POR KIMBERLY LÓPEZ
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Una enmienda que se presentó ayer durante la sesión plenaria del Congreso, en la que se discutieron las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, es blanco de críticas por activistas que ven en esa propuesta una oportunidad para el fortalecimiento de la impunidad y la corrupción.
De ser aprobada la enmienda al artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público complicaría la labor del ente investigador, ya que solo podría solicitar colaboración e información de instituciones y entidades públicas en las pesquisas «con la autorización de juez competente, quien determinará la procedencia o no del requerimiento en un proceso de investigación».
La propuesta fue firmada por los diputados Adin Maldonado, de FCN-Nación; Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista; Juan José Porras de ViVa; Carlos Fión, de Creo; Estuardo Galdámez, de FCN y Julio Lainfiesta de FCN, entre otros legisladores que firmaron el planteamiento pero sin escribir su nombre.
Actualmente la normativa señala que la Fiscalía podrá pedir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, para el cumplimiento de sus funciones, estando estos obligados a prestarla sin demora y proporcionar los documentos e informes que les sean requeridos.
Por eso, la diputada Sandra Morán, del grupo Convergencia, se pronunció en contra de la enmienda, que a su criterio «amarraría» la capacidad de investigación del Ministerio Público, lo cual resultaría perjudicial en la lucha contra la impunidad.
A criterio de Morán, quienes se pronuncian a favor de esta enmienda con el supuesto argumento de proteger información privada, lo hacen para buscar protección hacia actos impunes. «Hay un miedo ante investigaciones del Ministerio Público; este tipo de posturas son expresiones de miedo de los funcionarios», afirmó.
Activistas de la sociedad civil comparten la percepción de la congresista. Según Helen Mack, de la fundación Myrna Mack, quienes promueven este tipo de reformas se sienten amenazados con las investigaciones que pueda hacer el MP y «buscan una forma de obstaculizar la investigación».
De la misma forma opina Jorge Santos, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, quien asegura que la propuesta en mención lacera la independencia del órgano rector de investigación criminal.
Asimismo asegura que quienes están a favor de la misma, son aquellos que han vivido bajo el amparo de la impunidad y ahora se ven amenazados.
«Es la bancada tránsfuga del Presidente que ha comprado diputados y busca impulsar reformas de impunidad, obstaculizan la labor del Ministerio Público», señala.
El activista concluye que de darse en el Congreso estas iniciativas, se estarían «echando a la borda» los esfuerzos logrados en casos que se encuentran en proceso contra la corrupción, impunidad, lavado de dinero, entre otros.
«Nuevamente no se está escuchando el clamor popular expresado en su momento en la Plaza de la Constitución», lamenta Mack.
Por su parte, Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala -integrada también por los diputados Luis Pedro Álvarez, Fernando Enrique De León Asturias, Erick René Lainfiesta Cáceres, Héctor Leonel Lira Montenegro, Luis Fernando Montenegro Flores y Dorian Delfino Taracena Godínez- aseguró que su postura sí respalda esta enmienda.
El argumento de Montenegro es que esto daría garantía de protección a la información privada de personas y que esto no afectaría el trabajo del MP.
«Hay un miedo ante investigaciones del Ministerio Público; este tipo de posturas son expresiones de miedo de los funcionarios».
Sandra Morán
Diputada
