565 sujetos obligados incumplieron con la entrega del informe anual 2015 que demanda la Ley de Acceso a la Información, en tanto 655 sí entregaron el requerimiento a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
POR MARIELA CASTAÑÓN
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Rosa María Juárez, secretaria Ejecutiva de la Comisión, refirió que el plazo para entregar la información era el 29 de enero pasado y aunque aclaró que en la segunda semana de febrero aún seguían ingresando más expedientes, el plazo está vencido.
“La Ley de Acceso a la Información establece que los sujetos obligados tienen que mandar un informe anual del año anterior. De la base de datos de 1 mil 236, no entregaron 565 el informe anual de las solicitudes de información que recibieron todo el año pasado, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015”, explicó la entrevistada.
Entre los sujetos obligados están consejos, los tres organismos del Estado, municipalidades, federaciones, mineras, hidroeléctricas, entre otras. Las solicitudes de acceso a la información en 2015 ascienden a 48 mil 214, según la PDH.
De acuerdo con Juárez, entre las instituciones que incumplieron con la entrega del informe están 221 Consejos de Desarrollo, 83 municipalidades, 243 instituciones privadas como mineras, hidroeléctricas y petroleras, entre otros.
La entrevistada detalló que el incumplimiento podría deberse al cambio de gobierno o incluso al desconocimiento de la Ley.
ENTIDAD REGULADORA
La PDH es la entidad reguladora para la aplicación de la normativa, que entró en vigencia en abril de 2009, con el objetivo de asegurar la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
A criterio de Juárez, el cumplimiento de la legislación sigue siendo bajo, pues aunque se ha avanzado un poco, aún no es suficiente.
“Nosotros como autoridad reguladora hemos implementado varias acciones para que se cumpla con la Ley, en cuanto al nivel de cumplimiento sigue siendo bajo, los sujetos obligados no entregan la información, prevalece la cultura de opacidad”, indicó la Secretaria Ejecutiva de la Comisión.
Las sanciones para las entidades que incumplan con la normativa varían y van desde sanciones administrativas hasta multas de Q50 mil.
“A la persona que no proporcione la información se le debe iniciar un proceso administrativo interno y hay consecuencias laborales, en el caso de la institución del PDH emite las resoluciones de conciencia al verificar que hubo violación al derecho humano de Acceso a la Información, pero no solo queda ahí, también está regulado en el Artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información el delito de retención de información que establece prisión, inhabilitación especial por el doble de la pena y multa de Q10 a Q50 mil”, indicó la representante de la PDH.
DERECHO A LA INFORMACIÓN
Según la PDH, quienes regularmente requieren información son periodistas, académicos y organizaciones especializadas en diversos temas, sin embargo, esta herramienta es para toda la ciudadanía.
Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) opinó que la Ley de Acceso a la Información es una herramienta para toda la ciudadanía, para la búsqueda de la transparencia.
“Veo que la gente que conoce la norma –requiere la información–, en este caso los periodistas, los diputados, algunas entidades especializadas en la búsqueda de la transparencia. La mayoría de la gente no conoce, no sabe o no puede aprovechar una normativa que es precisamente para el uso de toda la ciudadanía, y no solo de ciertos sectores o grupos organizados, aquí lo ideal es que se haga una campaña de información con este derecho humano de informar y ser informados y que contamos con este instrumento”, explicó Alamilla.
La representante de Cerigua indicó que existen avances en la aplicación de esta normativa que es útil, pero que debe aplicarse adecuadamente, pues en ocasiones las instituciones colocan candados inexistentes en la Ley, un ejemplo fue lo que sucedió en el Congreso.
“Lo que se reveló recientemente y por primera vez en el Congreso, una de las principales entidades del Estado que a los propios diputados les vedaba el acceso a una información estratégica, porque no querían que se supieran todas esas revelaciones impresionantes en relación con el manejo de los fondos que se han hecho”, refirió.
