POR: KATERIN CHUMIL
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Según información del Organismo Judicial, otra de las cuentas inmovilizadas está registrada en Banco del Desarrollo Rural a nombre de Lissette Leal. En el mismo banco se encuentra una tercera cuenta a plazo fijo con el depósito de un pagaré a favor de Grupo Pixel. Las beneficiarias de la misma son Lissette y Rosa María de Pérez, esposa del ex mandatario. El pagaré en cuestión fue depositado a la financiera MVA, S.A.
El embargo fue solicitado por el Ministerio Público (MP) como una medida cautelar mientras se hacen las averiguaciones de la procedencia del dinero. Una de las hipótesis que maneja la fiscalía es que éste puede provenir de las actividades ilegales de la estructura de defraudación aduanera “La Línea”, cuyo presunto líder es el expresidente Pérez Molina.
SUMAN 16 BIENES EMBARGADOS
La familia de Pérez Molina suma 16 bienes embargados por el juzgado de Extinción de Dominio. En septiembre pasado, la Sala de Extinción de Dominio confirmó la inmovilización de la finca de descanso del expresidente Otto Pérez Molina, ubicada en Zaragoza, Chimaltenango. Dicha finca está conformada por seis terrenos que fueron unidos.
Además confirmó la inmovilización de Q5.2 millones y $22 mil en cuentas a nombre del expresidente.
El yerno del presidente, Gustavo Martínez, también pelea ocho de sus bienes en los tribunales, luego de que el pasado 5 de enero le fueron embargados dos lotes ubicados en el condominio San Pedro el Alto, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, valorados en Q1 millón 12 mil 500.
También se embargó su apartamento de residencia, ubicado en el edificio Real de la Villa, zona 10. El bien está valorado en Q1 millón mil 712 y cuenta con cuatro espacios de estacionamiento y una bodega, también inmovilizados.
Según las investigaciones, Martínez compró el apartamento de la zona 10 en diciembre de 2013, a la corporación Inversiones El Refugio, S.A., vinculada a César Medina Farfán, supuesto cabecilla de la estructura de tráfico de influencias.
El inmueble fue comprado cuando dilucidaba un conflicto con la empresa Jaguar Energy, para la cual supuestamente Martínez traficaba influencias.
Una de las teorías del MP es que el apartamento fue el pago del soborno por intervenir ante un conflicto con trabajadores de nacionalidad china, en el cual tuvo injerencia la Dirección General de Migración.
