POR VIRGINIA CONTRERAS
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El pacto colectivo del Ministerio de Educación (Mineduc) venció ayer, pero las nuevas autoridades de la cartera aún no se sientan a dialogar con los sindicatos para llegar a un acuerdo que permita mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y asegure la calidad educativa en los centros públicos.
La Hora consultó al ministro de Educación, Óscar Hugo López, sobre posibles negociaciones con los sindicatos para la elaboración de un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo; sin embargo, el funcionario indicó que todavía no ha tenido ningún acercamiento con los trabajadores con relación al tema.
Según López, en este momento “es prácticamente imposible cumplir con la firma de un nuevo pacto que incluya aumentos salariales”. Esto, en virtud de la crisis financiera que el ministerio enfrenta, lo que a su criterio agudizaría más la situación financiera del Estado.
El funcionario aseguró que, de llegarse a acordar un pacto, el ministerio no podría comprometerse a incrementos salariales, sino que se buscaría incluir en la mesa de discusión compromisos de las partes en función de mejorar las condiciones educativas del sistema, tal como la cobertura, la calidad, el cumplimiento de los 180 días de clase, entre otros aspectos administrativos y técnicos.
JOVIEL: ME RESERVO EL DERECHO DE CONTESTARLE
El 21 de enero pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) y la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), dirigidos por Joviel Acevedo, realizaron su primera manifestación del año, dos semanas antes de que venciera el pacto colectivo.
El magisterio demostró su fuerza al Ejecutivo, y tras marchar por varias zonas de la capital, Acevedo hizo entrega de un documento con 11 peticiones al binomio presidencial.
Entre los requerimientos de los educadores se encontraba la vacunación, desparasitación y nutrición para los estudiantes dos veces al año, así como brindar educación universitaria a todos los docentes en servicio.
Igualmente, solicitaron que se asignara el siete por ciento del Producto Interno Bruto del país o el 35 por ciento del Presupuesto General de Ingresos de la Nación a la educación pública.
La Hora trató de obtener explicaciones de Joviel Acevedo sobre las motivaciones de la marcha y el acercamiento con las autoridades para la firma de un nuevo convenio laboral, a lo que el sindicalista contestó: “Me reservo el derecho a responderle, con todas las disculpas que se merece”.
Sin embargo, en medio de la manifestación, Acevedo indicó a la prensa que la misma no tenía nada que ver con nuevas negociaciones laborales.
El sindicalista fue el protagonista del último pacto, el cual ha sido cuestionado por considerarse que no brindó soluciones integrales para los problemas estructurales que enfrentan la educación de las escuelas y los institutos públicos.
EL PACTO EN TELA DE DUDA
En febrero de 2013, el Ministerio de Trabajo notificó la certificación de la homologación del Pacto Colectivo entre el Mineduc y el STEG, el cual estaba compuesto por más de 50 acuerdos, entre ellos, uno que garantizaba un aumento del 30 por ciento, en forma escalonada, a los salarios de los maestros que trabajan para el Estado.
La firma del pacto generó gran polémica, ya que algunos sectores señalaron que se trató de una negociación política entre la entonces ministra de Educación, Cinthya del Águila, y el líder sindical, Joviel Acevedo, de la cual fueron excluidos los trabajadores no afiliados al STEG. Tal fue el caso del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación de Guatemala (FNTEG), uno de los sindicatos más grandes de la cartera, que no tuvo participación en el proceso de redacción del documento.
Pese a que Acevedo aseguró que el pacto beneficiaría a todos los empleados, expertos como Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, lo calificaron como “uno de los peores” pactos firmados a nivel estatal, ya que incluye “privilegios exagerados para líderes sindicales y fue firmado bajo presión”.
Además, al igual que ha sucedido en otras instituciones, el pacto del Mineduc no tomó en cuenta las finanzas del Estado, por lo que, este año será imposible cumplir con los compromisos adquiridos, advirtieron las autoridades de Educación.
Para cubrir los gastos del acuerdo, el Mineduc necesitaría un presupuesto mayor, indicaba el año pasado el entonces ministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez. Esto, debido a que dicha cartera no había recibido la ampliación presupuestaria de Q600 millones solicitada, con la cual se preveía cubrir otros gastos y por lo tanto, no se podrían incrementar los salarios a los docentes.
En esa ocasión, Ramírez dijo haber dialogado tanto con Joviel Acevedo, como con el resto de los 52 sindicatos que conforman ese ministerio, y aseguró que los integrantes expresaron su comprensión de la situación en la que se encontraba la institución.
Este año, el Congreso aprobó una asignación presupuestaria para esa entidad que no solo es insuficiente para cubrir los planes de ampliación de cobertura, sino también para cubrir los gastos básicos de funcionamiento de la institución. De un monto de Q12 mil 892.3 millones, solo Q16 millones 15 mil 734 serán para inversión, es decir, alrededor del 0.12% del total.
Aunado a ello, un informe de Empresarios por la Educación detalló que el presupuesto se destinaría casi en su totalidad al pago de remuneraciones de los maestros, por lo que la inversión propuesta para atender los programas relacionados con la calidad educativa, el fortalecimiento y tecnología en el aula sería casi nula.
“Las remuneraciones del personal absorben el 81% del presupuesto, superando los Q10 mil 400 millones; mientras que los rubros relacionados a la alimentación escolar, valija didáctica y útiles, solo tienen Q1 mil millones”, indica el documento.
IMPACTO NEGATIVO
El análisis “Los pactos colectivos del sector público ponen en riesgo la eficiencia de los servicios”, elaborado por el CIEN, refiere que si los acuerdos entre patronos y trabajadores se hacen por razones políticas, pueden influir negativamente en la eficiencia del recurso humano, y por ende, en la calidad de los servicios públicos.
El documento indica que hay tres amenazas recurrentes en la suscripción de pactos colectivos. Como primer punto menciona que hacen una mala gestión en el recurso humano. En segundo lugar, indica que los pactos ocasionan un desequilibrio financiero en las entidades y por último, señala la ausencia de términos para otorgar privilegios.
El estudio agrega que este tipo de negociaciones establecen una serie de beneficios salariales y no salariales para los trabajadores de forma automática, pero no les compromete a un mejor desempeño. Un ejemplo de esto podrían ser los días adicionales de descanso, bonos y regalos, que no están enmarcados en la Ley de Servicio Civil.
Un análisis similar comparte el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el cual, en repetidas ocasiones, ha instado al Ministerio de Finanzas Públicas a participar en las negociaciones entre entidades y trabajadores del Gobierno, con el propósito de cuantificar el impacto fiscal de los pactos.
LA PROTECTORA DE LOS INTERESES DEL ESTADO
Con referencia a lo anterior, se buscó la postura de María Eugenia Villagrán, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para conocer si se ha hecho alguna revisión del pacto firmado en 2012 por el STEG y el Ministerio de Educación, pero de acuerdo con la funcionaria, hasta el momento, no se ha presentado ninguna solicitud para hacerlo.
Añadió que cada pacto conlleva un análisis minucioso de carácter legal, para luego emitir un pronunciamiento y recomendaciones al respecto.
A finales de la semana pasada, la PGN declaró el pacto colectivo del Congreso como dañino al patrimonio del Estado, y recomendó su renegociación urgente.
¿QUÉ DICE LA CGC?
El titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, manifestó que, en cuanto a pactos colectivos, solo se ha evaluado el del Ministerio de Salud, en el cual hicieron la “reparación” de algunos gastos relacionados con viáticos, por haberse salido del reglamento específico para ello.
Sobre el tema de Educación aseguró no poseer información alguna sobre reparos o hallazgos relacionados con el convenio.
Enrique Maldonado, experto en temas económicos del Icefi, indicó que la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, en su artículo 63, establece que la CGC deberá realizar, en el primer semestre del ejercicio fiscal vigente, auditorías de nómina de personal a distintas entidades, entre ellas, el Mineduc.
Asimismo, refirió que en el artículo 60 se indica que en la negociación de condiciones de trabajo debe privar la opinión del ministro de Finanzas. Además, reconoció el derecho de la negociación colectiva avalada por el Código de Trabajo, pero expresó que esto debe estar en consonancia con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En tanto, María del Carmen Aceña, directora del CIEN y exministra de educación, opinó que el convenio de ese ministerio firmado en el gobierno de Otto Pérez Molina comprometió los recursos del Estado, cuando debió haber contenido límites.
La entrevistada insistió en que debe ser revisada la Ley de Servicio Civil y recomendó que, si se lleva a cabo otro pacto, se haga “con la puerta abierta” para que la población se entere de las negociaciones.
Precisó que, debido a la firma del convenio, se han tenido muchas limitantes en el tema educativo.
“Por culpa de ese pacto no se logra que la mitad de los jóvenes se encuentren en las escuelas, porque todos los recursos se invirtieron en aumentos salariales sin resultados y estos siempre son escasos por lo que deben ser invertidos de la manera más eficiente”, acotó.
Por su parte, Gabriel Biguria, presidente de Empresarios por la Educación, dijo que las bases de un nuevo acuerdo deben ser revisadas y buscar una manera de poder remunerar a los maestros en base a mérito.
EN CIFRAS
Presupuesto 2016 del Ministerio de Educación:
Q12 mil 892.3 millones asignados.
0.12% del total será para inversión.
81% del total será para pago de planilla.
Presupuesto para nómina: Q10 mil 400 millones.
Presupuesto para alimentación escolar, valija didáctica y útiles: Q1 mil millones.
