POR REDACIÓN LA HORA
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A un año del fallido intento de iniciar un diálogo nacional para reformas al sector justicia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acompañará un nuevo esfuerzo para generar cambios legales que permitan el fortalecimiento de las instituciones de justicia.
Los problemas del sector justicia no se reducen a un presupuesto insuficiente; la configuración del propio sistema de justicia impide el fortalecimiento de las instituciones que lo conforman, por lo que para generar cambios en dicho sentido es necesario cambiar las leyes que regulan su funcionamiento.
Dicha situación fue planteada por el comisionado Iván Velásquez hace un año, cuando la CICIG convocó a un diálogo nacional denominado “Hacia la reforma de la justicia en Guatemala”; sin embargo, la convocatoria no pasó de ser eso: una invitación, ya que el expresidente Otto Pérez Molina, a través de la Cancillería, advirtió que una convocatoria de ese tipo estaba fuera del mandato de la CICIG.
Tras el llamado de atención, la CICIG anunció que las mesas de diálogo serían lideradas por el Ejecutivo, pero Pérez Molina jamás dio seguimiento al tema.
Un año después, el expresidente enfrenta proceso penal y permanece en prisión preventiva por un caso de defraudación aduanera, otro Gobierno inicia su gestión y el Congreso se compromete con las reformas al sistema que demanda la ciudadanía. Es el tiempo de retomar el diálogo.
NUEVA CONVOCATORIA
El nuevo diálogo será liderado por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque; la fiscal general, Thelma Aldana, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ranulfo Rojas, quienes tendrán apoyo de la CICIG, la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Guatemala.
Las reformas retomarán algunas propuestas ya presentadas y plantearán otras nuevas sobre cambios en las leyes del Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario, el Instituto de la Defensoría Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además, se plantearán reformas a la Ley de Amparo y Ley de Antejuicio y algunas reformas constitucionales para fortalecer a dichas instituciones.
Según indicó De León Duque, en las próximas semanas se convocará a organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales e instituciones académicas para integrar mesas de trabajo.
Los equipos a formarse serán tres, uno trabajará en los cambios a las leyes ordinarias, otro en las leyes de orden constitucional y reformas a la Constitución, y un tercero discutirá reformas específicas referentes a temas como el pluralismo jurídico y el acceso a la justicia.
La propuesta se planteó ante los jefes de bloque del Congreso, la instancia que deberá aprobar los cambios legales solicitados. “Este es el momento preciso en la historia para promover cambios al sector justicia”, dijo Iván Velásquez durante la presentación del plan y agregó que en las manos de los diputados “está el destino del país”.
REFORMAS SON IMPRORROGABLES
Jorge Santos, de la Convergencia por los Derechos Humanos, señaló que las reformas al sector justicia son una discusión que no puede prorrogarse por más tiempo, ya que, a su criterio, el sector justicia pasa por una de sus peores crisis desde los Acuerdos de Paz.
Tan solo el año pasado, tres juezas y un magistrado fueron señalados de actos de corrupción por el MP y la CICIG. Asimismo, se reveló una estructura de corrupción en la Policía.
Las deficiencias de las instituciones de justicia tienen un resultado directo sobre los índices de impunidad y corrupción, explicó Santos.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, considera que la columna vertebral de las reformas debe ser la independencia judicial, ya que de ella depende que la justicia se administre de forma imparcial a todos los ciudadanos.
La entrevistada indicó que será importante hacer un buen trabajo de sistematización de las propuestas de reformas presentadas en los últimos 20 años y que hasta hoy permanecen engavetadas en el Congreso por la falta de voluntad de los diputados para conocerlas.
En este sentido, los entrevistados resaltaron la importancia del papel que jugará el Congreso para impulsar el debate de las reformas propuestas y su aprobación.
El analista Luis Chávez, de la Red Nacional por la Integración, considera que este año es “ideal” para la aprobación de las reformas al sector justicia por parte del Congreso, ya que el contexto de las demandas ciudadanas por reformas al sistema genera una presión importante sobre los diputados.
Chávez espera que en los próximos meses los congresistas puedan dar luz verde a la agenda de justicia, apartando los intereses gremiales y políticos. Esto, antes de que los parlamentarios inicien con su reacomodamiento y con su prematura campaña electoral con miras a su reelección que podría iniciar a partir de 2017.
¿PERO ES POSIBLE SIN EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL?
El jefe de la CICIG hizo ver en una entrevista con La Hora que para que Guatemala cambie es necesario el involucramiento social y la participación activa de los ciudadanos. En editorial de este medio hacía ver que si el enojo, la frustración no se canalizan en acciones concretas que permitan materializar los cambios, cualquier reforma al sistema no solo es muy difícil sino casi imposible.
PROPUESTAS DE LA CICIG
El año pasado, la CICIG impulsó cuatro reformas para el sector justicia, de las cuales solo la propuesta para reformas Ley Orgánica del MP ha avanzado en el proceso de aprobación. A continuación, un resumen de los elementos más importantes de cada iniciativa.
Ley de la Carrera Judicial
Presentada en julio del 2015
– Transfiere las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia a un ente autónomo y multidisciplinario.
– Adiciona principios que regirán la carrera judicial y adiciona el enfoque de equidad étnica y de género en todos los procesos de la carrera judicial.
– Establece que jueces, magistrados y personal administrativo y técnico relacionado con la carrera judicial deberán ser seleccionados por concursos públicos, abiertos y transparentes de oposición con posibilidad de ejercer auditoría social.
– Crea las Juntas de Disciplina de Apelación, eliminando el juzgamiento entre pares (de unos jueces a otros jueces).
– Fortalece la Supervisión General de Tribunales.
– Fortalece el catálogo de faltas disciplinarias y el procedimiento a seguir.
Ley Orgánica del Ministerio Público
Presentada en julio del 2015
– Se elimina el Consejo del MP de la estructura orgánica.
– Fortalece los principios para la elección de fiscal general y establece la condena por delito doloso como la única causa para su remoción del cargo.
– Crea la carrera fiscal del MP, regulando sus principios, incompatibilidades, el procedimiento para el ingreso, ascenso, formación y evaluación.
– Reestructura el procedimiento disciplinario.
– Regula la Supervisión General del MP y fortalece el catálogo de faltas disciplinarias y sanciones.
– Incorpora Fiscalías de reciente creación para dotarlas de rango legal.
Ley en materia de Antejuicio
Presentada en octubre de 2015
– Establece plazos en todas las etapas del procedimiento para el trámite de las diligencias del antejuicio en los órganos competentes.
– Reduce el plazo de dos meses y medio a 23 días, y se eliminan las atribuciones de trámite de la Corte Suprema de Justicia.
– En el caso de que no se admita a trámite un antejuicio, la resolución deberá fundamentarse debidamente y deberá hacerse pública, así como los informes de los pesquisidores.
– En caso de no ha lugar a formación de causa, el MP tiene facultad para continuar realizando las investigaciones que correspondan para el esclarecimiento de los hechos.
– Si como resultado de continuar con la investigación se determinan elementos e indicios adicionales, se podrá presentar solicitud de antejuicio contra el mismo dignatario o funcionario, siempre que se cumpla con dos requisitos: a) La nueva solicitud debe fundamentarse de manera clara, objetiva e indefectible; b) Las personas a cargo de realizar las pesquisas sean distintas de las que conocieron la solicitud anterior.
– La suspensión en el ejercicio del cargo procede cuando se dicte auto de procesamiento y el cese procede cuando se dicta sentencia condenatoria.
Ley en materia de Amparo
Presentada en octubre de 2015
– Se adiciona a la Procuraduría General de la Nación (PGN) como institución del Estado con legitimación activa para defender los derechos que le han sido encomendados.
– Se establece la legitimación activa para la defensa de derechos o intereses colectivos y para la defensa de derechos o intereses difusos.
– La resolución que se dicte otorgando amparo provisional deberá fundamentarse indicando las razones y deberá precisar los efectos y alcances de la suspensión.
– Si el amparo es presentado ante órgano jurisdiccional no competente este se limitará a remitirlo al tribunal competente.
– En ningún caso se podrá acordar el rechazo de entrada de la acción de amparo en el momento de su presentación.
– Se elimina la obligación del MP de comparecer en la primera audiencia como tercer interesado en todos los amparos que se plantean.
– Se reconoce a los Tribunales de Amparo la facultad para enmendar de oficio el procedimiento, si a su juicio se cometió error sustancial que vulnere los derechos de alguna de las partes o el debido proceso. Dicha resolución deberá ser razonada.
– Si el amparo interpuesto es frívolo o notoriamente improcedente, se condenará en costas y sancionará con multa de dos a tres salarios mínimos a los abogados patrocinantes. En caso de incumplimiento, se propone una figura de impedimento para continuar ejerciendo la abogacía en el ámbito de la jurisdicción constitucional, mientras no se supere la insolvencia.
FONDOS PARA LA JUSTICIA, TAMBIÉN EN MANOS DEL CONGRESO
A inicios de este mes, el presidente Jimmy Morales solicitó al Congreso realizar algunas modificaciones en el Presupuesto General de la Nación, específicamente en los rubros de ingresos y egresos, para sustituir alrededor de Q2 mil millones en préstamos con organismos financieros, por la emisión de Q1 mil 633 millones en bonos del tesoro.
De esos Q1 mil 633 millones, serán destinados Q490.7 millones para un aporte extraordinario al Ministerio Público y Q195 millones para el Organismo Judicial.
