POR MARIELA CASTAÑÓN
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El pasado 16 de febrero, la familia Arévalo Garrido cumplió 365 días de esperar la justicia que nunca llegó, pues precisamente en esa fecha, pero en 2015, desapareció y posteriormente fue encontrada muerta la técnica radióloga Jacoba Elizabeth Arévalo Garrido. El principal sospechoso es la pareja de la joven, quien sigue prófugo de la justicia.
Alba Garrido, madre de Jacoba, opinó que es difícil que se aplique justicia en el caso de su hija, pues ha pasado el tiempo y no ha sido detenido el principal sospechoso de esa muerte, Juan Carlos Fuentes, quien era pareja de Jacoba.
“No se vio nada en la justicia. Dios sabrá que va a pasar con él, si no pasó nada cuando el hecho fue reciente, menos ahora que ya pasó el tiempo, de lo único que le doy gracias a Dios es que mis nietecitos están conmigo”, afirmó la entrevistada.
Los hijos de Jacoba tienen 3 y 1 un año, respectivamente; el segundo menor de edad en mención aún lactaba cuando su progenitora murió.
La Fundación Sobrevivientes, que es querellante en este caso busca tipificar la muerte de Jacoba Arévalo como femicidio, pues reúne las características de un delito de esta magnitud.
“El derecho penal tiene una figura general que es el homicidio, pero cuando hablamos de un femicidio es una figura especial que se da principalmente entre parejas o alguien que ha tenido algún tipo de relación con otra persona que lo conozca, que sea familiar o que esté dentro de la comunidad; en el presente caso –de Jacoba y Juan Carlos– ellos habían tenido una relación de pareja y tenían dos hijos. Ella sufrió violencia en el hogar y cuando le dan muerte se tipifica como femicidio”, explicó hace algún tiempo el abogado de la Fundación Juan Carlos Aquil.
ANTECEDENTE
El 16 de febrero de 2015 desapareció en Tiquisate Escuintla, Arévalo Garrido, tras una discusión con el padre de sus hijos, Juan Carlos Fuentes.
El 24 de marzo, las autoridades confirmaron que tras practicar una prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN), el cuerpo carbonizado que ingresó como XX el 17 de febrero, correspondía al de Arévalo Garrido.
En los hallazgos del caso, la Fundación Sobrevivientes encontró varios indicios para sospechar de Fuentes, pues tras la desaparición de su esposa, justificó que “simplemente se fue”, además evitó que los familiares de la joven entraran a la morgue a reconocer el cadáver, en tanto, a él le encontraron el teléfono y los documentos personales de la radióloga.
98 SENTENCIAS POR FEMICIDIO
El Caso de Arévalo Garrido aún no alcanza ninguna sentencia, pues Fuentes sigue prófugo de la justicia.
Por otro lado, el Organismo Judicial (OJ), emitió 98 sentencias en 2015, de las cuales 70 fueron condenatorias y 28 absolutorias.
Los departamentos que reportan mayor número de sentencias alcanzadas fueron Guatemala con 45 sentencias, Chiquimula y Alta Verapaz con 8.
APRUEBAN LEY
Tras un largo proceso, fue aprobada la iniciativa de Ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, el pasado 28 de enero, que busca crear una coordinación entre instituciones cuando desaparece una mujer.
Carmen López, de la Convergencia Ciudadana de Mujeres ha reiterado la importancia de una ley que permita la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, pues de esta forma se evitará hechos trágicos como una muerte.
A criterio de la profesional, esta iniciativa es importante porque así se lograrán articular acciones interinstitucionales y se emprenderán acciones inmediatas.
Sentencias por femicidio
98 sentencias emitió el OJ en 2015 por femicidio
70 sentencias fueron condenatorias
28 sentencias fueron absolutorias.
Ley contra el femicidio
Artículo 1. Objeto y fin de la Ley. La presente ley tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos.
El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por Guatemala.
