POR: KATERIN CHUMIL
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Una serie de llamadas telefónicas interceptadas en el Caso Impunidad y Defraudación pretenden comprobar que Frank Trujillo, abogado de Aceros de Guatemala, incidió en un informe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa. Lo anterior se habría logrado a través de una estructura de corrupción en dicha institución pública que colaboró para lograr la desestimación de tres querellas penales por evasión de impuestos contra la compañía. Las grabaciones se reprodujeron en el segundo día de la audiencia de primera declaración contra los supuestos implicados en el fraude.
Las conversaciones fueron interceptadas en diciembre de 2014 a Giovanni Marroquín Navas, presunto operador de la estructura de corrupción, en la que están implicados varios funcionarios de la SAT.
Según explicó el Ministerio Público (MP) Marroquín Navas gestionó junto a varios funcionarios de la SAT la modificación de un informe de revisión sobre el cumplimiento de la contribución tributaria de Aceros de Guatemala, con el objetivo de absolverla en tres querellas penales en su contra.
En una de las llamadas presentadas en la audiencia indagatoria, se escucha al abogado Frank Trujillo discutiendo con Marroquín Navas el contenido del informe que había sido solicitado por un juez. Trujillo advierte al operador que si bien el informe exime a Aceros de Guatemala de toda responsabilidad, no señala de forma explícita si la empresa cumplió o no con sus obligaciones tributarias, lo que pondría en riesgo la desestimación del caso.
Estas preocupaciones quedaron plasmadas en un correo escrito por Trujillo a Rigoberto Chacaj Soc, otro supuesto operador de la estructura. En una llamada interceptada, éste último lee el contenido del mensaje a Marroquín Navas, el cual dice así:
“He visto el informe y en realidad es muy concreto y se limita exclusivamente a responder lo requerido por las dos letras, lo cual no incluye en ningún momento lo relacionado a si Aceros cumplió o no con sus obligaciones. Ese extremo nos daría más comodidad para nuestra postura. Lo resaltable de los dos informes más importantes es que señala a quienes ellos consideran a los verdaderos responsables.
Ahora, lo importante será saber, si el no incluir el aspecto de si Aceros cumplió o no con sus obligaciones afectará la posición de la fiscalía. Recordemos que para eso será la audiencia del 3 de febrero, en donde SAT debe ratificar su informe y especialmente saldrá a luz en esa audiencia si Aceros tiene alguna responsabilidad.
Con lo sucedido ahora, todo pinta a que se nos debe dar la desestimación parcial, únicamente en favor nuestro. Algo sumamente importante será el compartir con MP, cuál es su lectura del informe SAT, si satisfacía sus expectativas o no. Espero sostener una reunión de equipo y sugiero que pueda llevarse a cabo el martes 6 de enero, ya que por esta vía no es lo más conveniente para platicar. Saludos”.
En conversaciones de fechas anteriores al correo, Trujillo informa a Marroquín Navas que ya ha revisado los documentos y que la SAT, no se opondrá a la desestimación del caso, ya que los informes van como ellos lo solicitaron. Así mismo se señala que Ariel Guerra, intendente de fiscalización, de pseudónimo el chiquito, debía de colocar de forma técnica todo lo que le solicitaran en el informe.
Según el MP, en la manipulación del informe a favor de Aceros de Guatemala participaron 11 trabajadores de la SAT. La empresa era señalada de defraudar al estado por más de Q255 millones.
