POR GRECIA ORTIZ
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La población reclusa en el país pasó de 8 mil 359 privados de libertad registrados en 2006 a 19 mil 891 en 2016, de acuerdo con los registros del Sistema Penitenciario. A criterio de expertos, el sistema carcelario enfrenta serios retos como el hacinamiento y el descontrol, que permiten que algunos prisioneros cuenten con privilegios y tengan acceso a armas y teléfonos.
La situación crítica de las cárceles guatemaltecas llama la atención de observadores nacionales e internacionales, que advierten de serias violaciones a los derechos humanos y de amenazas para la seguridad nacional a causa del abandono de los presidios.
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -realizados con datos del Sistema Penitenciario (SP) – dan cuenta que la población reclusa aumentó 137 por ciento en la última década; para 2006 había registros de 8 mil 359 privados de libertad y en la actualidad se cuentan 19 mil 891.
En contraste, la infraestructura carcelaria para albergar a esa población resulta insuficiente. La Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024 apunta a que la capacidad de los centros de detención en el país estaba diseñada hace varios años para albergar a más de 6 mil 809 personas, y ahora el hacinamiento se estima en 192 por ciento.
«La mayoría de las instalaciones sanitarias, drenajes e instalaciones eléctricas en estos lugares, habían colapsado por la cantidad de internos que superan los 18 mil 500», afirma un documento oficial.
Al problema de la falta de espacios adecuados se suma el descontrol en las cárceles, que da lugar a que reclusos cuenten con teléfonos y armas, sean causantes de hechos de violencia tanto dentro como fuera de las cárceles. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) expuso en un estudio que «la pérdida de control en los recintos penitenciarios se manifiesta entre otras formas, a través de los delitos cometidos adentro y hacia afuera de los penales».
De esa cuenta, en los últimos seis meses acontecieron cuatro masacres dentro de las cárceles, que dejaron 37 personas fallecidas y varios heridos de gravedad.
La Comisión Interamericana exhortó a las autoridades para que adopten medidas apropiadas, entre ellas reformas estructurales que incluyen la reclasificación de privados de libertad, con el objetivo de prevenir este tipo de actos de violencia, y de investigar estos hechos con debida diligencia y sin dilación.
Con este objeto, la CIDH hizo un llamado para que el Estado tome medidas concretas tales como desarmar a los reclusos e imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, mejorar la seguridad dentro de las cárceles, investigar y sancionar los actos de violencia y corrupción que tengan lugar en instalaciones penitenciarias, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas que tengan una presencia en las cárceles.
Asimismo, el Estado debe adoptar pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo y la implementación de medidas alternativas.
RETO EN PRESIDIOS
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, reconoció que el hacinamiento en centros de detención es un problema histórico, tomado en cuenta en la falta de infraestructura pues el sistema carcelario sostenía una población de hace 20 años.
«Es un problema de Estado que no se atendió en su momento y ahora estamos con esas graves consecuencias», apuntó.
Rivas añadió, que es evidente la carga de diligencias legales que tienen los Tribunales de Justicia por los que incluso hay personas en prisión preventiva que todavía no desarrollan sus respectivos juicios, y que repercute al SP.
«Una de las propuestas que se hace es que se resuelva lo más rápido posible que la situación jurídica de muchos reos, que están en una situación jurídica y el otro asunto que hablaba de reos que ya cumplieron su condena y las personas que ya tienen derecho a la redención», afirmó.
Existe una necesidad real de reformar el presupuesto no solo el del SP, indicó Rivas, porque lo disponible sirve únicamente para funcionamiento.
Luis de León Zea, el recién nombrado director del SP, tiene la difícil tarea de hacer frente a los problemas en el sistema carcelario, aunque los recursos para cumplir ese objetivo son limitados.
Respecto a la infraestructura carcelaria, en una entrevista con La Hora, el funcionario dijo que ya se tiene a un equipo de trabajo evaluando áreas físicas para establecer espacios de detención, que sean acordes a las características de privados de libertad. «No es que armemos edificios o cárceles sin ningún sentido», indicó.
Destacó que con los planes para la nueva infraestructura también se considera incluir clínicas, para evitar el traslado de privados de libertad a hospitales nacionales. «Es parte de los proyectos que se han planteado; ya pedí un informe de la clínica en Fraijanes y de las otras clínicas que existen», aseguró.
De León agregó que conformará una mesa de trabajo para analizar el proceso que se seguirá en los casos en que las personas privadas de libertad que ya cumplieron sus condenas, pero siguen tras las rejas.
«Se va a conformar una mesa que va a tener cada uno de estos puntos para desarrollar un trabajo multidisciplinario e interinstitucional. Afortunadamente contamos con todo el apoyo del gobierno para contar con esas proyecciones que tenemos a corto, mediano y largo plazo», subrayó.
Sin embargo, la tarea no es sencilla. Rudy Esquivel vocero del SP añadió que el presupuesto asignado en 2015 para las cárceles fue de Q522 millones 370 mil 675, aunque lo ejecutado apenas llegó a 401 millones 834 mil 528.9. Para 2016 el presupuesto se redujo a Q513 millones 476 mil.
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
El uso de la prisión preventiva debería ser excepcional y racional, dijo Zoel Franco, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y añadió que esa medida se debe utilizar como último recurso cuando no exista otra alternativa.
«Lamentablemente el sistema no tiene todavía una estructura eficiente para aplicar a otro tipo de medidas que no sea la prisión preventiva. Nosotros lo que hemos propuesto como Instituto, es que se revisen cuáles son los tipos de delitos por lo que están las personas sujetas a una medida de prevención», añadió.
Para Franco, el problema radica en buena medida en los Juzgados de Ejecución porque no tienen registros que permitan agilizar casos de quienes ya han cumplido su tiempo de condena y pueden optar a beneficios penitenciarios. «Es uno de los grandes desafíos del actual director del SP, indicó.
Para la investigadora del CIEN, Corinne Dedik, «que la mitad de la población reclusa este en prisión preventiva refleja un claro problema en el Organismo Judicial (OJ) porque si los casos se atendieran más rápido y eficientemente no habrían tantas personas en prisión y eso ayudaría a deshacinar las cárceles».
«Si se hace la suma a lo largo de los últimos quince años, no se ha logrado incluir espacios adicionales mientras que la población reclusa en los últimos ocho años se ha duplicado, esa es la gran brecha que se ha ido creando entre los espacios disponibles y la cantidad de personas que hay que atender», afirmó la investigadora.
A criterio de Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), existen privados de libertad que gozan del derecho de redención de penas, pero ese control que corresponde al SP y a los Juzgados de Ejecución.
Acuña, aseveró que es evidente la falta de presupuesto en el sistema de justicia, pues se necesitan más jueces en estas instancias; también se deben agilizar los procesos en donde pueden pedir redención de pena y solicitar cuando cumplieron su pena, la libertad inmediatamente.
Se intentó obtener una postura del presidente del OJ Rafael Rojas, sin embargo no respondió a llamadas al igual que el vocero de esa institución.
En tanto la Unidad de Comunicación del OJ informó que no poseían información de las personas que ya habían cumplido condena, redención, cuantas se encontraban en cumplimiento y cuantas estaban en prisión preventiva bajo el argumento de que debía ser el SP quien tenía el registro.
CLASIFICACIÓN DE REOS
Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (Asies), indicó que una clasificación de privados de libertad permitiría la disminución de conflictividad en los centros carcelarios.
«Esta medida permite buscar la rehabilitación de los privados de libertad, es decir, el tratamiento de para su rehabilitación y reinserción. No se puede tratar de igual manera a un asesino en serie, que presenta problemas sicológicos de otra naturaleza, que a una persona que es acusada de robo. Son perfiles criminales distintos, que deben ser abordados de forma diferenciada», aseveró.
Esquivel dijo que un diagnostico general buscaría un nuevo modelo carcelario, en donde se estudiarían los perfiles de los privados de libertad, en busca de plantear una clasificación.
«Eso encierra un diagnostico constitucional del 1978 a la fecha y eso está inmerso dentro de ese escenario recordemos que la ubicación por perfil siempre depende del juez competente».
Esquivel destacó, que la adecuada organización de los perfiles está relacionada a aspectos como, hacinamiento, estructuras, recursos económicos, entre otros.
DENUNCIAS EN LA PDH
Mientras Gerardo Villamar, delegado de la Defensoría del Debido Proceso de la Procuraduría de Derechos Humanos, explicó que el pasado 10 de diciembre, una resolución de la magistratura de conciencia solicitaba a quienes conocieron los procesos de privados de libertad dar celeridad a los procesos tras el cumplimiento de condenas.
«A veces tenemos denuncias de personas que están en prisión preventiva y que pasan tres o cuatro años sin que su proceso llegue a un debate público, mientras tanto están en esa situación preventiva», añadió.
Hasta enero de 2016 se mantiene un promedio de 4 a 6 denuncias formales de violaciones a los derechos de privados de libertad, que al final del mes se estiman 25. «Las denuncias van en mayor porcentaje en la falta de servicios de salud y otras a cuestiones de procesos judiciales que se tienen», dijo.
EN CIFRAS
9 mil 356 hombres privados de libertad cumplen condena.
911 mujeres están detenidas en prisión preventiva.
Q513 millones 476 mil es el presupuesto del SP para 2016.
4 mil 892 hombres reclusos tiene el Centro de Detención Preventivo para Hombres de la zona 18.
21 cárceles existen en el país.
