POR KATERIN CHUMIL
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La Corte Suprema de Justicia resolvió suspender de manera temporal el arresto domiciliario de la jueza Jisela Reinoso, señalada de enriquecimiento ilícito. Esto, luego de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaran un amparo contra la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, que confirmó las medidas sustitutivas en favor de la togada.
El arresto domiciliario fue otorgado por Darwin Porras, titular del Juzgado Segundo Penal. En la audiencia donde Reinoso pidió dejar la prisión preventiva el togado decidió otorgarle una medida sustitutiva, a cambio de una fianza de Q150 mil.
Los entes de investigación rechazaron el fallo, señalando que existe probabilidad de que la jueza ejerza influencia en el proceso y obstaculice la justicia.
Por ello, la CC interpuso un amparo en la CSJ, que en fecha reciente otorgó la protección de forma provisional, ordenando suspender temporalmente los beneficios de la togada. La resolución definitiva aún está en trámite.
De acuerdo con los alegatos de la Comisión la decisión de Porras “violenta el principio de legalidad con relación a los tres delitos que se le sindica a Reinoso Trujillo. Asimismo dicha Sala y el juez Porras no tomaron en consideración el análisis de los medios de investigación presentados por el Ministerio Público y la CICIG; tampoco el juez analizó ni individualizó la situación jurídica de la sindicada en relación a la obstaculización de la averiguación a la verdad y el peligro de fuga”.
Asimismo, el 25 de enero de 2016 se recusó al juez Porras por la violación al principio de la independencia judicial y al debido proceso, porque se comprobó que fue asistente y alumno de la jueza Reinoso Trujillo en varios cursos que impartió en la Universidad Rural, durante los años 2011 y 2012. Esta acción no ha sido resuelta.
ANTECEDENTES
La CICIG y el MP señalan a Reinoso de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
Según estiman los denunciantes, los estados de cuentas de la togada reflejan que su patrimonio total asciende a Q1 millón 439 mil 924, dinero del cual se desconoce su procedencia.
Entre los indicios presentados por el MP para ligar a proceso a la ahora exjuzgadora se encuentran la compra de una propiedad valuada en Q2 millones 377 mil 439, enganchada por la cantidad de Q775 mil 982, monto cancelado con cheques de gerencia y otros Q333 mil 905 de los cuales no puede rastrearse el origen. También se mencionaron las compras de 3 vehículos y el ingreso a sus cuentas de dinero en efectivo de origen desconocido.
Las pesquisas señalan que ni los salarios de su esposo ni los de su hija pueden justificar el patrimonio de la togada.
