KATERIN CHUMIL
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Ariel de Jesús Guerra Castillo, Intendente de Fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y Frank Manuel Trujillo, abogado de la empresa Aceros de Guatemala, se presentaron de forma voluntaria al juzgado B de Mayor Riesgo, luego de ser señalados de participar en un negocio de corrupción y defraudación tributaria.
Guerra Castillo y Trujillo estaban prófugos desde el pasado viernes, cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develaron el Caso denominado Impunidad y Defraudación.
La llegada de los presuntos implicados a tribunales provocó que la audiencia de primera declaración en contra de los sindicados se retrasara más de dos horas. Esto, debido a que la defensa de Trujillo interpuso numerosos recursos para que el juez Miguel Ángel Gálvez aceptara anular la orden de captura en contra de su cliente, y que de esta forma, pueda permanecer en libertad mientras se resuelve su situación judicial.
El abogado de Trujillo señaló al juez que su cliente no quiere ser detenido, y que por ello, acudió voluntariamente a los tribunales; sin embargo, el juez negó la petición.
Tras resolver otros recursos de los abogados defensores, el juez decidió suspender la audiencia, ya que los entes de investigación hicieron ver que “por falta de fondos” no pudieron entregar el expediente de la acusación en físico, sino en digital.
La representante de Aceros de Guatemala, María Eugenia Valdez Gómez, detenida ayer por su presunta colaboración en el caso, no asistió a la audiencia porque se encuentra internada en un nosocomio de la zona 10.
SEÑALAMIENTOS
El MP sindica a Trujillo de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y colusión. Según el MP, el abogado de Aceros de Guatemala pertenecía a una estructura externa a la SAT, que participó activamente en el proceso para liberar de forma irregular a la empresa de una causa penal en su contra, limpiar su récord tributario y agilizar la devolución de un crédito fiscal de Q11.8 millones.
En tanto, Guerra Castillo, intendente de fiscalización de la SAT, es acusado de colaborar para alterar los informes de dicha entidad sobre la empresa.
El pasado viernes, los representantes legales de Aceros de Guatemala fueron detenidos por este mismo caso, junto a varios funcionarios de la SAT.
INVESTIGACIÓN
De acuerdo con el MP y la CICIG, la empresa utilizó una estructura de corrupción liderada por el extitular de la SAT, Omar Franco, y el particular Giovanni Marroquín Navas, para desestimar una denuncia de defraudación tributaria en su contra, la cual fue interpuesta en 2012 por la SAT. Según las pesquisas, Aceros de Guatemala defraudó al Estado por Q255 millones.
Así mismo, la empresa influyó sobre funcionarios de la SAT para que se agilizaran los trámites de devolución de un crédito fiscal por Q11.9 millones.
El caso se deriva de las investigaciones a la red de defraudación aduanera La Línea y está fundamentado en alrededor de 150 escuchas telefónicas interceptadas a los supuestos miembros de la estructura.
