Former army officer Esteelmer Francisco Reyes Giron, right, listens to his lawyer Moises Galindo during the trial against him and a former paramilitary fighter accused of sexual violence against indigenous women during Guatemala's civil war, in Guatemala City, Thursday, Feb. 25, 2016. Military forces are accused of subjecting Mayan indigenous women from the Q'eqchi community to systematic sexual and domestic slavery in 1982 after repeatedly attacking Sepur Zarco, a small village in northern Guatemala, where community leaders were killed or disappeared. (AP Photo/Moises Castillo)

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó el viernes al coronel retirado Esteelmer Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdés Asij a 120 y 240 años de prisión respectivamente, por los delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual y desaparición forzada contra 15 mujeres q’eqchi’ en el destacamento Sepur Zarco, durante el conflicto armado interno.

Por Redacción La Hora *
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La presidenta del Tribunal, Yassmin Barrios, leyó la sentencia en la que indicó que los jueces consideraron que las mujeres sí fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica en el referido destacamento. Asimismo señaló que el daño ocasionado a las víctimas trascendió sus cuerpos y sus mentes y se rompió el tejido social.

El jefe del destacamento, el coronel retirado Esteelmer Reyes Girón, fue condenado a 30 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual y tratos inhumanos. El Tribunal también sumo una pena de 90 años de prisión por el asesinato de Dominga Coc y sus dos hijas menores de edad.

Mientras que el excomisionado militar Heriberto Valdés Asij fue condenado a 30 años de prisión por deberes contra la humanidad y 210 años por la desaparición de cinco campesinos.

De acuerdo con la jueza, el Tribunal A de Mayor Riesgo estableció que los condenados primero mataron a los hombres y luego satisfacieron sus necesidades sexuales con ellas, tratándolas peor que animales.

Los jueces creemos firmemente en los testimonios de las mujeres de Sepur Zarco, indicó Barrios. «Delitos de esta naturaleza no deben volver a repetirse nunca más», agregó.

Este es el primer caso de esclavitud sexual juzgado en un Tribunal tras una denuncia presentada por mujeres víctimas de violaciones masivas durante el conflicto armado interno.

Tras conocerse la sentencia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI) valoraron la sentencia en contra de los acusados

La condena en contra de militares retirados por abusos sexuales es una victoria para la justicia en el país, señaló AI en un comunicado.

Luego de conocerse el dictamen, las sobrevivientes de abuso sexual saludaron a las personas que se reunieron afuera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para celebrar la sentencia.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1983, en el destacamento militar Sepur Zarco, ubicado en el municipio de El Estor en el departamento de Izabal.

Según la acusación de la fiscalía, Reyes Girón en su calidad de subteniente del ejército y comandante de pelotón «autorizó y consintió» los vejámenes a las que fueron expuestas las mujeres durante al menos seis meses.

Indicó que las sometieron a esclavitud sexual y doméstica, pues además de ser violadas debían lavar la ropa y cocinar para los soldados.

«Fuimos violadas… todo eso pasó…si no fue así ¿dónde están nuestros esposos, que no sabemos dónde están», dijo Demesia Yac, de 70 años, una mujer indígena q’eqchí, que habló en representación de 11 mujeres. Denunció haber sido violada y su esposo hecho desaparecer durante la guerra civil.

En la audiencia número 19, Paula Barrios, representante de la organización Mujeres Transformando el Mundo dijo que el sistema «patriarcal, clasista, machista» contribuyó a utilizar los ataques contra las mujeres como armas de guerra, lo que produjo violaciones masivas a mujeres que tuvieron como consecuencias enfermedades físicas y psicológicas.

Durante 20 días de debate, fiscales del Ministerio Público (MP) presentaron pruebas periciales, documentales, testimoniales y científicas que permitieron la sentencia condenatoria.

La audiencia de reparación de las víctimas será el 2 de marzo y el 4 de ese mismo mes será la lectura íntegra de esa sentencia.
*Con información de Associated Press

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