POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt
Según una investigación realizada por La Hora, los negocios de los que participan los integrantes de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), que reciben millones de quetzales en subsidios, van más allá del servicio de buses rojos y del Transurbano, pues además son los propietarios de 14 buses articulados que dan en arrendamiento al Transmetro, el servicio que presta la Municipalidad de Guatemala y que es una de las principales banderas de la propaganda de Álvaro Arzú.
Además de prestar el servicio de transporte urbano con los buses rojos y el Transurbano, recibiendo hasta Q35 millones mensuales en subsidios, dos exdirectivos de la AEAU también encontraron una oportunidad de hacer negocios con el Transmetro.
Documentos del Registro Mercantil permitieron evidenciar que los exdirectivos de la AEAU son parte de entidades mercantiles propietarias de 14 unidades articuladas del Transmetro. Según datos proporcionados por la Unidad de Información de la Municipalidad de Guatemala, actualmente existen 167 unidades de Transmetro, de las cuales 107 son propias y 60 son arrendadas.
Las unidades propias, refiere la documentación, se adquirieron en dos modelos, Volvo B58 modelo 1997, los que fueron obtenidos a un precio aproximado de US$197 mil y Volvo B12 modelo 2006 a US$263 mil.
Asimismo, la información detalla que los 60 buses son arrendados a cuatro empresas: Hinorent S.A., Arrendamiento Mercantil S.A., Multiservicios y Sistemas Avanzados de Transporte S.A. y Expansión Corporativa Milenium, S.A. estas dos últimas están vinculadas tanto al exvicepresidente, como al exportavoz de la AEAU.
Información del Registro Mercantil refiere que el representante legal de Multiservicios y Sistemas Avanzados de Transporte S.A. es Víctor Hugo Figueroa Ortiz, exvicepresidente de la AEAU, quien, por medio de un contrato celebrado en 2008, estableció un acuerdo para arrendar 10 unidades (Volvo B12 modelo 2008) a la Municipalidad por una cuota mensual de US$4 mil 900 cada una, por plazo de noventa y seis (96) meses, con opción a compra.
Mientras que Expansión Corporativa Milenium, S.A., tiene como representante legal a Luis Alfonso Gómez González, quien también fue vicepresidente de la AEAU y la cara visible de tal asociación.
El negocio con Gómez es de 4 autobuses (Busscar Urbanus Plus 2010) en arrendamiento, con opción a compra, por una cuota mensual de US$4 mil 900 cada uno.
Los contratos se establecieron por 8 años, por lo que al final de este periodo se habrá pagado US$470 mil 400 por cada bus y se podrá optar a comprarlo por un precio adicional, acordado por las partes.
Ambas empresas se encuentran inscritas en el Registro Mercantil y tienen su ubicación en el mismo inmueble en donde antes estaban las oficinas centrales del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), a cargo del Transurbano, en la avenida La Reforma, zona 10.
La Hora consultó a Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala sobre estos contratos, y se indicó que la alcaldía no tiene los fondos suficientes para comprar todas las unidades de Transmetro que necesita, por lo que se ve forzada a arrendar algunas de estas, siempre a través de los mecanismos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
DOS SUBSIDIOS
La AEAU, consorcio de autobuses que conforman 29 empresas de transporte urbano, es la encargada del mantenimiento de las más de dos mil unidades de buses rojos que transitan en el área metropolitana, mismas que diariamente son abordadas por miles de usuarios.
Esta asociación ha sido severamente cuestionada debido a que distintos informes de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) han evidenciado el mal uso y distribución del subsidio, ya que desde 2012 no comparten esos fondos con la Asociación de Propietarios de Autobuses de Guatemala (Asopagua), quienes antes de esa fecha eran parte de la misma organización.
Según Asopagua, se tomó la decisión de separarse derivado de los señalamientos de corrupción y cobros de cuotas ilegales a los transportistas a cambio del subsidio, pero esta acción les costó caro, puesto que la Asamblea General de Propietarios aceptó su alejamiento, notificándole que, en consecuencia, ya no serían beneficiarios del subsidio.
Fue en este contexto que en 2015 la CGC interpuso una denuncia penal en contra de los titulares de la AEAU, por el manejo irregular de más de Q121 millones y realizó una auditoría interna a la organización.
Dentro de las irregularidades encontradas destacó el descubrimiento de bienes adquiridos con fondos del aporte económico de inversión, destinados para el proceso de implementación y continuidad del sistema prepago del Transurbano.
El inventario realizado en las anteriores oficinas centrales del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), antigua sede de la AEAU, detalló que se encontraron lectores de tarjetas, torniquetes de paso y puertas para discapacitados, entre otros, cuyo valor estimado fue de Q102 millones 552 mil 151.11, los cuales nunca fueron instalados y están en proceso de deterioro.
TRANSPORTE “DIGNO Y SEGURO”
Bajo el lema “Transporte digno y seguro”, el Transurbano dio inicio en 2010, durante el Gobierno de Álvaro Colom. El proyecto representaba una alianza público-privada, en conjunto con la Municipalidad Capitalina, el cual requirió una inversión del Gobierno a través del extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y otras entidades estatales.
Por medio del Acuerdo Gubernativo 103-2009 emitido por el expresidente Colom, se autorizó la entrega anual de “un aporte económico” por US$35 millones (Q270 millones) a favor de la AEAU, cuyo destino específico era financiar el proceso de implementación del sistema prepago en las unidades del transporte urbano de la ciudad capital.
Además, se suscribió otro acuerdo para subsidiar a los empresarios del Transurbano por los costos del combustible; por ese rubro, el Estado se comprometió a aportar Q420 millones anuales a partir del 2010.
El proyecto contemplaba durante el primer año, el funcionamiento de 3 mil 150 unidades, completamente nuevas, para atender a 1.2 millones de guatemaltecos diariamente. Sin embargo, a casi seis años del ofrecimiento, las unidades en funcionamiento solo son 2 mil 837.
Por esta razón, se iniciaron distintos trámites legales con el fin de lograr la anulación de los contratos y la devolución de los fondos.
CONTRATO ANÓMALO
El pasado mes de noviembre, la Procuraduría General de la Nación (PGN) recomendó a la Presidencia la anulación de los contratos de subsidio anteriormente descritos y la devolución íntegra de los fondos, para lo cual pidió que el caso fuera investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La jefa de la PGN, María Eugenia Villagrán, confirmó que tras analizar la legalidad de los convenios para la compra de unidades e implementación del sistema prepago en los autobuses de Transurbano y del subsidio a los propietarios, se detectaron una serie de irregularidades por Q1 mil 425 millones.
A ella se unió la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, quien reveló que en la Fiscalía se lleva a cabo una investigación en proceso sobre el mismo tema por Q420 millones recibidos anualmente a partir del 2010 en concepto de subsidio.
LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN MANOS DE UN FIDEICOMISO
El sistema Transmetro fue inaugurado en 2007 y parte de una estrategia de movilidad urbana que buscaba afrontar las graves deficiencias del transporte público citadino que desde años afectaba a los usuarios.
Para darle mantenimiento a su flota y a todo lo referente a los buses verdes, la comuna utiliza fondos del Fideicomiso de Transporte de la ciudad de Guatemala (FIDEMUNI).
De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, el FIDEMUNI fue creado en noviembre de 1996 y contó con un patrimonio inicial de Q20 mil. Su función era apoyar económicamente al usuario del servicio colectivo; compra, venta y arrendamiento de unidades de transporte y repuestos; financiamiento a personas que se dediquen a prestar el servicio y construcción de vías urbanas para dicho transporte.
La naturaleza público-privada de los fideicomisos impide que la CGC pueda ejercer plena fiscalización sobre el manejo de fondos del Estado a través de dicha figura, razón por la cual, el contralor Carlos Mencos, los ha señalado como una puerta para la corrupción y ha solicitado su eliminación.
La Hora intentó realizar algunas cotizaciones con varias compañías que se dedican a la distribución de estos vehículos para hacer una comparación de precios, pero las empresas proveedoras negaron la información al vincular el requerimiento con la Municipalidad de Guatemala.
Una revisión detenida de los contratos del FIDEMUNI evidenció que la mayoría de eventos para la adquisición de servicios para el Transmetro se han realizado con un único oferente, y regulados por el artículo 54 de la Ley de Compras de Estado, que establece requerimientos mínimos para la transparencia de los fideicomisos. (Ver recuadro: contrataciones del FIDEMUNI y ver recuadro qué dice el artículo 54 de la Ley de Compras).
MP Y CICIG DEBEN INVESTIGAR
A criterio de Eduardo Velásquez, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos, el ente investigador y el organismo internacional deberán realizar las investigaciones pertinentes en contra de los transportistas que han salido beneficiados ilegalmente con los recursos del Estado.
En el caso del Transurbano, Velásquez destacó que se hace necesario transparentar ese tipo de negocios, ya que considera que el mismo se realizó de una forma anómala, sin tiempo de convocatoria real para oferentes nacionales y extranjeros.
“Se debe investigar quienes son los verdaderos dueños, además de indagar si tanto las autoridades principales y municipales se vieron involucrados con compra de acciones”, puntualizó.
Asimismo, enfatizó en que también se deberá proceder sobre el tema de la compra de buses con el sistema prepago, ya que dicha compra no fue completa, puesto que fueron obtenidos los sistemas, que actualmente están embodegados, más no los autobuses. Por lo que detalló que existió una malversación de fondos.
El analista añadió que de transparentar los negocios se evitarían sorpresas como la evidenciada, en donde algunos miembros de la AEAU son también propietarios de buses que son arrendados a la Municipalidad y funcionan para uso del Transmetro.
En tanto Edgar Guerra, titular de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Urbano de la Procuraduría de los Derechos Humanos, manifestó que, de haber una empresa estatal de transporte público, que esté fiscalizada por la CGC y en auditoría permanente con la misma sociedad organizada, estas situaciones no se seguirían dando.
Aunado a ello, Guerra planteó la creación de una Política Nacional de Transporte Público que posea una visión a futuro de al menos 25 años. Además de existir cambios tecnológicos y actitudinales que sean contemplados en las leyes y no solo ver el enfoque de ganancias.
NUEVA DIRECTIVA
La Hora intentó contactarse con los directivos de la AEAU para cuestionarlos acerca de los señalamientos de la CGC y los recursos públicos que han manejado; sin embargo, a través de un mensaje de texto se informó que la junta directiva de dicho ente se cambió el pasado 16 de enero.
Esta redacción solicitó los nombres de los nuevos directivos, pero se advirtió, también a través de un mensaje, que tal información no podía darse a conocer. “Sería muy delicado publicar ese listado debido a los acontecimientos recientes y piden su consideración. Es por la coyuntura actual”, se indicó.
En tanto, Luis Gómez no respondió a las llamadas realizadas a su celular, como tampoco Víctor Figueroa.
Proveedores de buses del Transmetro
Empresa No. 1
Multiservicios y Sistemas Avanzados de Transporte S.A. NIT: 5601339-6
Representante legal: Víctor Hugo Figueroa Ortiz
Arrendamiento de 10 buses articulados
Maca Volvo B12M, modelo 2008
Valor contrato: Q34,824,464.64
Empresa No. 2
Expansión Corporativa Milenium, S.A NIT: 6593726-0
Representante legal: Luis Alfonso Gómez González
Arrendamiento de 4 buses articulados
Marca Busscar Urbanuss Plus, modelo 2010
Valor contrato: Q14,750,464.51
Empresa No. 3
Hinorent Sociedad Anónima NIT: 711058-8
Representante legal 1: Luigi Marcello Albani Beteta
Representante legal 2: Eduardo de Jesús Barrientos Sagastume
Representante legal 3: Juan José Cardona
Representante legal 4: Ángela Leonor López Morales Carranza
Arrendamiento 10 buses articulados
Marca Skania K310, modelo 2014
Valor contrato: Q48,470,105.60
Empresa No. 4
Arrendamiento Mercantil S.A. Sucursal Empresa Extranjera. NIT: 8087692-7
Representante legal 1: Vivian Lucia Morales Herrera Seré,
Representante legal 2: José Augusto Toledo Cruz
Arrendamiento de 36 buses articulados
Marca Volvo B340M, modelo 2013 (28 buses) y 2015 (8 buses)
Valor contrato: Q135,752,063.19
Artículo 54, Ley de Compras:
ARTICULO 54.- «Transparencia en el uso de fondos públicos y otros contratos. Las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, cooperativas, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y toda entidad privada o mixta, nacional o extranjera que reciba y/o administre fondos públicos, deben publicar y gestionar en GUATECOMPRAS, las compras, contrataciones y adquisiciones que realicen, cuando superen el monto de la compra directa establecido en esta Ley, publicando para el efecto, como mínimo, la siguiente documentación: bases o términos de referencia, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y contratos. Asimismo, deben utilizar procedimientos de adquisición competitivos y evaluar las ofertas con criterios imparciales y públicos.
La Contraloría General de Cuentas debe fiscalizar la negociación y todos los contratos que se suscriban en aplicación de este artículo, los cuales para su validez y ejecución deben registrarse en el Registro de Contratos de dicha Contraloría.
Si en la fiscalización se detectaren anomalías, la Contraloría General de Cuentas deberá denunciar a los órganos respectivos, según la materia de que se trate, después de agotado el procedimiento administrativo que corresponda.
Cuando se trate de compra directa se observará lo establecido en el artículo 43 de esta Ley.
En los contratos y convenios que celebren las entidades reguladas en esta Ley, que no provengan de procedimientos que determina la misma, se aplicarán las normas del derecho común, debiendo publicar y gestionar en GUATECOMPRAS la negociación y contrato respectivo. El reglamento de esta ley establecerá las condiciones relacionadas con esta materia.”
Las negrillas y el subrayado son de La Hora.
