POR WALESKA HERNÁNDEZ
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La Fiscalía de Derechos Humanos accionó contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó in limine, es decir sin conocer, el antejuicio contra el diputado Edgar Ovalle, de FCN-Nación, quien es sospechoso en un caso de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad durante el Conflicto Armado Interno.
En la resolución impugnada, la CSJ argumentó que la denuncia había sido presentada por el particular Eulalio Grave Ramírez, y que las fechas indicadas en la acusación no coinciden a las fechas ni al lugar donde estuvo destacado Ovalle en el tiempo en que se realizaron los hechos, cuando fue miembro del Ejército.
Sin embargo, Hilda Pineda, Fiscal de Derechos Humanos, aseguró que en la misma, se mencionan los eventos vinculados a la ejecución del Plan de Sánchez como una introducción a los hechos que se le imputan al ahora diputado, y no como el evento imputado en sí.
“Ovalle si es parte de las investigaciones que se realizaron en Creompaz, y las fechas sí coinciden en las muertes y el tiempo en que el exmilitar estuvo en el destacamento, que de acuerdo con la investigación, fue del 1 de enero al 32 de agosto de 1983 en la zona militar 21”, explicó.
En la denuncia, Grave hace referencia a un cementerio clandestino encontrado durante las investigaciones del Caso Plan de Sánchez, en Baja Verapaz, el 18 de julio de 1982, y hace mención que en una investigación realizada posteriormente se encontraron indicios de que las osamentas ahí enterradas correspondían a acciones del ejército contra población civil no combatiente, entre los años de 1980 a 1983.
Además, indica que Ovalle estuvo destacado en ese lugar en 1982, en la base de Cobán, Alta Verapaz, como oficial de inteligencia de operaciones. En virtud del rango que ocupaba el ahora diputado habría tenido conocimiento de las actividades que se realizaban en el lugar.
Por este caso, el pasado 6 de enero, la Fiscalía de Derechos Humanos ejecutó la captura de 14 militares retirados, tras el hallazgo de 558 osamentas en lo que fue la base militar número 21, ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz).
11 de los 14 militares capturados fueron ligados a proceso por delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada. Los sindicados son Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército; Ismael Segura Abularach, Byron Humberto Barrientos Díaz, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales, César Augusto Cabrera Mejía, Gustavo Alonso Rosales García, Raúl Dehesa, Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García y Luis Alberto Paredes Nájera. Todos guardan prisión preventiva.
De acuerdo con el MP, Ovalle y los detenidos, ahora ligados a proceso por esos hechos, fueron parte de la “plana mayor” de esa base militar y son señalados por la desaparición de cientos de civiles durante la guerra.
En esa misma fecha, interpusieron una solicitud de antejuicio en su contra, pues en ese momento, el exmilitar era diputado electo y gozaba de inmunidad.
