pretendía proteger, porque cuando usted va a construir, si lo quiere hacer de manera participativa, usted lo tiene que hacer escuchando las voces de las personas en ese campo, pero aquí se hizo al revés. Aquí lo que se hizo no fue un análisis ni un diagnóstico previo y documentado, que permitiera avanzar en la construcción de este mecanismo.
Y ese documento, elaborado así como está, es el que se llevaron a presentar en los talleres en los departamentos, donde hubo poca participación de periodistas. Quienes asistieron fueron a cuestionar y no fueron atendidas sus observaciones. Muchos asistentes fueron de relaciones públicas o miembros de la Agencia Nacional de Noticias del Gobierno o de las entidades de Gobierno y después incorporaron a otros actores.
A nosotros nos convocaron en dos ocasiones. Una, porque hicieron un seminario internacional, donde trajeron a unos expertos de Colombia, que participaron en el programa de Colombia, y entonces, a ese seminario llegamos a decir lo que siempre hemos argumentando, haciendo ver que ese no era el mecanismo, que nosotros desconocíamos ese proceso, porque no estaba siendo democrático, porque no nos estaban viendo como sujetos democráticos y nos estaban viendo como sujetos de estudio.
En ese seminario, pasaron dos expertos y lo primero que dijeron es que si no estaban periodistas ahí, esto no tenía ninguna perspectiva, que eso iba para el fracaso. Y el otro elemento es que era necesario tender puentes de confianza, porque recuerde usted que como estaba involucrado el Estado y muchas veces son los agentes del Estado quienes agreden y violentan los derechos de los periodistas, si no hay confianza, esto no tendría viabilidad. Sin embargo, siguieron con misma metodología, ignorando todas estas recomendaciones y las protestas que nosotros y los compañeros de los departamentos que expresamos.
Luego, nos invitaron a un último taller, donde presentaron esto (la propuesta preliminar del plan). Nosotros obviamente no quisimos ir porque ¿a qué íbamos a ir si no tomaron en cuenta nuestra opinión desde el principio?
3. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta preliminar presentada por la mesa técnica al Gobierno?
La principal inconformidad es que no hemos sido escuchados ni medios, ni gremio, ni la gran mayoría de periodistas. El segundo problema es que el documento no parte de un análisis de estudios de la situación de la libertad de expresión en el país. Usted tiene que hacer un diagnóstico si quiere solucionar la situación, usted tiene que hacer un estudio de cuáles son algunos patrones de ataques, de cuáles son las agresiones reiteradas, cómo se dan y quiénes son los que están señalados de ellas, como supuestos responsables de estas agresiones.
Además, tiene información que no está apegada a la verdad, datos que no son precisos sobre las agresiones. Y una parte importante de la desnaturalización que se hizo fue que nosotros estamos planteando un mecanismo de protección a periodistas, pero este proceso terminó siendo un mecanismo para proteger la libertad de expresión en general, porque aquí incluyeron a artistas, activistas, una cosa tan amplia que va a ser difícil de cumplir.
El otro problema es que crea un aparato inmenso, burocrático, que funciona casi paralelamente al Estado. Eso tampoco va a ser funcional. Lo que hay que hacer es que las entidades del Estado, que tienen sus capacidades establecidas por la ley, cumplan lo que les corresponde, pero en coordinación interinstitucional.
La propuesta tampoco toma en cuenta algunos elementos que ya se han ido adelantando como parte para atenuar los riesgos. Por ejemplo, ellos minimizan una unidad de análisis de patrones de ataques a periodistas, sindicalistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos, donde están sentadas las mismas instituciones de la mesa técnica, con la diferencia que ahí están los investigadores también, relacionados a los casos, está la entidad civil y estamos los que queremos estar desde siempre.
Lo que necesitamos un mecanismo rápido, efectivo y que logre evitar un daño irreversible, pero con esta gran construcción, que además invade competencias, eso va a ser imposible.
También presenta contradicciones. Comienza diciendo que se trata de un programa y lo muta diciendo que luego va a ser un sistema, como se crea ese monstruo, y ese sistema tiene como siete programas. Pero, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que el Estado adopte esto en la situación en la que estamos? Tampoco quisiéramos que esto se convierta en una discusión eterna, ya mataron a otros dos periodistas, ¿qué estamos esperando?
Estas son solo observaciones preliminares, yo todavía lo estoy sistematizando y estoy esperando a que las cámaras, las entidades departamentales y los medios nos envíen sus observaciones.
4. ¿Cuál ha sido la actuación de la consultora Margarita Castillo?
Yo creo que no es la persona idónea porque no es periodista, no tiene experiencia en el área, ahorita ha tenido acercamiento con el gremio, pero su especialidad es el Sistema Penitenciario. Entonces, pensamos que no es la idónea y se precipitaron, por eso el resultado es éste, que está siendo cuestionado por el mismo gremio.
Nosotros la hemos desconocido, para nosotros el trabajo que hizo fue deficiente, ignoró todas las demandas que hicimos, nos invisibilizó en el mismo documento, maliciosamente manipuló información y nosotros, como grupo, le estoy hablando de 16 organizaciones, la desconocemos. No sabemos cuánto cobró por la consultoría que hizo, pero no tenemos ningún interés en que siga vinculada con ella.
5. ¿Cuál ha sido la respuesta del nuevo Gobierno a su inconformidad con el proyecto?
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el licenciado Alfredo Brito, se comprometió con nosotros, quienes nos reunimos con él, representantes del gremio, a que iba a suspender las reuniones de la mesa técnica y lo ha cumplido. Está esperando la propuesta nuestra para ver qué medidas se toman. Estamos en la fase en que vamos a presentar nuestras observaciones sobre este documento y la propuesta de un relanzamiento del plan, que incluya a los sujetos a los que se pretende proteger. La Unesco nos respalda totalmente y se lo hizo saber al secretario de Comunicación.
6. ¿Hay buena voluntad entonces?
Con quien hemos hablado es con el secretario y sí, de parte de él, y de la licenciada Lucy Barrios, sí vemos que hay. Por lo menos, han asumido el compromiso, y lo han honrado.
7. ¿Considera que es necesario comenzar de cero un nuevo plan?
Pues para mí el avance es que ya estamos siendo escuchados y vamos a poder presentar nuestras objeciones. Hay algunas cosas que se podrían rescatar del plan actual, no mucho, pero se pueden rescatar. Yo creo que lo más importante es la lección aprendida, porque usted no puede hablar por otros, no puede considerar a las personas como objeto de estudio y tampoco puede dejar de lado a las asociaciones gremiales.
8. Si los mismos agresores, como usted ya ha dicho, son agentes del Estado: policías, guardias de seguridad, alcaldes, etc. ¿Tiene sentido que este mecanismo se construya desde el Gobierno?
Incluso aquí mismo en la APG – Asociación Guatemalteca de Periodistas- hay personas que piensan eso, pero vea usted ¿a quién le vamos a pedir protección? ¿Quién es, de acuerdo a la Constitución, en que está obligado a garantizar la vida y la protección de las personas? Tal vez lo que habría que ver es dónde se a alojar el mecanismo o cómo se va a hacer esa coordinación entre las instituciones del Estado encargadas de la investigación, de la prevención de la protección y además, lo más importante, del juicio y castigo a los responsables, porque ahí hay un montón de denuncias en la impunidad.
La Unidad de Delitos contra Periodistas, el año pasado tuvo más denuncias que en los años anteriores y ni siquiera han terminado las denuncias del año 2014. Yo entiendo, la mora judicial que hay, pero hay muchos que no han avanzado, de las 20 denuncias que le dije por asesinato, solo una ha llegado a condena.
9. Usted menciona que el plan refleja desconocimiento del contexto de vulnerabilidad de la labor periodística ¿cuál es esta situación?
Haciendo esa diferenciación, entre periodistas de la capital y de los otros departamentos, yo le puedo decir que aquí (la capital) no sabemos realmente lo que está pasando en el país, porque muchos periodistas departamentales no pueden informar sobre casos graves que están ocurriendo porque se ponen mucho en riesgo, porque están conviviendo con la criminalidad.
Por ejemplo, los casos que han sido revelados, que fueron escandalosos sobre asesinatos surgieron y se publicaron precisamente por lo escandaloso que significó, pero eso es la explosión de algo que ocurre cotidianamente, y si no, veamos, el problema de los polleros, en las zonas fronterizas. Los periodistas saben quiénes son, cuáles son los pasos, pero eso no se puede trabajar, es muy arriesgado porque también estas personas conocen al periodista y a sus familias. Eso es lo que no se refleja ahí – en el documento – esas son las cosas a las que hay que buscarle una salida.
Nosotros hemos dicho que aquí está implantada la censura y la autocensura. Lo mismo con el tema del narcotráfico, que ahora ya se ha difundido un poco más, pero los periodistas del área rural están en un riesgo enorme si informan sobre lo que está sucediendo en sus regiones. Hay muchos temas peligrosos, como el contrabando de combustible o el tráfico ilegal.
¿Y quiénes son los agresores? Trasladémonos al escenario capitalino. Es la Policía, que usualmente es intolerante hacia la función periodística, son agentes vinculados al Estado, son seguidores de algunos funcionarios. Hace poco capturaron a un exalcalde porque sus guardaespaldas agredieron a periodistas. La población también, hemos tenido varios casos, en los que cuando los periodistas van a cubrir un suceso, la población no quiere que se informe de ello ya agrede al periodista y destruye su equipo.
Como usted ve, hay una diversidad de agresores y entonces hay que discutir ¿cómo vamos a hacer para que la autoridad cumpla la ley y no agreda a comunicadores? Y segundo, ¿cómo vamos a hacer para que la autoridad cumpla con su función? Porque a veces está la autoridad presente y no hace nada.
10. Luego del asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez se inició una discusión acerca de la responsabilidad de los mismos medios para proteger a sus periodistas, ya que, como es conocido, los corresponsales trabajan en algunas ocasiones por un sueldo menor y no cuentan con seguridad social o seguro de vida. ¿No cree que también debería haber un debate interno sobre la protección a comunicadores?
Eso sería lo ideal, que el medio tuviera especial interés en que su personal no sufriera ningún riesgo, pero yo creo que no se da. El tema de la precariedad en el trabajo, los bajo salarios, es otra realidad que lo expresan los periodistas departamentales, eso no debería haber una rivalidad, pero ellos muchas veces se sienten discriminados por la prensa nacional. Yo creo que nosotros estamos llamados a romper con eso y a entender las condiciones vulnerables en que los periodistas departamentales ejercen, porque nosotros estamos en una situación privilegiada. Pero eso ya es una cuestión más de carácter laboral, que para eso están los sindicatos, que usted ya ve como están de satanizados los sindicatos.
LA RESPUESTA DE CASTILLO
La Hora intentó obtener un reacción por parte de Margarita Castillo, consultora de la mesa técnica del plan de protección a periodistas.
Se intentó contactarla a través de la Secretaría Social, pero fue imposible por este medio. Posteriormente, se llamó a su número celular y la aludida indicó que se encontraba en una reunión, por lo que se acordó que se publicará su postura en cuanto esté disponible.
