POR KIMBERLY LÓPEZ
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En su informe circunstanciado, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) expuso las principales condiciones que demostró el país respecto a garantía de derechos humanos para la población, durante el 2015, año que la PDH califica como «peculiar» por la serie de exigencias sociales y políticas generadas en torno a los casos de corrupción en los funcionarios del periodo pasado.
El procurador Jorge de León Duque llegó esta tarde al Congreso para presentar el documento. Al Legislativo también acudieron el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas y la fiscal general, Thelma Aldana, así como miembros de la comunidad internacional.
El PDH resaltó temas como el combate a la corrupción y abogó por la transparencia. Según dijo, nunca se había hecho tan evidente la conexión entre la corrupción y la violación de derechos humanos.
En las recomendaciones sobre Transparencia y Combate a la Corrupción, De León Duque instó a fortalecer la fiscalización de las instituciones públicas y priorizar las que tienen un papel de desarrollo humano. También ejecutar con transparencia los fondos públicos del Estado y facilitar su fiscalización.
Sobre el tema de salud en el país, el documento da cuenta del «colapso del sistema de salud», debido, entre otras cosas, a que tres cuartas partes del presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se habría perdido en actos de corrupción, al debilitamiento del primer nivel de atención, la falta de cobertura, las limitaciones para el registro de medicamentos genéricos.
El presupuesto vigente del Ministerio de Educación en 2015 fue el más alto de todos los ministerios, con un aumento del 4.71 por ciento en relación con 2014.
Esto representó el 2.52% del Producto Interno Bruto. Según la PDH, este monto está por debajo del promedio centroamericano y por debajo del 7 por ciento que prevé la Ley de Educación Nacional. Además, del total del presupuesto asignado, a diciembre de 2015, el 85.5 por ciento del monto ejecutado fue para pago de servicios personales, dejando una baja porción de los recursos para la implementación de programas para mejorar la cobertura y calidad educativa a nivel nacional.
Otro aspecto destacado fue la situación laboral. Sobre esto el informe reveló que el Estado no garantiza el ejercicio del derecho humano al trabajo conforme principios de justicia social, «incumpliendo así sus obligaciones constitucionales».
Finalmente, el análisis de esta entidad, criticó la poca atención del país al derecho de un ambiente sano. Esto, a partir de la poca designación de recursos al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
