Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
Guatemala perderá su oportunidad de cambio, a menos que los líderes nacionales asuman la lucha contra la impunidad, aprueben las reformas al sector justicia que están paralizadas y reúnan los recursos financieros para fortalecer las instituciones nacionales, señaló la Internacional Crisis Group, en un análisis sobre el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en los cambios que recientemente ha vivido el país.
En el informe publicado hoy “¿De muleta a motor de cambio? La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, la Crisis Group, una entidad que se dedica a prevenir y resolver conflictos, señala que el país está viviendo un raro momento de oportunidad, con un nuevo presidente, Jimmy Morales, que ha prometido el combate a la corrupción, así como con ciudadanos envalentonados que presionan por reformas al sector justicia y la transparencia del gobierno.
La entidad señala que detrás de estos cambios está un experimento único, la CICIG, cuyos investigadores trabajaron con fiscales nacionales para desmantelar las estructuras criminales dentro del Estado.
Sin embargo, la Crisis Group anotó que la Comisión ha sufrido reveses y limitaciones, como algunos casos de alto perfil sobreseídos, y que ciertas reformas clave, como la ley de la carrera judicial, están estancadas en el Congreso.
En el documento, la entidad señala que los golpes más dramáticos de la Comisión contra la Impunidad ocurrieron en 2015, con el arresto de casi 200 funcionarios por casos de corrupción, incluyendo el de la estructura “La Línea”, en el que supuestamente estaban involucrados el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Para la Crisis Group, un ingrediente crucial ha sido el apoyo popular que han recibido, tanto el comisionado Iván Velásquez como los fiscales del Ministerio Público (MP): quienes gozan de amplia aprobación entre los ciudadanos cansados por el crimen y la corrupción.
La entidad recordó que las investigaciones generaron un amplio movimiento cívico por las reformas en la justicia y un gobierno transparente.
Sin embargo, considera que es el enojo por los fraudes del gobierno el que sostiene a este movimiento, más que una clara agenda por el cambio. Los líderes electos deben canalizar este descontento en una acción positiva, iniciando un debate nacional sobre las reformas necesarias para fortalecer la justicia y fomentar la rendición de cuentas, puntualizó.
