POR MARIELA CASTAÑÓN
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Según el Ministerio Público (MP) hasta el 19 de febrero recibió 739 denuncias de extorsión a nivel república, de las cuales se estima que un porcentaje alto sigue planificándose desde las cárceles del país.
Calixto Suy Toj, de 64 años, murió el pasado domingo cuando manejaba un microbús en la 4ª. calle y 13 avenida de la colonia La Brigada en la zona 7 de Mixco.
Suy trasladaba a siete usuarios del transporte, quienes resultaron heridos tras el atentado, pues el conductor empotró el microbús contra una pared, causando golpes a los pasajeros.
Las personas afectadas fueron Martín Par, de 65 años; Andrea Osorio Par, 20; Marta Lidia Osorio Par, 40; Juana de la Cruz, 42 y tres menores de edad entre los 10 y 15 años, informaron los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil (PNC).
La información preliminar recabada indicaba que el atentado podría estar relacionado con “la extorsión”.
UN MAL QUE PERSISTE
Estadísticas del MP refieren que un total de 739 denuncias fueron recibidas este año por el delito de extorsión.
En 2015 la estadística fue de 5 mil 986, en tanto se estima que el 70 por ciento de este ilícito es planificado desde las cárceles del país.
El fiscal de Sección Adjunto de la Fiscalía contra las Extorsiones del MP, Raúl Figueroa, explicó recientemente a La Hora, que la extorsión se planifica en varios centros carcelarios, entre estos el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, en el complejo de las cárceles de Fraijanes y en el Boquerón en Santa Rosa.
De acuerdo con Figueroa, la situación es compleja porque el ingreso de teléfonos celulares persiste, pese a las requisas que se efectúan periódicamente.
Por otro lado, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo la semana pasada que verificarán las soluciones técnicas implementadas en los 21 centros carcelarios, por parte de las empresas telefónicas.
Esas soluciones técnicas las demanda el Artículo 3 de Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento a la Infraestructura para Transmisión de Datos, que entró en vigencia el 25 de diciembre de 2014.
Esta no es la única normativa para regular el tema, pues en 2013, entró en vigencia Decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles, la cual endurece las penas a quien ingrese o facilite un teléfono celular en las prisiones. La disposición no ha logrado evitar este ilícito, debido a la corrupción que impera en el Sistema Penitenciario (SP).
