POR SAIRA RAMOS
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En primer debate y de urgencia nacional, los diputados aprobaron con 113 votos las reformas al Código Penal y a la Ley de Antejuicios en busca de penalizar con dos o tres años de cárcel la inasistencia de funcionarios y empleados públicos a las distintas citaciones convocadas por el Congreso.
Con las reformas se tipifica el delito de “incumplimiento de funcionarios y empleados públicos de acudir a citaciones legislativas”, que aplica para ministros, viceministros, funcionarios o empleados que manejen, administren, custodien, ejecuten o reciban fondos públicos, que no acudan a las citaciones legislativas sin presentar una justificación válida, es decir, sin acreditar una enfermedad al menos 24 horas antes de la citación.
A este decreto le corresponde el número 13-2016. La disposición entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario de Centro América.
El proyecto de reforma fue presentado por los diputados Amílcar Pop, de Winaq, y Walter Félix, de URNG-Maíz, a través de una moción privilegiada.
Los ministros, secretarios y otros funcionarios podían evitar, hasta ahora, su presencia en las citaciones legislativas, aunque esto generaba molestias entre los diputados.
Recurrentemente los funcionarios enviaban a sus representantes –asesores y asistentes– para responder a los cuestionamientos sobre diversos temas.
En la sesión plenaria también se convocó a los interesados a representar al Legislativo ante el Renap, quienes deben presentar su papelería para optar al cargo.
