POR VIRGINIA CONTRERAS
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La Alianza Nacional por la Transparencia se reunió esta mañana, por segunda ocasión, para abordar diversos temas, entre los que destaca el diagnóstico de los Pactos Colectivos analizados por la Procuraduría General de la Nación (PGN), en donde el vicepresidente Jafeth Cabrera indicó que en el 98 por ciento de estos no se realizaron las consultas pertinentes a las instancias encargadas de los procesos, lo que determinó que muchos no estén en ley.
A decir del funcionario, no fueron consultadas la Dirección Técnica del Presupuesto, responsable de normar, dirigir y coordinar el proceso presupuestario, así como analizar, controlar y evaluar la ejecución de este; además de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), institución encargada de administrar en forma técnica el sistema del recurso humano de la Administración Pública.
Derivado de ello, Cabrera destacó que se está haciendo la propuesta de que cada instancia que se encuentre registrada en los Pactos Colectivos presente el análisis y el estudio del área en donde estos acuerdos están ocasionando un impacto económico.
Aclaró que ignoran a cuánto asciende el monto invertido en ellos y por consiguiente, lo que procede será dialogar con los sindicatos y tras los procesos legales determinar cuáles son los que pueden continuar y cuáles no.
En esta misma línea, María Eugenia Villagrán, titular de la PGN, manifestó que de los catorce pactos analizados desde el mes de noviembre, se han emitido dictámenes en contra del suscrito en el Ministerio de Salud, Congreso y Registro de la Propiedad. En este último caso, en contra de la extitular, Anabella de León.
Villagrán explicó que los contratos no quedan suspendidos, ni han sido declarados lesivos, puesto que la PGN al realizar el análisis emite una conclusión al órgano o institución que ha firmado el pacto.
No obstante, añadió que en este momento son inviables económicamente, puesto que se otorgaron beneficios sin consultarle al Ministerio de Finanzas, si contaba con la disponibilidad financiera y la capacidad de pago.
Detalló que seis están en análisis, siendo estos el suscrito en el Diario de Centro América, Tipografía Nacional, Empresa Portuaria de Santo Tomás, Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y las alcaldías de Jalapa y Zacapa.
La Alianza por la Transparencia busca impulsar reformas administrativas y legales para combatir la corrupción en Guatemala.
Esta agrupación es conformada por la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y la Organización Acción Ciudadana.
